-Los tacos contaminados en Guerrero y la impunidad.
Las mentiras que engatuzan y evenenan electores.
La intoxicación de más de 700 indígenas del poblado de Chilapa, Guerrero —que ocurrió luego de ser acarreados a dos manifestaciones de candidatos del PRI a puestos de elección popular— es uno de los mejores ejemplos de la importancia real que tienen los ciudadanos y potenciales electores para los políticos, en este caso, del PRI.
¿Y cuál es el valor de esos ciudadanos que, sea por presión, obligación o por hambre, son obligados a participar en mítines a favor de tal o cual político?, ¿cuánto le importan esos ciudadanos a un político como el alcalde de Chilapa con licencia y candidato a diputado federal por el PRI, quien los acarreó y casi los lleva a la muerte, luego de la intoxicación masiva?
Queda claro que el valor de esos ciudadanos y potenciales electores se puede medir en especie; no es mayor al de un taco podrido —de arroz con huevo— o al de una torta de jamón con mayonesa.
Y es que a cambio de la presencia de esos indígenas en una plaza y en un mitin; de la arenga y el aplauso en favor de tal o cual vividor de la política —como el priista Sergio Dolores Flores—, la llamada “carne de mitin” no merece siquiera una comida que cumpla los mínimos de higiene; ya no hablemos de los básicos nutricionales.
Por una jornada de casi 20 horas —de convocatoria, traslados, espera, mitin, “comida” y regreso— los casi mil indígenas de Chilapa acarreados para vitorear al que fuera su alcalde —y que presume que llegará a San Lázaro como diputado federal—, recibieron una torta y un refresco, por la mañana, y un taco de arroz con huevo y un refresco por la tarde.
Es decir que el clientelismo y el acarreo —groseras expresiones del realismo político de hoy— no sólo siguen siendo el motor de los procesos electorales mexicanos —en todos los partidos y en todas las elecciones—, sino que nadie es capaz de sancionar el abuso, evitarlo y castigar a sus promotores.
Por lo pronto, nadie será castigado y llevado a la justicia por envenenar a los más de 700 indígenas acarreados y que estuvieron cerca de la muerte porque a un político irresponsable y sin escrúpulos —como el candidato del PRI a diputado federal, Sergio Dolores Flores— le importa un pito la vida de los indígenas que lo vitorearon y aplaudieron. ¿Por qué ninguno de los promotores de la campaña de Sergio Dolores Flores fue capaz de garantizar la higiene de los precarios alimentos que entregaron a los acarreados? Porque los potenciales electores no le importan a nadie.
El otro veneno.
Pero existen otras formas de envenenar y/o engatusar a los electores en tiempos de campaña. Nos referimos a la demagogia y el engaño —que si bien no llevan estafilococos, también dañan la salud del organismo social— como la promesa locuaz y sin freno en la que han incurrido buena parte de los aspirantes a puestos de elección popular.
Un caso emblema es la irresponsable promesa formulada por Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que en los primeros seis meses “de su gobierno” sacará a los militares de las calles y los regresará a los cuarteles. La propuesta del tabasqueño pretende ser una respuesta a la locuaz campaña mediática de un sector social proclive a su causa, que promueve la especie de que los 50 mil muertos de “la guerra contra el crimen” organizado “son los muertos de Calderón”, y que el Presidente mexicano “es un genocida”.
¿Qué significa que AMLO prometa regresar a los militares a sus cuarteles en los primeros seis meses de su gobierno?
En realidad es una propuesta sin pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque hasta el más crítico de la lucha que emprendió el gobierno de Calderón contra las bandas criminales sabe que existen entidades del país en donde las fuerzas militares son el último dique confiable y eficiente para contener el avance —incontenible— de las bandas del narcotráfico y el crimen organizado.
Si el señor López Obrador intentara un mínimo de congruencia “con la gente” a la que dice escuchar, sabría que no pocos habitantes de Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Chihuahua… y hasta Nuevo León, claman por la llegada de las fuerzas militares y/o porque no abandonen la lucha. Y la razón es elemental. Porque en esas y muchas otras entidades del país la policía municipal y estatal se encuentra totalmente en manos de los criminales.
Felicidad narca.
Pero el asunto es mucho más de fondo. Vamos a suponer, por un momento, que el gobierno federal en turno decide sacar hoy —o dentro de seis meses— a los militares y los marinos de las calles. Para ello tendrías que contar con una policía federal —o una policía nacional— con tantos efectivos como los militares y los marinos que hoy o dentro de seis meses estarían haciendo las labores de policías.
¿Pero de dónde sacaría ese gobierno a esos policías, con los niveles de eficacia y confianza que tienen hoy los militares y los marinos?
Ese gobierno hipotético tendría que empezar por crear un esquema policiaco con elevados estándares de confianza y eficacia, para lo cual se requiere crear el marco jurídico, mandar al Congreso una reforma que sería negociada con los partidos, los gobiernos de los estados y con los congresos locales para obtener el presupuesto necesario, iniciar el reclutamiento, selección y capacitación de los policías y… luego de años, se tendría una policía nacional. Un proyecto como ése se lleva años. Y un proyecto como ése es el que el PRD y el PRI le han bloqueado de manera sistemática al gobierno de Calderón.
Tampoco ahí termina la historia. ¿Qué significa —para los criminales— que un candidato presidencial diga que si él llega a ser Presidente sacará al Ejército de las calles y regresará a los militares a sus cuarteles en los primeros seis meses de su gobierno?
Casi nada, que las bandas criminales estarán de fiesta, ya que se les está avisando que podrán incrementar sus actividades sin control alguno, ya que una vez que han penetrado a casi todas las policías, el gobierno retiraría a sus cuarteles a la única institución capaz de hacerles frente.
Aun así, no pocos de los fanáticos de AMLO insisten en el cuento de que la guerra criminal terminará, por arte de magia, una vez que el gobierno de Calderón termine y cuando los militares regresen a los cuarteles. Por eso se requiere preguntar de nuevo. ¿A favor de quién están, de los ciudadanos o de los criminales?
EN EL CAMINO.
Y también en el PAN se maneja un veneno nada despreciable. La candidata Josefina Vázquez Mota ha dicho que la elección presidencial no será una elección de Estado. También engaña a los electores. Pero de eso hablaremos en otro momento.
