asumir simplemente que lo que uno cree es una verdad o bien una falsedad,
y que las verdades corresponden a hechos. Podemos incluso adoptar la tesis ecuacional
entre hecho y verdad y considerar que las verdades son idénticas a los hechos.
Naturalmente, ningún análisis del conocimiento resultará plenamente esclarecedor
hasta que no haya sido colocado en el contexto de una teoría de la verdad y de los hechos…”
Héctor-Neri
Castañeda
¿Quiénes son los beneficiarios de la desestabilización al gobierno que comenzaba a poner orden en las finanzas, dejadas hechas trizas y en un marco de corrupción endémica e inocultable? ¿El equipo del Contador Torreblanca, Willi Reyes, los grupos priistas y perredistas enlazados en una pasión amorosa cuyo objetivo es el poder?
¿A los beneficiarios políticos que gracias a los acontecimientos, se han colocado en posicionado sobre una costra de sangre, gracias a la muerte de dos jóvenes inocentes y ajenos a los intereses ocultos de quienes lo planearon?
Llegar al fondo, es el quid del asunto. Aunque la verdad se tope contra las preguntas y el espacio entre éstas se vuelve hacer nudo, y los golpes vendrán dándose sincopados en la medida en que las protestas arrecien gracias a los intereses que le apuestan a la ingobernabilidad como medida válida de manejar al poder desde los tendidos y con la anuencia de los oscuros, ahítos de votos para la justa-injusta de julio del dos mil doce.
¿Cómo parar el relámpago de las mentiras y llegar a la verdad? ¿Castigando a los culpables?
Esto no le conviene a los que tuercen el sentido de la verdad. El ex procurador, Alberto López Rosas, está atrapado en sus propios argumentos, igual los estudiantes, que por herencia histórica, tienen un papel de mártires.
El 13 de diciembre, en proceso.com, Ezequiel Flores escribe:
“El gobernador Ángel Aguirre Rivero destituyó de su cargo al procurador Alberto López Rosas y al Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja. En un comunicado oficial se indica que el subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarría, y el director de la Policía Ministerial (PM), Antonio Valenzuela Valdez, también fueron cesados…”
Una pregunta ingenua ¿qué impacto tuvo esta decisión del ejecutivo guerrerense en los medios masivos de la Ciudad de México, y cual fue la respuesta de los políticos carnavalescos de la coalición que lo llevó al poder? Silencio. Un vacío de silencio. ¿Cuál la respuesta de los estudiantes de Ayotzinapa? Y ¿cuál fue la respuesta de los asesores en tiempos de crisis del gobierno suriano?
¿Cuál fue la estrategia a seguir de los usufructuarios directos e indirectos de este absurdo acontecimiento?
Se radicalizaron las posiciones. Hubo marchas de los que quieren la cabeza del ejecutivo.
¿Eso representa alcanzar la verdad, incluyendo el diagnóstico de la CNDH sobre los hechos? Tampoco. Se especula. Se pisa terreno pantanoso y el gobierno federal no le va a pegar a su policía que ha cometido agravios en todo el país. El movimiento por la Paz y la Dignidad de Javier Sicilia, pidió la cabeza de Genaro García Luna, que aspiraba a ser presidente de México.
Y aunque la ingenuidad siga, ¿quién paga a los choferes de los autobuses secuestrados, de dónde sacan la gasolina, alimentos, casetas, sueldo? ¿Acaso será del pulpo camionero? ¿De la Secretaría de Gobernación, del crimen organizado o de la virgen de Guadalupe?
¿Por qué los camioneros no hacen las demandas de ley correspondientes por el secuestro de autobuses y choferes, o ya se viene una nueva modalidad de “levantón” cuyos afectados están a la vista o, le brindan servicio a los secuestradores con cargo a un grupo en el poder o del propio gobierno federal, como se estilaba y se estila en el PRI monolítico de los tiempos del unipartidismo?
¿Quién solventa al movimiento de los estudiantes y la marcha del jueves 12 de enero que costó miles de pesos? ¿Cómo están organizados y bajo que presiones son obligados a salir a la calle? ¿Calificaciones sin hacer examen, alimento, mujeres, vino, impunidad?
¿Quién le atiza con chayote mayor a los medios nacionales?
¿Por qué el gobierno del estado, fuerte y con proyecto, se ha bamboleado ante el embate de los oscuros?
¿Realmente la Normal de Ayotzinapa es un centro educativo o un monstruo desfasado de cuatrocientas cabezas al servicio de cofradías, carteles y contrario a la misión para la que fue creada en el siglo pasado?
¿La policía de Guerrero es la culpable?
¿Qué papel estelar jugo el gobierno federal y su policía?
¿Quién pretende los votos de Guerrero para el 2012?
¿Quiénes están metidos en este embrollo que costo vidas humanas?
¿Acaso les importan los muertos?
¿Acaso la verdad es absoluta?
¿Y dónde queda la ley?
¿Qué gana el pueblo de Guerrero con este palenque que paraliza toda actividad de gobierno y pone de manifiesto que los que le atizan al fuego, y a los propios estudiantes, les importa un bledo que la gente de la montaña se muera de frío?
¿De qué tamaño es la verdad y de qué la mentira?
¿Quién miente y por qué?
¿A qué le apuestan los estudiantes?
El
gobierno le apuesta al diálogo.
¿Y
qué buscan los oscuros?
Ahora,
que se abre la posibilidad de encontrar a los que dispararon, ¿quiénes son los
autores materiales de los hechos? ¿cuál será la respuesta de los normalistas y
sus asesores?
¿Seguirían
bajo el esquema de una resistencia radical inocua abonándole a la mentira en
menoscabo de la verdad?
¿Se
aprovecharán de la situación para pedir más, más y al final seguir en las
mismas?
Una
y mil preguntas, que no podremos contestar, como tampoco Héctor-Neri Castañeda,
filósofo guatemalteco estacionado en Estados Unidos, de cuyo ensayo tomamos el
nombre para esta entrega. Castañeda dedicó su vida a descifrar esta paradoja desde
una perspectiva filosófica.¿Tendremos que escribir, una nueva teoría de las preguntas?
Y la verdad, ¿dónde está, quién la tiene asida a los paros y bloqueos, al servicio del estado o para destruir al estado?
¿Dónde comienza una y termina la otra?