En el medio político y periodístico abundan los y las vivales. La variedad de esa fauna es de tal naturaleza que generalmente logra su objetivo de esquilmar, sorprender, lucrar con la profesión que dicen ejercer y que procesan de la manera más ofensiva e indignante para los políticos de verdad y los periodistas de verdad, tanto que los informadores evitan llamarse periodistas porque esos engendros han denigrado al oficio.
Dirán que cada quien tiene su estilo para ganarse la vida. En efecto. Pero nadie tiene derecho a usurpar funciones y asumirse representante de organizaciones políticas y sociales, incluso del gremio de los reporteros, cuando una representación se gana con trabajo y perseverancia profesional.
Por supuesto, hay políticos que ocupan puestos de alto nivel en las grandes ligas del Ejecutivo federal, del Congreso de la Unión, porque han ascendido merced al servilismo y al cobro de facturas. La pertenencia a un grupo político es elemental que implique un pago con cargos públicos o legislativos. Así es la política, pero éste debe despojarse, sacudirse, de los vivales y rufianes que han hecho de su praxis el negocio del engaño, el compadrazgo y el tráfico de influencias.
Tal ocurre con Rafael Flores Torres, quien se dice protegido del senador priista y aspirante al gobierno de Guanajuato, Gerardo Sánchez García, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Es posible que sea amigo del guanajuatense que, en eso de engañar a la gente no canta mal las rancheras, pero lo cierto es que se ha dedicado a defraudar organizaciones sociales, a cuyos representantes legales solicita permiso para usar sus siglas, promueve recursos para beneficio de campesinos, en este caso de varios municipios del Estado de México, los obtiene, ejerce el gasto pero no lo comprueba legalmente. Incurre, sin duda, en fraude porque usa facturas de proveedores distintos al servicio adquirido.
Y, bueno, me cuenta un afectado por este individuo, que muchos han confiado en él porque ha sido parte del Comité Directivo de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de México, pero de ésta salió por diferencias con el actual dirigente, cercano al gobernador Eruviel Ávila.
Incluso, uno de los dirigentes de aquella Liga de Comunidades Agrarias, fue el ex diputado federal Héctor Velasco Monroy, originario de Atlacomulco, ni más ni menos que paisano del presidente Enrique Peña y actual director de Diconsa, y quien según Rafael Flores Torres le habría echado la mano, aunque en realidad quien lo ayudó a colocarse en esta paraestatal fue el director de Comercialización, Lino Enrique Ávila Sánchez.
La pregunta es, en todo caso, si Velasco Monroy y Ávila Sánchez saben de las actividades de Flores Torres.
Seguramente no, porque ya lo habrían puesto de patitas en la calle. Y es que el de Flores Torres, es todo un caso, tanto que tiene una plaza en la Secretaría de Gobernación, en proceso de litigio porque demandó a la dependencia por un presunto caso de discriminación laboral. Hace más de cinco años provocó un escándalo para que no lo dejaran ingresar a la dependencia; emprendió un juicio que le dejó pingües ganancias y la reinstalación en su plaza.
Solo que meses después de la reinstalación armó el mismo teatro, le prohibieron el acceso y los volvió a demandar. Sostiene que ganará el juicio. ¿Gracias a sus influencias? Sin duda, porque me cuentan que es compadre del abogado Pablo Ojeda Cárdenas, hijo del hoy extinto Pedro Ojeda Paullada, quien ocupara, entre otros cargos, el de dirigente nacional del PRI, secretario del Trabajo y procurador General de la República.
Lo cierto es que se trata de un verdadero vivales que cuando trabajó como asesor de un diputado federal del sector campesino, cuando lo mandaron a una comisión simplemente llegó al aeropuerto de destino y, después de unas horas, tomó el vuelo de regreso a la ciudad de México, pero no regresó al trabajo ni regresó los recursos que le dieron para gastos. Una suma nada despreciable.
El actual procurador Agrario, Cruz López Aguilar, ex dirigente nacional de la CNC, conoce muy bien a Flores Torres, quien tiene una empresa irregular que le factura los gastos del recurso obtenido por organizaciones campesinas, pero sin tener la autorización del SAT para ello, es decir, su razón social y actividad es diferente al servicio que factura. ¡Ah!, para ello, cuenta con el ingeniero José Luis Campos Zepeda, quien de trabajar en un bar mexiquense pasó a ser responsable de los programas de organizaciones campesinas.
¿Alguien llamará a cuentas o por lo menos investigará a Flores Torres? Digo.
MIÉRCOLES. Una de esas puntadas legislativas la anunció la diputada federal perredista Verónica Juárez Piña. Propone reformar al Código Civil Federal, para aumentar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, dizque con ello se evitará el embarazo adolescente. ¿Sabrá la diputada que con o sin matrimonio las chicas se embarazan? Parece broma de mal gusto, pero tiene carácter de iniciativa de reforma legal. Conste.
@msanchezlimon
