El subprocurador
encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Guerrero despidió a funcionarios de la institución. Les envió un oficio en
donde les comunica que han sido dados de baja del cargo “de confianza” que
ostentaban en esa dependencia.
Se trata de los
funcionarios que, según algunos miembros del gobierno, tienen algún grado de
responsabilidad en los asesinatos del 12 de diciembre del año pasado, cuando
estudiantes fueron brutalmente desalojados de la Autopista del Sol.
Don Juan Manuel Herrera
Campos, doctor en derecho, es quien firma los oficios de marras. Él funge como
sub procurador de justicia en Guerrero, pero de facto es el procurador. Con esa
figura ha venido a dar solución al complejo conflicto de los normalistas de
Ayotzinapa. Y ahí la lleva. Aunque al hacerlo viola la Constitución de
Guerrero y la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Guerrero.
Al firmar los despidos de
subalternos suyos, el señor doctor Herrara olvida, no leyó o desconoce que la
Constitución de Guerrero, y la respectiva ley orgánica de la procu, ordena que
al procurador lo elige el Congreso Local, a propuesta del gobernador. También
dicta que a subprocuradores, que son custro para Guerrero, es el ejecutivo quien
tiene la facultad de removerlos, a sugerencia del procurador.
Pero de ahí para abajo
toca al Procurador de Justicia del Estado de Guerrero remover o designar a
todos los funcionarios de la dependencia procuradora de justicia. Es al
procurador, dice la ley, a quien toca tal responsabilidad. Pero en Guerrero no
hay procurador de justicia desde que fue removido Alberto López Rosas. El
ejecutivo no ha enviado terna alguna al Congreso para que desde ahí sea electo
el titular del ramo. Despacha un encargado del despacho del procurador. Pero no
es procurador.
La ley también menciona
cuáles son las funciones “indelegables” del procurador de justicia. Entre otras
está el de informar al Congreso, presidir las reuniones del grupo de
coordinación Guerrero y “designar o remover a funcionarios” a partir de los
subprocuradores y hacia niveles inferiores jerárquicos.
¿Qué pasaría si hay
excesos y el doctor Herrera firma algún oficio de remoción de funcionarios,
firma una orden de aprehensión, acude a dar informes al Congreso Local o
preside las juntas del grupo de coordinación de seguridad? Todos sus actos son
sujetos a un amparo y serán inválidos. Asi de simple.
Los oficios enviados por
Don Juan Manuel Herrera a subalternos suyos inhabilitándolos de sus funciones
carecen de valor legal y jurídico y serán causa de una nueva revuelta en esa
dependencia. ¿Porqué no hacer las cosas conforme lo ordena la ley?
Tan fácil es que sea
enviada la terna al Congreso Local, se vote por un procurador y las actividades
de éste estén respaldadas por el peso de la Constitución y la Ley Orgánica de
la procuraduría de Justicia. Asi como está nada tiene ni valor ni sustento
legal y jurídico.
Ya se ven venir los
amparos laborales y jurídicos por tomar decisiones al margen de la ley.
Por cierto ley, del latín
lex, legis, es una regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de
la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas. Es cada
una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen
en un fenómeno. Es un precepto dictado por la autoridad competente, en que se
manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los
gobernados.
Existe la ley adjetiva,
que es la procesal, y aun la penal, por cuanto rigen la aplicación y castigan
la violación de las demás. La Ley antigua, que es la ley de Moisés. La
ley caldaria, que ordenaba antiguamente la prueba del agua caliente, que se
hacía metiendo la mano y brazo desnudos en una caldera de agua hirviendo, para
probar su inocencia quien los sacaba ilesos.
Existe la ley de Dios,
que es todo aquello que es arreglado a la voluntad divina y recta razón. Lo
mismo que la ley de la trampa, que es respaldada en el embuste y el engaño, lo
mismo que la ley del embudo, la que se emplea con desigualdad,
aplicándola estrictamente a unos y ampliamente a otros. O la ley del encaje,
que es el dictamen o juicio que discrecionalmente forma el juez, sin atender a
lo que las leyes disponen.
Se dice que se actúa a la
ley cuando se hace con propiedad y esmero. Que es ley de caballero, para
asegurar la verdad de lo que se dice. También se dice a toda ley, cuando se
actúa con estricta sujeción a lo justo o debido, o a cualquier género de arte,
regla o prescripción.
Evidentemente en Guerrero
el encargado del despacho no actúa a ley ni a toda ley. Aplica la ley del
embudo y con la ley del encaje y corre el riesgo de aplicar la ley de la
trampa.
Mejor haría al observar
plenamente el manual de la ley de Guerrero y sus respectivas leyes orgánicas
emanadas de la Constitución Política del Estado de Guerrero. Así, solo así, se
sabrá que tenemos un gobierno a toda ley.
TRASCENDIÓ
QUE el proceso electoral
ha sido causa de la renuncia de tres secretarios del gabinete del gobernador:
David Jiménez Rumbo, a Desarrollo Social; Marcos Matías Alonso, a Asuntos
Indígenas y Gisela Ortega Moreno, a la Juventud.
QUE Jiménez busca la
alcaldía de Acapulco, diputado local, regidor o lo que pueda conseguir
para no salir del presupuesto.
QUE la joven Ortega busca
aun una diputación federal por la vía plurinominal. Y Matía Alonso ya se vió en
el Congreso Local.
Que otros que se fueron
son Víctor Aguirre Alcaide a la Secretaría de Asuntos Políticos y Alejandro
Arcos al Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas
Adultas Mayores (IGATIPAM); el primero prtende cargos federales, o de menos una
l0ocal y Arcos va por el asunto doméstico.
En el Congreso Local
tienen licencia Catalino Duarte Ortuño, Lea Ortuño Bustamante, Manuel
Saidi Pratts, Irineo Loya Flores, Hilda Ruth Lorenzo, Esteban
García García, Héctor Vicario y Aceadeth Rocha. En los próximos quince días
habrá licencias a presidentes municipales, síndicos y regidores que pretenden
saltar para no salir de la nómina oficial.
QUE la diputada local,
Irma Lilia Garzón Bernal confirmó que el ex mandatario estatal del PRD,
Zeferino Torreblanca Galindo, representará al Partido Acción Nacional (PAN) ya
sea por la alcaldía de Acapulco o la senaduría de la república. El político
panperredista aparece con tres puntos en las encuestas.
NUMERALIA
1)
Cantidad de meses que llevan a la espera de tres profesores indígenas
tlapanecos de la comunidad Metlapilapa, municipio de Tlacoapa, en la Montaña
alta de Guerrero: seis.
2)
Cantidad de maestros que han solicitado a la Secretaría de Educación Guerrero:
tres profesores de primaria y uno de prescolar.
3)
Cantidad de niños que no tienen clases debido a la falta de profesores: 90.
4)
Ubicación geográfico-política de las autoridades de la educación, según los
padres de familia de aquella comunidad: “En el gobierno dicen que son de
izquierda, pero actúan como si fueran todo lo contrario”, dicen
5)
Horas de viaje entre su comunidad y Chilpancingo para encontrar cerrazón e
indiferencia: 12.
6)
Cantidad de habitantes de Metlapilapa: 700.
QUE CONSTE
“Por versiones que hemos
escuchado” de que quiere ser candidato. “Porque creemos que ha hecho un
excelente trabajo a nivel federal”. Beatriz Mojica Morga y Víctor Aguirre, al
respaldar la precandidatura de Ángel Aguirre Herrera como precandidato a
diputado local. Mojica subió de fortalecimiento municipal a la Secretaría de
Desarrollo Social luego de éste emotivo y espontáneo acto de contrición
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