El ex priísta llegó al gobierno a partir de acusar de rateros al gobernador Rodrigo Medina, a quien dijo, enviaría a prisión.
Sin embargo, a una semana de asumir el cargo, El Bronco y algunos de sus colaboradores tienen todo para estar en prisión. Abundan las evidencias de que han robado más que aquellos a los que acusaron. Van pruebas.
Hace diez años Jaime Rodríguez vivía en casa de su segunda esposa, Silvia Mireya González; casa regalada por su suegro. Hoy El Bronco goza de propiedades faraónicas y caballos pura sangre, como Tornado. ¿De dónde hizo su fortuna? Del despojo y la extorsión.
En el sexenio de José Natividad González Parás, su secretario de Obras, Abel Guerra, se asoció con El Bronco y participó en la construcción de la cuestionada Torre Cívica —hoy torre administrativa—, del canal Santa Lucía, la ampliación de la Avenida Venustiano Carranza y la ampliación de la Avenida Lincoln hasta el municipio de García. El Bronco y Guerra indemnizaron a los vecinos pero, al mismo tiempo, compraron la tierra a precio de regalo.
Como alcalde de García, El Bronco despojó del predio El Fraile a 38 familias —sacadas la madrugada por civiles encapuchados con armas largas—, y participó en el despojo del predio El Palmital, donde murió Fernando Osorio, ingeniero de la constructora que disputaba el predio. Luego El Bronco negoció los predios con la constructora de vivienda Servicios Corporativos Javer, propiedad de su socio y mecenas de su campaña, Salomón Marcuschamer.
Resulta que El Bronco nombró a Roberto Russildi Montellano como secretario de Desarrollo Sustentable. Pero Roberto Russildi es el brazo derecho de Marcuschamer, socio y mecenas de El Bronco. El tamaño de esa alianza es de miles de millones de pesos y miles de hectáreas de tierra acaparada a la sombra de la corrupción. De ese negocio sucio y de esos intereses oscuros viene la fortuna de El Bronco.
El Congreso de Nuevo León ratificará hoy como procurador del estado a Roberto Flores Treviño, abogado que por años protagonizó escándalos de despojos, desfalcos y a quien el gremio de abogados señala con vínculos con el crimen organizado. El mejor ejemplo de sus “negocios” es que en días pasados circuló un audio en el que se le escucha negociando la defensa de un presunto miembro del crimen organizado; audio cuya autenticidad reconoció el propio Flores Treviño.
Sobre el escándalo, ningún diputado al Congreso de Nuevo León —del PRI, PAN y PRD—, se atrevió a opinar. Dijeron desconocer el audio. Lo cierto es que El Bronco aplicó a los diputados locales de Nuevo León lo que sabe hacer bien; comprar conciencias.
El brazo derecho de El Bronco es Manuel González Flores, flamante secretario de Gobierno, también renegado del PRI. Su último cargo fue como delegado del Infonavit, en donde fue acusado de fraude por los terrenos de lo que ahora es Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. A su regreso al servicio público estalló un polvorín por la disputa legal en los tribunales, mientras restableció su negocio con proveedores de la construcción.
Esa es la primera parte de los corruptos que acompañan a El Bronco. ¿Y la prensa crítica de Nuevo León? Al Tiempo.
EN EL CAMINO. Las ONG que medran del caso Narvarte van por el chantaje. Quieren que la autoridad indemnice a las víctimas de los cinco muertos. Quieren millones y su tajada. Por eso amenazan con denunciar al procurador del DF, Rodolfo Ríos.
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El Universal
