Pemex presentó en diciembre de 2012 una demanda contra Siemens y SK Engineering y amplió esa denuncia ante el Segundo Tribunal Federal de Distrito de Nueva York contra César Nava el 8 de mayo de este año por su presunta participación en una conspiración de la empresa alemana y la empresa coreana, para defraudar a Pemex durante las obras de reconfiguración de la refinería de Cadereyta. Entre los enigmas figuran las inconsistencias de fechas ya mencionadas por el propio Nava, las contrademandas del consorcio mexicano Conproca (compuesto por Siemens y SK) contra Pemex, los laudos ante la instancia de arbitraje internacional en París perdidos por Pemex (aunque ganó algunos), por un monto que en noviembre alcanzaba más d e 500 mdd y que según los alemanes y los coreanos al día de hoy suman más de 900 mdd; los riesgos jurídicos y hasta penales en los que hubiera incurrido Nava de haber ejecutado las cartas de crédito hace más de 10 años por incumplimiento de Siemens y SK no necesariamente demostrado; y la ausencia, hasta este momento de la acción penal en México en contra de Nava. Seguramente todo se dilucidará en las próximas semanas en Nueva York, pero a menos de que se trate de un caso blindado, que involucra un enorme daño patrimonial a Pemex, o de una estrategia de litigio negociador de Pemex para no pagar esa suma, uno puede preguntarse cuál es la lógica política en juego, en vista de que en México, hasta nueva orden, y en el mejor de los casos, la justicia no es exclusivamente justa, sino también, al menos en parte, política.
La mayoría de los conocedores de la Reforma Energética (me excluyo) han concluido que sin cambios en el 27 constitucional que permitan asociaciones mayoritarias de Pemex con empresas privadas nacionales y extranjeras tanto upstream como downstream, compartir el riesgo y la inversión en aguas profundas, permitir algún incentivo para pequeñas empresas como las 22,000 que han proliferado en EU para explotar las enormes reservas de shale gas en México, y algún tipo de acuerdo tácito con la Securities and Exchange Commission (SEC) mediante el cual las empresas extranjeras que entren a México puedan realizar el equivalente de booking reserves sin tener la propiedad del subsuelo; cualquier reforma se asemejará a la de 2008. No atraerá enormes cantidades de inversión y tecnología; no incrementará, ni siquiera en un horizonte de 5 a 7 años, la producción y exportaciones mexicanas de crudo, gas seco y shale gas; y no mandará el mensaje a los mercados internacionale s de una transformación radical de las tradicionales actitudes mexicanas en esta materia. El país puede prescindir de todo esto y seguir como va. Como hemos insistido Aguilar Camín y yo, seguir como vamos desde 1997, con la excepción de los muertos y desaparecidos de la guerra, no está mal.
Ahora bien, a menos de que uno crea en Santa Claus, el PRD jamás aprobará una reforma energética de estas características. Ello significa que la sacan Peña y el PRI con el PAN, o no la sacan. El PAN ya formuló su moneda de cambio: una reforma política que incluya reelección de diputados y senadores, segunda vuelta en la elección presidencial, federalizar los IFE's estatales y, así lo espero también, contemplar referenda constitucionales y vinculantes. Todas estas posturas son anatema para Peña y el PRI, pero ya entrados en gastos, podrían aceptarlas.
En estas condiciones, confieso que no entiendo la lógica de golpear al PAN demandando a Nava por corrupción. Más allá de los desencuentros personales que pudo haber tenido Nava con su jefe Felipe Calderón, fue secretario particular del Presidente durante dos años y presidente del PAN durante año y medio, y la opinión pública verá el golpe a Nava como un golpe al PAN. Pemex se fue por la libre, o la demanda es el garrote para que el PAN se alinee, o se trata de un peligroso instrumento de negociación, en un litigio de cientos de millones de dólares que no debiera salir de su ámbito.
