A un Año de la Muerte de Antonio López Ortiz ¿Justicia o Impunidad? Por Rodrigo Huerta Pegueros*
Estamos a menos de dos meses de
que se cumpla un año de la desaparición forzada del periodista Antonio López
Ortiz, ocurrida el día 7 de Junio del 2011, fecha en que se celebra anualmente el
día de la libertad de prensa en México.
Los periodistas del estado de
Guerrero fuimos testigos presenciales y protagonistas de varias acciones
emprendidas para exigir a las autoridades locales y federales que realizaran
sus mejores esfuerzos para encontrar con vida a quien se desempeñaba como reportero
del diario local Novedades de Acapulco.
Lo cierto es que las autoridades
locales no estuvieron del todo interesados en buscar y encontrar a López Ortiz con
vida y hasta el momento sus familiares continúan solicitando el esclarecimiento
de los hechos.
Este ha sido uno de los atentados
contra la libertad de expresión que mayor impacto ha tenido a nivel nacional durante
los últimos meses y es otra de las víctimas de la impunidad que en forma total
y galopante sigue imperando en la entidad con todo y que tenemos en el gobierno
estatal a un neo perredista y autocalificado de izquierda, pero que en los
hechos muestra una praxis en el ejercicio del poder semejante a un gobierno
proclive al neoliberalismo y conservadurismo tricolor.
Han pasado ya cuatro sexenios
(incluído el actual) de que varios periodistas han sido asesinados en forma por
demás violenta y ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido y han pasado a
formar parte del grueso legajo de carpetas de casos no resueltos.
Hace unos días nos dieron la mala
noticia de que una compañera de Chilpancingo—Carmen Santiago—había fallecido
meses después de haber sido brutalmente agredida por su compañero y en este
caso que fue debidamente documentado no se hizo justicia y no se aplicó la
sanción que se merecía el agresor, lo cual dejó la puerta abierta para que
cualquier individuo pueda agredir a mujeres—sin tener que ser periodista—a
sabiendas de que nada le va a pasar.
¡Vaya justicia que tenemos en
Guerrero!.
Lo que debemos de hacer de ahora
en adelante los que estamos inmersos en esta actividad, es insistir para que
los casos no resueltos de los periodistas asesinados sean nuevamente puestos a
revisión y reabran las indagatorias para conocer la verdad sobre los homicidios
y con ello quede al descubierto si es o son uno o varios grupos de guerrerenses
intolerantes con el ejercicio de la libertad de expresión.
La Comisión estatal de defensa de
los derechos humanos que encabeza Juan Alarcón Hernández, debe ser el receptor
de estas quejas de los periodistas y promover desde ahí que la Procuraduría
General de Justicia del estado de Guerrero reabra estos casos para poner fin a
la impunidad que cubren todos estos homicidios.
No podremos creer nunca en la
justicia mientras esta no se haga presente y no muestre y demuestre que su
actuación es a favor de los ciudadanos que son victimas de atropellos y delitos
del fuero común.
De no hacerlo así, podremos estar
seguros todos, o sea, la sociedad en general, que habrá que esforzarnos por
crear nuestros propios mecanismos de autodefensa.
Y cuando eso ocurre, las autoridades luego se
dicen sorprendidas y preguntan de los porqués existen estos grupos
independientes que actúan al margen de la ley para proteger sus propios
intereses, cuando la pregunta sería ¿porqué el gobierno no actúa conforme a las
leyes que lo mandatan para proteger a toda la sociedad y someter a los
delincuentes comunes o del crimen organizado o los llamados delincuentes de
‘cuello blanco’.
Por lo pronto habremos que hacer
un esfuerzo más como periodistas para exigir a las autoridades que no tiren al
bote de la basura las averiguaciones sobre los asesinatos cometidos contra
comunicadores durante los regímenes de Ángel Aguirre Rivero (primera parte),
René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero
(segunda parte).
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) ha formulado una nueva estrategia para impedir que los periodistas
continúen siendo víctimas de los sicarios, funcionarios públicos, empresarios o
líderes venales que ven en el ejercicio periodístico su principal enemigo,
cuando la función del periodista es nada mas y nada menos que un puente de
comunicación entre la sociedad y el gobierno y viceversa.
Esperamos que las autoridades se
pongan las pilas y el nuevo procurador de justicia estatal sea sensible y
receptor de estas demandas.
No podremos creer nunca en la
justicia mientras esta no se haga presente y no muestre y demuestre que su
actuación es a favor de los ciudadanos que son victimas de atropellos y delitos
del fuero común.