Una situación de violencia
como la que impera en Acapulco, no sólo pone en riesgo la seguridad física de
los ciudadanos, sino también la económica, la laboral e incluso la alimentaria.
Los empresarios son
extorsionados y asesinados. Cierran negocios. Se pierden empleos. No hay comida
qué llevar a casa.
Es muy obvio para todos,
menos para quienes gobiernan. Lo digo porque no existe atención a las
consecuencias económicas de la violencia, y por el contrario, una inhumana
indiferencia.
El gobierno municipal se
entretiene en decir que atiende las causas sociales del fenómeno, para
justificar el descuido de su labor operativa-preventiva del delito que consiste
en la vigilancia de la ciudad.
El alcalde Evodio
Velázquez Aguirre ha insistido en que se requiere un cambio de estrategia de
seguridad y hasta se atribuyó el más reciente viraje en la del gobierno
federal, pero no es congruente con su discurso ya que no está dispuesto a
cambiar su estratagema de evasión de responsabilidades y simulación.
Líderes empresariales
hablan de miles de negocios formales e informales que han cerrado por el miedo
de los empresarios a las extorsiones y asesinatos de que son víctima, pero el
presidente municipal alega que a él no le toca porque son, según él, delitos
federales.
Los informes mensuales de
la Secretaría de Seguridad Pública se acumulan sin reportar el decomiso de una
sola arma de fuego. La prevención en Acapulco se reduce a detener gente que
bebe y orina en las calles, y a pintar fachadas de edificios.
Mientras tanto, en un solo
año del gobierno de Evodio Velázquez, Acapulco retrocedió 12 posiciones en el
ranking del Banco Mundial sobre las facilidades que ofrecen las ciudades para
la apertura de nuevas empresas.
Es decir, que aparte de
negarse a aportar la seguridad necesaria para el desempeño de la actividad
empresarial y la generación de empleos, el gobierno de Acapulco ha empeorado
los trámites burocráticos para que nuevas empresas puedan abrirse.
En este rubro Acapulco
cayó del séptimo lugar hasta el 19 a nivel nacional, lo cual, obviamente no
mencionó en su primer informe de gobierno.
¿Cuál es la importancia de
esto? Recapitulo y agrego:
Los empresarios son
extorsionados y asesinados. Cierran negocios. Se pierden empleos. No hay comida
qué llevar a casa. Tampoco hay para pagar el predial. Caen los ingresos propios
del municipio. El gobierno necesita pedir prestado.
Si no hay la voluntad para
prevenir el delito, por lo menos, se debería incentivar la apertura de empresas
y la generación de empleos, si no por congruencia, al menos para no pedir
prestado y no andar amenazando a los ciudadanos con subirlos a Buró de Crédito
si no pagan el predial.
Un gobierno que no es
capaz de dar la más elemental seguridad a sus ciudadanos, no puede exigirles
impuestos que no verán retribuidos en este servicio que constituye la causa
básica de la organización social para el ser humano.
Si Evodio quiere atender
las causas sociales de la violencia debe empezar por honrar el pacto social en
vez de promover uno nuevo, a su modo, en el que el ciudadano es coaccionado con
la pérdida de su capacidad crediticia a liquidar un tributo que no verá
reflejado ni en su seguridad, ni en la preservación o incentivación de las
fuentes de empleo para que al menos tenga con qué pagarlo.
El ciudadano acapulqueño
es puesto contra la pared por su propio alcalde. Entre la delincuencia y su
gobierno. ¡S.O.S!
jalepezochoa@gmail.com
