“No hay abrigo para la mentira. Tarde o
temprano manos hábiles la desnudan.”
Atribuido por la Revista Proceso a
Julio Scherer.
El gobierno de Peña Nieto y el conjunto
de la clase política del país, están metidos en una espiral mediática para
envolver y aturdir al país con lo electoral; quizás pretendiendo atenuar,
aminorar, ahogar el impacto social de la barbarie de Iguala, que desencadeno la
crisis política más seria y contundente desde 1968.
Poco a poco los medios van minimizando
las notas relacionadas con estos dramáticos sucesos y la desaparición forzada
de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le dan más realce a todo lo relacionado
con la coyuntura electoral del 2015.
Con la llegada del nuevo año la jauría
se ha desatado y a cual más de los profesionales de la política y hasta los más
bisoños, corren desesperados en busca de un espacio desde el cual acceder al
uso y disfrute del erario o donde cubrirse de fuero luego de dejar sus actuales
cargos.
Las lágrimas de cocodrilo por Iguala son
rápidamente suplidas por el pragmatismo político y el hambre de cargos.
La barbarie de Iguala no tiene
importancia electoral para la clase política; hasta el PRD retiró su spot de precampaña
donde aparecían imágenes de protesta por el caso Ayotzinapa.
La interrogante, sin embargo, es:
¿logrará lo electoral ahogar las protestas por Ayotzinapa? La moneda está en el
aire.
Algo similar acontece con la seguridad
pública. Durante casi dos años el gobierno federal nos vendió la idea de que
había un cambio de estrategia en la seguridad pública, que según eso se
enfocaba más al uso de la inteligencia y la colaboración entre los distintos
órdenes de gobierno para combatir al crimen, que en la intervención directa de
las fuerzas armadas al estilo Felipe Calderón.
La cruda realidad los rebaso. El
surgimiento de las autodefensas en Guerrero y Michoacán, las ejecuciones
extrajudiciales de Tlatlaya y luego el asesinato de seis personas y la desaparición
de 43 normalistas en Iguala, destrozaron esta idílica visión.
El horror de Iguala tronó como ejote la
estrategia de comunicación del gobierno, de hablar lo menos posible en los
medios sobre la incidencia de la violencia en México. De golpe y porrazo, la
colusión de autoridades, jueces, policías y narcodelincuentes quedó ampliamente
al descubierto, sin que el gobierno acierte todavía a definir bien a bien cómo enfrentar
esta crisis.
Si bien con Felipe Calderón la
violencia se concentraba principalmente en los estados del Norte, en particular
en Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Torreón, Monterrey y Durango, ahora se ha
intensificado en los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Estado de México
y Morelos, donde diversas fragmentaciones de organizaciones criminales de
antaño se disputan el control de estos territorios, con una estela de muerte y
destrucción que tiene cobijo en la protección e impunidad que les brindan muchas
de las autoridades locales y federales.
Por otra parte, si bien el gobierno
puede presumir la captura de algunos de los más importantes narcotraficantes
del país, la realidad es que este descabezamiento poco ha afectado la capacidad
operativa de las organizaciones criminales.
Por el contrario, en este gobierno han
surgido nuevas zonas críticas de inseguridad, que han obligado al lanzamiento
del “Operativo Laguna” que abarca
los municipios de Matamoros y Torreón en Coahuila y Gómez Palacio y Lerdo en
Durango; la “Estrategia de Seguridad
Regional de la Zona de la Huasteca”, para coordinar esfuerzos de las
autoridades de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz en la región, con la
participación del Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías
estatales; la “Estrategia de Seguridad
Tamaulipas” con la cual el gobierno federal asume el control de la
seguridad de este estado a través del Ejército, la Marina y la Policía Federal;
el “Operativo de Seguridad Mexiquense”,
que cubre los municipios de Chalco, Nextlalpan, Naucalpan, Tecámac, Texcoco,
Valle de Chalco, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y Zumpango, aparte de otros
muchos municipios de este estado donde por lo elevado de la incidencia
delictiva se han instalado Bases de Operaciones Mixtas; y más recientemente el “Operativo Tierra Caliente”, mediante
el cual el Ejército, la Marina y la Policía Federal asumen las tareas de
seguridad en 22 municipios de Guerrero, 8 del Estado de México, 2 de Michoacán
y 4 de Morelos.
Actualmente los estados de
Aguascalientes, Colima, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León,
Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, y Zacatecas tienen a militares de alto rango
del Ejército ˗en activo o retirados˗ al frente de sus secretarias de
seguridad pública, es decir esto sucede en 11 de las 32 entidades federativas;
situación que se replica en los municipios con mayor incidencia delictiva del
país, donde efectivos del Ejército y de la Marina Armada de México encabezan
las direcciones de seguridad pública.
¿Esto ha redundado en un efectivo
combate al narcotráfico y otras manifestaciones de la delincuencia organizada?
Desgraciadamente no.
Hace ya varias décadas que el Ejército ˗y recientemente la Marina˗ participan en el combate al
narcotráfico; las fuerzas armadas son la Institución del Estado que mejor
conoce su estructura, zonas de operación, volúmenes de producción y rutas de
distribución. Conocen también y tienen ubicados a sus principales líderes y
operadores, sin embargo no han podido ni pueden acabar con ellos.
¿Por qué? Porque no es, no hay, no
existe, una determinación política del Estado Mexicano de acabar con el
narcotráfico ni con los delitos a él asociados; además, ni el Ejército ni la
Marina tienen facultades para actuar por su propia cuenta. Para que puedan hacerlo
de manera efectiva y a fondo, requieren autorización previa de la autoridad
política constitucionalmente establecida, del presidente de la República. Y esa
autorización nunca se ha emitido.
Es parte de un acuerdo entre el
gobierno mexicano y el de Estados Unidos, en el que los mexicanos aportamos las
drogas en la cantidad y calidad que los norteamericanos necesitan. De ahí que uno
y otro gobierno toleren y supuestamente regulen el narcotráfico, aunque éste hace
ya buen rato que les ha comido el mandado.
Es un juego perverso en el que las
fuerzas armadas son sometidas a un proceso constante de desgaste y descrédito
social y de exposición a fuertes presiones de corrupción por parte del crimen
organizado. También es fuente de creciente malestar e inconformidad entre tropas
y oficiales, por el escarnio social a que se les somete y la impotencia y
encabronamiento que les genera.
Afortunadamente las cosas están
cambiando. Los Estados Unidos se están abriendo aceleradamente a legalizar la
producción y consumo de enervantes; ahora hasta producen mariguana de mejor
calidad que la mexicana.
Es un factor que los mexicanos debemos
aprovechar para acabar con la criminalidad que genera la ilegalidad de la
producción de enervantes, como ya anteriormente aconteció en los tiempos en que
la producción y consumo de tabaco era ilegal en México y en otros momentos con el
alcohol, en los propios Estados Unidos y en algunas regiones de México cuando
se perseguía a los mezcaleros, como en Guerrero.
México necesita legalizar cuanto antes
la producción, exportación y consumo de la mariguana y los derivados de la
amapola, para someterlos a un estricto control gubernamental tanto en la
calidad de lo producido como al cobro de impuestos, que en este tipo de
productos necesariamente tienen que ser altos, como lo son actualmente para la
producción y consumo de vinos y licores y el tabaco.
Esa es la manera más viable de eliminar
esta fuente de violencia, corrupción y distorsión de la vida pública, que necesariamente
tiene que ser acompañada de un efectivo pacto de quienes ejercen cargos públicos
o de representación popular, de las diversas fuerzas políticas, por la
honestidad, el decoro republicano, el acatamiento de la ley y el combate a la
corrupción gubernamental, la prevaricación de la justicia y el enriquecimiento
ilícito.
¿Podrá la clase política mexicana
enfrentar este reto?
No tiene muchas opciones, sino quiere
seguir alimentando la hidra de la revolución social, cuyas expresiones bárbaras
˗no deseadas por nadie, pero hasta
cierto punto incontenibles por el rencor social acumulado˗ México ya ha conocido en tiempos de la
Independencia, de la Reforma y de la Revolución Mexicana; para que al cabo de
más o menos una década de estériles enfrentamientos, quienes detentaban el
poder terminarán reconociéndoles razón a los insurrectos y conviniendo con
ellos un nuevo pacto social.
¿Es obligado recorrer el camino que ya transitaron
Guatemala, Venezuela, Brasil, Argentina, El Salvador, Uruguay y ahora, muy
dolorosamente, Colombia? ¿No podremos aprender de nuestros hermanos del
continente?
Démonos la oportunidad de hacerlo de otra
manera.
Enero 10 de 2015.
