EL CASO APANGO, EN EL QUE EL TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) resolvió que la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, es objeto de violencia política en su contra, no solo pone en claro los fines que persiguen quienes están en contra de la alcaldesa, sino que también marca un precedente en Guerrero, y da pie para que los problemas que enfrentan otros ediles con problemas similares, se atiendan de la misma forma.
En efecto, el Tribunal en
cuestión instruyó al Gobierno del estado, como consecuencia de la resolución
del Juicio Electoral Ciudadano, promovido en el expediente SUP-JDC-1773/2016,
brinde las medidas de seguridad para que la alcaldesa Felícitas Muñiz regrese a
sus funciones.
Cabe señalar que las
acciones de un grupo de ciudadanos de Apango, para exigir la salida de la
alcaldesa, alegando actos de corrupción, la han obligado a reducir sus
actividades edilicias, con el fin de evitar un enfrentamiento que desemboque en
hechos de sangre, toda vez que los inconformes, encabezados por el síndico del
Ayuntamiento, Benito Sánchez Ayala, así como el exalcalde Crisóforo Nava, han
actuado de manera violenta.
En efecto, en sus acciones
contra de la edil, con el fin de que ésta renuncie al cargo, no solo han
cerrado y saqueado el Palacio municipal, así como las bodegas que tiene, o
tenía el Ayuntamiento de Apango, sino que en actos de provocación, han baleado
su domicilio particular y han allanado algunas de sus propiedades, sin que las
autoridades ministeriales hayan actuado en consecuencia.
Por ello, y tras recurrir
a las instancias competentes como lo es el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del estado (IEPC), así como el TEPJF, éste encontró
elementos que acreditaron la violencia política en contra de Muñiz Gómez, con
el fin de no dejarla gobernar el municipio de Apango, alegando actos de
corrupción, sin que ninguna instancia de fiscalización se haya pronunciado al
respecto.
En consecuencia, la
resolución del TEPJF ordena a la Secretaría de Gobernación, Fiscalía
Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Procuraduría
General de la República (PGR), así como al secretario general de Gobierno del
estado, y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadano (IEPC), para que en
un lapso de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la resolución,
apliquen acciones en torno a las medidas de protección que la alcaldesa
solicitó, “para ella, su familia y su gabinete, ante la violencia física,
psicológica y emocional que alega han venido sufriendo, por parte de un grupo
de personas, incluidos ediles del Ayuntamiento”. Lo anterior, ante el riesgo de
ataques por el grupo opositor, y se evite se extienden a los miembros de su
familia, su equipo de trabajo, y quienes de igual forma se encuentran fuera del
municipio.
Por supuesto, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena al síndico y regidores de
ese municipio que encabezan los actos de violencia en contra de Felícitas
Muñiz, a que “se abstengan de realizar actos
que impidan el ejercicio del cargo de la presidenta municipal”.
Por cierto, el del Juicio
Electoral Ciudadano ante el TEPJF fue solicitado el pasado 09 de septiembre,
después de varios hechos violentos en el municipio por el grupo de personas que
exigen su destitución del cargo alegando actos de corrupción, y que, como ya
hemos dicho, la Auditoría General del Estado, y la Secretaría de la Contraloría
del Gobierno estatal, no se han pronunciado.
HAY QUE DECIR,
ciertamente, que el Caso Apango no es el único en donde síndicos o regidores le
causan conflictos al presidente municipal en turno con tal de no dejarlo
gobernar, ya por revanchas políticas de sus respectivos partidos por no haber
ganado la elección, como es el caso, o porque le exigen recursos fuera de la
ley y el alcalde, o alcaldesa, se los niega.
Pasó en Chilpancingo,
cuando un bloque de regidores, a través de sus seguidores, le tomaron el
Palacio municipal al alcalde Marco Antonio Leyva Mena, porque éste se negó a
entregarles a ellos, los apoyos que el Ayuntamiento capitalino distribuye de
manera directa entre las familias de escasos recursos. Y es que los ediles
pretendían hacer negocios con los apoyos oficiales.
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