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| Darío Celis |
En febrero de este año se
presentaron en el sector salud tres casos de reacciones adversas por suministro
de metotrexato. Fue en el Hospital del Niño Poblano, donde tres infantes
murieron.
Tanto la Secretaría de
Salud del estado como el propio nosocomio aceptaron que los decesos no fueron
por la calidad del fármaco en sí mismo, sino por la forma en que se suministró.
El respectivo reporte de
farmacovigilancia así lo demostró. El metotrexato es un medicamento muy maduro.
Lleva 20 años siendo un genérico y ya incluso dejó de ser rentable para la
industria.
Pero a pesar de que las
autoridades locales reconocieron que la causa de las muertes fue por la forma
en que se dosificó el fármaco, el laboratorio PiSA recibió una orden de
verificación sanitaria.
Fue la 19MF330901748M0 de
la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que
preside José Alonso Novelo, un pediatra yucateco, cuya principal virtud es ser
partidario de Morena y amigo de Andrés Manuel López Obrador.
El regulador hizo la
verificación de rigor y de ella se desprendió la conclusión de que el
metotrexato del laboratorio tapatío de Carlos Álvarez Bermejillo tenía cero
defectos críticos.
Lo que sí se le señaló a
la empresa en el reporte de farmacovigilancia de la Cofepris fueron problemas
“administrativos” que quedaron asentados en seis observaciones.
La misma dependencia de
Novelo reconoció que el fármaco para combatir el cáncer en niños no estaba
contaminado. Pero aún así impuso una medida sanitaria. Fue con el folio número
89
¿Cuál fue esa medida?
Prohibió que PiSA la siguiera fabricando y distribuyendo a los hospitales del
sector salud. Así, desde el mes de mayo la producción del metotrexato quedó
suspendida.
La Cofepris y el
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,
pensaron equivocadamente que tenían suficiente metotrexato para sustituir a
PiSA.
Desde ese mes de mayo
emitieron un comunicado diciendo que había otros cuatro productores del
medicamento. Y todavía tres meses después, ya con quejas de padres y médicos,
lo volvieron a ratificar.
Con el riesgo de desabasto
por el cierre de las líneas de producción de PiSA por un tema administrativo y
la orden de no distribuir, la Cofepris publicó en su página web lo siguiente:
Palabras más palabras
menos, existen cinco productores de metrotexato que tienen el permiso para
importarlo hasta el 2020 y que equivale a una producción de 35 millones de
unidades.
Efectivamente, además de
PiSA lo tienen el mexicano Zurich, el español Accord, el argentino Asofarma, el
israelí Teva y el alemán Fresenius. Pero ya nadie, excepto el primero, lo
produce.
El metrotexato es un
fármaco maduro cuyo costo de fabricación versus el valor del mercado hace que
ya no sea redituable. Por eso el gobierno de la 4T tuvo que salir a comprarlo
de emergencia a Francia.
La medida de seguridad
folio 89 de PiSA se materializó hasta el 11 de junio en un acta de prevención
que ratificó la suspensión de producción y distribución del metotrexato por la
Cofepris.
La firmó el director
ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria, Ricardo Cárdenas Orozco. Pero
otra vez, se sancionan inconsistencias administrativas, no la calidad del
producto.
A partir de ahí la
Cofepris y la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, ordenan a PiSA que recoja
lo que había mandado a centros de distribución. Eran 17 mil dosis, que
equivalían a un mes de abasto.
Cuando la oficial mayor de
Hacienda, Raquel Buenrostro, asegura en privado que PiSA escondió y chantajeó
al gobierno con el metotrexato, o la mal informan o actúa de mala fe.
Tanto los susodichos
Novelo y López-Gatell debieron saber:
1) Que la calidad del
metotrexato de PiSA nunca estuvo en falta y que las muertes de los niños fue
por la forma en que se les dosificó el producto.
2) Que a pesar de que
había cinco productores, PiSA era el único que lo producía y no por una
cuestión de monopolio, sino porque los otros cuatro dejaron de fabricarlo e
importarlo.
3) Que el producto nunca
se ocultó: conocían de las 17 mil dosis y sabían perfectamente dónde estaban
porque la misma Cofepris le ordenó a PiSA recogerlas.
4) Conocían desde junio
que el nivel de inventario iba a provocar un inminente desabasto en los
hospitales del sector público.
Cuando Novelo y
López-Gatell se enteran que de los cuatro laboratorios que podían sustituir a
PiSA ninguno podía hacer frente al ya inevitable desabasto, salen con un cuento
más.
El 27 de agosto se emite
un comunicado en el que informan que los principales “productores” del
metrotexato no cuentan con el certificado de vigilancia y buenas prácticas de
fabricación.
La Cofepris vuelve a
mentir: primero en mayo dijo que había cinco fabricantes que garantizaban 35
millones de dosis y tres meses después asegura que ninguno tiene certificados
para hacerlo.
Y además remata cargando
toda la responsabilidad del desabasto a PiSA, cuando desde mayo le frenó la
producción y le ordenó recoger el metotrexato so riesgo de que se echara a
perder.
El desabasto del fármaco
hizo crisis el 26 de agosto, cuando padres de niños con cáncer cerraron los
accesos al aeropuerto de la CDMX. El tema se empezaba a salir del ámbito de la
Cofepris.
Novelo empezó a decir más
mentiras para justificar sus errores. Ese mismo lunes recibió una llamada de
Alejandro Mohar, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).
El especialista urgió a
Novelo a liberalizar las únicas dosis que había en todo el país: las 17 mil que
PiSA recogió por orden de la misma Cofepris. Novelo todavía intentó cubrirse
diciendo que éstas nunca se habían asegurado y que la empresa las tenía
guardadas.
La intervención de Mohar
derivó en una reunión al otro día, el martes 27 de agosto, entre Novelo y el
director de Relaciones Institucionales de Pisa, José Antonio Zavala.
Zavala llegó muy temprano
a las oficinas de Novelo desde Guadalajara con el ánimo de apoyar el problema
del desabasto, pero en la recepción le dijeron que no tenía cita y que tenía que
gestionarla vía correo electrónico.
El directivo fue recibido
por Novelo hasta las 2 de la tarde y en la reunión, donde todo el tiempo lo
grabaron, revisaron los alcances del acta de prevención del 11 de junio en la
que la Cofepris le ordenó a PiSA suspender producción y distribución de
metotrexato.
Novelo quiso defenderse
asegurando lo mismo que horas antes le señaló a Mohar: nosotros nunca
aseguramos el producto. Y Zavala contestó que la Cofepris puso sellos que
impedían la movilización del metotrexato.
El dizque chantaje que
acusan Novelo, Buenrostro, López-Gatell y el propio López Obrador se deriva del
hecho de que en esa reunión el titular de la Cofepris pidió a Zavala violar los
sellos que ellos mismos pusieron para distribuir el fármaco a los hospitales.
Zavala se negó porque era
un delito federal y así lo expuso a su interlocutor. Y es que la presión ya era
incontenible. Alguien le aseguró a AMLO que el producto ya estaba disponible y
en horas quería hacer el anuncio.
A las 6 de la mañana del martes
28 Mohar llamó a Zavala para informarle que el Presidente anunciaría la
disponibilidad del metotrexato. Otra vez advierte que no violarían los sellos
porque era un delito federal.
A los 20 minutos recibe
otra llamada y le aseguran que la orden viene de Presidencia y que liberaran el
fármaco aún sin la autorización de la Cofepris. Para los de la 4T, el rechazo a
una invitación a violar la ley fue interpretado como un acto de chantaje.
Al final López Obrador
saldría a decir que había problemas con el suministro y que instruyó a su
gabinete a salir a comprarlos en el exterior.
El desabasto ya pegaba. El
29 de agosto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, se disculparía con los
padres y dos días después se aventuraba a decir que el metotrexato ya estaba
disponible.
Pero no: el medicamento
llegó hasta el 21 de septiembre, o sea 20 días después, y en cantidades
mínimas. Buenrostro y López Gatell anunciaron 38 mil dosis para lo que resta del
año pero hasta ahora han entrado 5 mil.
El desabasto continúa y el
problema ya rebasó a la Comisión de Salud del Senado. El asuntó ya está
escalando a la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal.
Hoy, por lo pronto, están
citados Alcocer y Novelo.
