Hoy ante el Pleno del Congreso del Estado, a nombre de nuestro grupo parlamentario del PRD presenté un Punto de Acuerdo, el cual busca que los ayuntamientos de Guerrero y Concejos municipales de Ayutla e Iliatenco garanticen los derechos laborales de sus trabajadores, y eviten despidos injustificados. Así lo estimó la diputada Yanelly Hernández Martínez.
Con esta medida se busca que
las nuevas administraciones, al momento de reestructurar su planta de
trabajadores, encuentren los mecanismos que les permitan garantizar los
derechos laborales y, en su caso, no se impacte en los presupuestos, por
despidos injustificados.
El relevo de las administraciones
trae consigo cambios, empezando por la conformación del Cabildo y de los
puestos claves en la administración pública municipal, sin embargo, los relevos
en los diferentes cargos, en muchas ocasiones se realizan sin respetar la
dignidad humana de los trabajadores y se vulneran los derechos laborales.
Esto lleva a que se
presenten un cúmulo de demandas laborales, que en su gran mayoría son ganadas
por parte de los trabajadores al no existir jurídicamente, una causa
justificada para su cese.
Se debe tomar en cuenta el
contexto de crisis económica que viven los municipios y sus habitantes,
producto de la recesión económica ocasionada por la pandemia de Covid-19
Como antecedente, cabe
mencionar que en el año 2018 se estimaba que los ayuntamientos salientes
dejarían deudas por sentencias laborales por un monto de hasta 3 mil millones
de pesos y existían en ese mismo año un total de 5 mil 641 demandas laborales
de trabajadores despedidos, de 80 de los 81 municipios del estado.
Acapulco, es el municipio
que más demandas ha recibido con 1,504, de los cuales 400 están en la etapa de
ejecución. Sus Pasivos por laudos registran 800 millones de pesos al año 2018,
de acuerdo con información cruzada del TCA y la Secretaría de Finanzas y
Administración.
La Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha establecido que los trabajadores no podrán ser despedidos sino
por causa justificada, y que en caso de separación injustificada tendrán
derecho a optar por la reinstalación o por la indemnización.
Recuerdo que cuando fui
presidenta municipal constitucional de Atoyac de Álvarez, tuvimos que tomar la
complicada decisión de rescindir de algún personal del H. Ayuntamiento, sin
embargo, en todo momento lo hicimos de manera responsable, liquidando a cada
uno de ellos como lo estipulan las leyes aplicables en la materia.
