La postura del PAN en el
Senado, con reticencias a la reforma constitucional propuesta por Enrique Peña
Nieto que busca desactivar al municipio como fuente de corrupción y sociedades
delictivas que impactan a los gobiernos estatales e involucran, por omisión en
el mejor de los casos, a autoridades federales, no irá más allá de un simulacro
de oposición a un asunto que no tiene vuelta de hoja.
Porque, como lo planteó el
perredista Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados, en
este tema no caben las mezquindades. Y no caben porque el piso municipal es de
suyo resbaladizo y cualquiera puede caer. Oponerse a la aprobación de los
artículos 21, 73, 105, 105, 115, 116 y 123 constitucionales, requerirá, sin
duda, algo más que una explicación patriotera en defensa, a ultranza, del
municipio libre.
Lo cierto es que este
nivel de gobierno, el primero o tercero, como se le quiera ver, finalmente el
estamento de poder público, elegido por voto popular, recurrentemente
arrinconado en presupuesto y sujeto a voluntarismos de los gobernadores para
obtener una tajada cuando no limosna del gasto público y las participaciones
federales, no tuvo en momento alguno posibilidad de blindarse contra la
infiltración del crimen organizado en sus cuerpos de seguridad, integrados
éstos por policías mal pagados, mal armados y pesimamente capacitados.
Y en el pecado, el
municipio lleva la penitencia. Pero la responsabilidad es de los gobernadores,
voluntariosos y mezquinos, que manejan a su antojo a los presidentes
municipales o de plano terminan asociándose con ellos en negocios millonarios
carentes de beneficio para sus gobernados; ilustrativo el caso de Iguala con la
familia imperial y el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.
Ejemplos hay muchos y, si
se abriera un foro para que los presidentes municipales hablaran sin
tapujos, varios gobernadores saldrían
raspados y se comprobaría que son virreyes o señores feudales. Por ahí en las
redes circula, por citar un caso, un video en el que un presidente municipal es
regañado por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por no haber logrado
convencer a unos ciudadanos que vendieran sus terrenos para construir un
hospital.
Palabras más, palabras
menos, Moreno Valle le dice al alcalde que él sabrá cómo le hace pero que no lo
puede hacer quedar mal con el gobierno federal que ya le autorizó una partida
presupuestal para construir el nosocomio. Autoritario, el gobernador poblano le
cuelga el teléfono al presidente municipal y éste se encoge de hombros y masculla:
“está enojado el gobernador”.
Pero, vaya, esta reforma
anunciada por el presidente Peña Nieto el pasado 27 de noviembre y cuyas
iniciativas ha enviado a las Cámaras de Senadores y de Diputados para los
efectos legislativos, no ha sido cuestionada por los principales afectados, es
decir, los presidentes municipales en lo personal o en lo general, mediante sus
organizaciones en las que se distinguen perredistas, panistas y priistas. ¿Por
qué?
Terreno difícil,
resbaladizo. Lo peor, es que no es nuevo el tema ni el de Iguala un caso
extraordinario. Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora,
Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Tabasco, Puebla, Veracruz, son algunos estados
en los que las alcaldías responden a intereses criminales.
En la ciudad de México
opera el mando único, en un territorio que se confunde con el del Estado de
México y Morelos, especialmente, y entraña brindar seguridad a más de 20
millones de habitantes. ¿Por qué no se permitió que Iguala, con mucho menos
habitantes, aceptara el mando único? Porque el gobernador Aguirre Rivero no se
lo exigió, con apego al pacto federal, al presidente municipal José Luis
Abarca.
Quizá se dejó crecer,
exponencialmente, un problema grave hasta que eclosionara con una onda
expansiva de tal magnitud que ha hecho elemental, básica y sin renuencia
alguna, la reforma constitucional para desmantelar al municipio libre y
someterlo al imperativo de la pacificación que lleva de la mano combatir al
crimen organizado, restándole apoyos y la estructura oficial que le ha servido
de pantalla y mecanismo para mantener amplias regiones del país bajo su
control.
Explicable, entonces, y
fundamentada esta iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman, en el
ámbito del Senado, los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, al entrar en vigor,
se aplicará primero en los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y
Tamaulipas, entidades que tendrán 90 días, una vez entrado en vigor el Decreto,
para presentar una propuesta inicial de Plan Estratégico de transición para
poner en manos de la Federación y de las entidades federativas sus órganos de
seguridad pública y los recursos presupuestales correspondientes.
Puede decirse que dicha
reforma constitucional, con premura y todo, está planchada. Del Congreso de la
Unión saldrá a los congresos estatales para su procesamiento de ley, es decir,
con el fin de que la mitad más uno de los congresos la apruebe en tiempo récord
y ésta entre en vigor.
Así, con evidente prisa,
desde el pasado 28 de noviembre, un día después de que el presidente Peña Nieto
anunció su decálogo por un México en paz, con justicia y desarrollo, las
secretarías de Hacienda y de Gobernación, echaron a andar el andamiaje jurídico
para fundamentar las reformas y evitar suspicacias en el impacto presupuestal
del gasto aprobado para 2015.
“Esta Dirección General
(Jurídica de Egresos de la SHyCP), con base en lo dispuesto en el artículo 20
del RLFPRH, y tomando en consideración lo manifestado en la evaluación de
impacto presupuestario mencionada en el proemio del presente, no tiene
observaciones en el ámbito jurídico presupuestario sobre las disposiciones
contenidas en el anteproyecto de referencia”, cita en el numeral 1 del oficio
que, con fecha 28 de noviembre, la maestra Julieta Y. Fernández Ugalde,
directora general Jurídica de Egresos de la Subsecretaría de Egresos de la
SHyCP, enviara al licenciado Luis Fernando Corona Horta, director general de
Legislación y Consulta Presupuestaria y de Asuntos Jurídicos de la
Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría
Fiscal de la Federación, en respuesta al oficio que éste le enviara,
casualmente el mismo día, fecha 28 de noviembre de 2014, es decir, la semana
pasada.
Usted disculpará la
extensa referencia. Empero, las fechas y los argumentos en el intercambio de
oficios y consultas, evidencian que el presidente Peña Nieto lanzó al coliseo
una propuesta de solución sin asideros. Pero, bueno, ahí están las iniciativas
y el compromiso legislativo de aprobarlas a la brevedad, conforme a la urgencia
del caso.
¿Condicionará el albiazul
su apoyo sólo si se destraba en la Cámara de Diputados su iniciativa del
Sistema Nacional Anticorrupción? Tal vez, tal vez. Pero el esquema está hecho y
el municipio, aún libre, se enfrenta al proceso de desmantelamiento que el
propio sistema prohijó cuando comenzó a dejarlo a la intemperie, a merced de
voluntades e influencias perversas. Conste.
MIÉRCOLES. ¿Y los
gobernadores? Digo.
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