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sábado, 22 de abril de 2017

CONTEXTO POLÍTICO Por Efraín Flores Iglesias Violencia y política


El asesinato de Demetrio Saldívar Gómez, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de Guerrero, ha generado diversas reacciones. Hay quienes aprovechan el asunto para exigir justicia, y otros para sacar raja política.

Se entiende el dolor por el que atraviesa la familia del también ex diputado local y ex colaborador de Ángel Aguirre Rivero. Todo crimen es condenable.

En los últimos años, Guerrero ha sido considerado como uno de los estados más violentos del país, ya que las bandas del crimen organizado se disputan a sangre y fuego las rutas para el trasiego de drogas. Sin olvidar, claro, que la violencia entre criminales se originó durante la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, quien llegó al poder a través de las siglas del PRD, y que continuó en el gobierno de Ángel Aguirre.

Cada vez que un actor político es asesinado, los partidos alzan la voz y exigen justicia. Lo cual es legítimo.

El de Demetrio Saldívar, es uno de tantos casos que merece esclarecerse.
La violencia ha alcanzado a todos. Para los criminales no importan los colores partidistas, estatus económico ni credo religioso.

El pasado 9 de abril, un comando armado ejecutó al ex alcalde de General Canuto A. Neri (Acapetlahuaya) y ex diputado local, Roger Arellano Sotelo, y su tío Octavio Arellano, ambos militantes del PRD. Al día siguiente, pero en Ciudad Altamirano, cabera municipal de Pungarabato, fue asesinado el abogado Modesto Carranza Catalán, ex síndico procurador de Ajuchitlán del Progreso y suplente del diputado Saúl Beltrán Orozco –priista que enfrenta un juicio de desafuero en el Congreso local y que ha sido señalado por sus vínculos con el narcotráfico–.

El 12 de abril, hombres armados levantaron al ex alcalde de Zirándaro de los Chávez y ex legislador local y federal, Catalino Duarte Ortuño. Los hechos se registraron en Coyuca de Catalán. Hasta el momento el político perredista sigue desaparecido.
El gobernador Héctor Astudillo Flores tiene razón cuando señala que la violencia no se generó en su administración y que su gobierno no ha sido omiso y no lo será.

“En el Grupo de Coordinación Guerrero, trabajamos para prevenir y abatir la delincuencia, entendemos la indignación ciudadana que exigen pronto esclarecimiento de estos actos criminales, a pesar de las limitaciones, el gobierno hará todo lo necesario para que los ciudadanos realicen sus actividades protegidos por la ley tal como lo ofrecí en mi propuesta electoral”, dijo el mandatario estatal este jueves en conferencia de prensa.

ENTRE OTRAS COSAS… El presidente de la Comisión de Estudios Jurídicos y Constitucionales del Congreso local, Cuauhtémoc Salgado Romero, manifestó que los municipios de la entidad han sido omisos en materia de combate a la delincuencia y que le han dejado la responsabilidad al gobierno del estado y la federación, cuando constitucionalmente también es competencia de los Ayuntamientos.

El legislador calentano reconoció el esfuerzo que las autoridades federales y estatales están haciendo en cuanto al combate a la inseguridad, no así los municipios, por lo que exhortó a los alcaldes a contratar policías municipales bajo la reglamentación que se da por el Sistema de Seguridad Pública y con el recurso que se les destina.

En efecto, los municipios reciben recursos federales para la prevención del delito, pero tal parece que se lo gastan en otras cosas.


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