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| EFRAIN FLORES IGLESIAS |
Se entiende que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en
Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, siguen
esperanzados de que sean encontrados vivos. No así los estudiantes de
Ayotzinapa, integrantes de la Coordinara Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG) y algunas organizaciones sociales, que lo único
que les importa es causar desmanes y lucrar en su memoria.
Ya pasaron casi 18 meses de que policías municipales de Cocula e Iguala,
así como sicarios del grupo delictivo “Guerreros Unidos” los desaparecieron.
Las autoridades han señalado que los normalistas fueron incinerados. La
mayoría coincide que ya no están con vida, que murieron la misma madrugada del
27 de septiembre.
El padre Alejandro Solalinde fue el primero que lo dijo y causó
polémica.
“Ojalá me demostraran que soy un mentiroso, que los estudiantes
normalistas están vivos, pero sé de una fuente confiable que no será así”,
aseguró en entrevista al diario El
Universal, el viernes 17 de octubre de 2014.
El sacerdote se entrevistó con algunos de los policías y sicarios de Guerreros Unidos detenidos, quienes
confesaron haber participado en la muerte de 3 normalistas, un taxista, un
joven del equipo de futbol “Los Avispones” y una mujer, así como de la
desaparición e incineración de los 43.
A algunos incomodó esa versión y la descalificaron, principalmente los
familiares de los normalistas y algunos organismos de derechos humanos, como
Tlachinollan, que dirige el antropólogo Abel
Barrera Hernández.
Cada vez que las autoridades informan de algunos avances en las
investigaciones, inmediatamente es refutada por el Grupo Interdisciplinario de
Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI surge del acuerdo formalizado entre la CIDH, los representantes
de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014
con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43
estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; así como
las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes
resulten responsables y, de igual forma, otorgar asistencia a los familiares de
los estudiantes.
Por cierto, a los mexicanos nos
sale caro pagarles a los integrantes del GIEI. ¡Sopas, perico!
Un reporte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) detalla
que del millón de dólares que el Estado mexicano les pagó por 6 meses, cada uno se embolsó 48 mil; es decir, cerca
de 136 mil pesos al mes.
El salario de los investigadores sobre el caso Iguala es cinco veces más
de lo que gana un perito de la PGR; también supera al del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, y algunos gobernadores del país.
El diario La Razón de México
dio a conocer dicha información el pasado 17 de marzo, argumentando que cuenta
con una copia de un reporte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Organización de la OEA sobre los gastos del GIEI para el caso Iguala.
En el documento de cuatro páginas y número de folio SAF/N09-15, fechado
el 3 de noviembre de 2015, se detalla que el contrato de los integrantes del
grupo de expertos es por 240 mil dólares, que al tipo de cambio de ese entonces
(17 pesos promedio) eran unos cuatro millones 80 mil pesos.
Dividido entre los cinco integrantes del equipo, la cantidad que cobró
cada uno por su primer periodo de seis meses de la investigación del caso
Iguala fue de 816 mil pesos, equivalente a 136 mil pesos al mes.
Además, refiere La Razón de México,
“del mismo millón de dólares que le entregó México a la CIDH, se presupuestó
para viajes de los expertos 224 mil 702 dólares (tres millones 819 mil 934
pesos), de los cuales 134 mil 826 dólares (dos millones 292 mil 42 pesos)
fueron sólo para viáticos.
“Los gastos por concepto de Servicios fueron 30 mil dólares (510 mil
pesos), mientras que por el contrato para la facilitadora operativa y Enlace de
Prensa en México, 36 mil 100 dólares (613 mil 700 pesos), y el Contrato Apoyo
Logístico-Washington costó 35 mil 200 dólares (598 mil 400 pesos).”
Cabe destacar que el GIEI está integrado Ángela María Buitrago, abogada
colombiana; Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala; Carlos Martín
Beristain, coordinador del informe “Guatemala: nunca más”; Francisco Cox,
abogado chileno, y Alejandro Valencia, litigante colombiano.
Además, hay evidencias que algunos integrantes del GIEI tienen
antecedentes negativos por encubrir actos de corrupción y enfrentan denuncias
en sus respectivos países. ¡Zas!
Los cetegistas y los alumnos de Ayotzinapa
tampoco cantan mal las rancheras.
Durante el gobierno de Rogelio
Ortega Martínez fueron consentidos de varias maneras. Incluso, la CETEG se
fraccionó. El grupo de Ramos Reyes
Guerrero fue denunciado de haber pactado con Ortega Martínez a cambio de
prebendas. También han pedido su destitución como secretario general de la
CETEG.
Asimismo, nadie olvida que los
estudiantes de la generación “Sangre, resistencia y esperanza” que egresaron el
año pasado en la Normal de Ayotzinapa recibieron del gobierno del estado más de
un millón de pesos para subsidiar el festejo y comprar trajes, anillos y
regalos.
Y conste, fue el propio Rogelio Ortega quien reveló tal situación en su
cuenta de Twitter, en donde se atrevió a decir que “era un orgullo apadrinarlos” y que además “había conseguido 50
millones para Ayotzinapa”.
A los cetegistas, normalistas de Ayotzinapa,
organizaciones sociales y algunas agrupaciones de derechos humanos les debería
de dar vergüenza lucrar con la memoria de los 43 desaparecidos.
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