Camino al podio, Pablo Gómez deslizó ayer: “Yo fui amnistiado”.
Sin pensarlo, con esa referencia --alusiva a aquellos días en que
los entonces presidentes Luis Echeverría y José López Portillo amnistiaron a participantes
en el movimiento estudiantil de 1968 e integrantes de la guerrilla urbana y de
la montaña—dio la razón a la postura de la bancada del PAN en la Cámara de
Diputados contraria a la Ley de Amnistía propuesta por Andrés Manuel López
Obrador y aprobada por la mayoría de Morena y asociados en la sesión plenaria
de ayer.
Y también ayer, acerca del informe de labores del ministro
presidente de la Suprema Corte de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recordé
aquellos tiempos en los que sólo por estas fechas el máximo tribunal del país
daba signos de vida.
Excepcionalmente había información relevante de sentencias
dictadas por los ministros. Pero cuando se acercaba el informe del ministro
presidente, la fuente judicial se apresuraba a anotarse para la cobertura.
¿Sabe usted por qué?
No, no era por el contenido del mensaje que generalmente estaba
lleno de lugares comunes y amplias referencias a la impartición de justicia y,
en especial, al cúmulo de asuntos que estaban en lista de espera.
Justicia retardada es injusticia, suele decirse; pero el interés
que despertaba el informe del ministro presidente obedecía a que, en medio del grueso
texto impreso en papel bond y pastas color ocre o gris, se aportaba la gratificación
consistente en un billete con el retrato de Matías Romero, es decir, diez mil
pesos de aquellos cuando el salario mínimo frisaba los 25 pesos diarios.
Las referencias vienen a colación por lo ocurrido ayer en el
Palacio Legislativo de San Lázaro y en el inmueble que alberga a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, donde hoy tienen prisa por despojarse de la
mala fama que viene de aquellos días de la gratificación con don Matías Romero
y los escándalos de togados que se han echado bajo la alfombra de la impunidad.
En San Lázaro, vamos por partes, la bancada de Morena y sus
aliados del PT, PVEM y PES, mayoriteó a la oposición del PAN, PRI, PRD y dividió
a Movimiento Ciudadano, para aprobar la Ley de Amnistía propuesta por el
presidente López Obrador.
¿Por qué la prisa en esta materia? Ni por asomo esta ley se parece
a la que prácticamente otorgó el perdón a activistas del movimiento estudiantil
o los guerrilleros que, como Jesús Zambrano, le declararon la guerra al
gobierno, jóvenes de clase media y media alta que se hicieron de las armas en
rebeldía contra el sistema de esos años en los que la mano dura de Gustavo Díaz
gobernaba a un país que transitaba en el llamado desarrollo estabilizador y
luego en el de Luis Echeverría, el famoso slogan Arriba y Adelante, que sedujo
a los jóvenes rebeldes con jugosas becas en Francia e Italia.
Nada parecido con lo que ayer Morena cumplió en el ánimo justiciero
más que de hacer justicia, porque en las prisas incurrió en yerros que más
temprano que tarde habrá de enmendar esta pléyade legislativa cuyos integrantes
suelen leer posicionamientos que les escriben para declamara en tribuna a
manera de defensa.
Y la bancada de Acción Nacional dio los argumentos que fueron
desoídos porque eran contra esta Ley que es del interés del señorpresidente.
“No se encuentra la
temporalidad o naturaleza del conflicto que da lugar a esta amnistía, adujo la
diputada Pilar Ortega Martínez, en tanto la veracruzana Mariana Dunyaska García Rojas aludió a las “graves
fallas técnicas del proyecto legislativo del Presidente López Obrador” y, el
legislador Felipe Fernando Macías puntualizó: “Que quede claro el voto de los que defienden a las víctimas del delito y
los que van a sacar o pretenden sacar a los delincuentes”.
Y es que, reprochó el
diputado Fernando Torres Graciano, “esta
no es una ley para los pobres como se ha dicho, ni mucho menos para las
injusticias.
En suma la bancada del PAN sostuvo
que esta Ley alimenta la impunidad y violenta los derechos de las víctimas, amén
de que no es necesaria porque existen mecanismos y leyes para quienes de manera
injusta o por necesidad extrema, no hubieran tenido la debida defensa.
Al dictamen lo calificaron
populismo criminal de Morena, que empezó con “abrazos y no balazos”, con el
perdón a delincuentes, que la delincuencia organizada también es pueblo para
ayer ponerle la cereza al pastel con esta Ley cuyo único objetivo es generar
clientelas electorales.
Incluso, la diputada Pilar Ortega Martínez, presidenta
de la Comisión de Justicia, recordó que, de acuerdo con la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la amnistía se ha
constituido como un instrumento del Estado de Derecho para sociedades que han
salido de un conflicto.
Y, argumentó, “no se advierte la temporalidad o
naturaleza del conflicto que da lugar a esta amnistía, más allá de una
alternancia política. La ausencia de este conflicto hace que ésa adquiera un
carácter distinto al previsto en su naturaleza jurídica internacional y en este
caso se convierte, más bien, en una sustitución política de las funciones
constitucionales del sistema penal acusatorio”.
En fin, hay una larga relación de argumentos que
instalan a esta pomposamente llamada Ley de Amnistía en un esquema que repite
mecanismos previstos en otras leyes. Y la diputada Mariana Dunyaska García
Rojas señaló las graves fallas técnicas del proyecto legislativo del Presidente
López Obrador. A saber:
El artículo 89 de la Constitución Política ya atiende
el tema de la pobreza.
No es necesaria la Ley de Amnistía porque ya
tenemos las figuras jurídicas y comprende los delitos en los que no existe un
solo detenido por el ámbito federal.
En la Ley de Defensoría Pública se entiende la
extinción de acción penal para pueblos y comunidades indígenas, así como la
defensa y previsión de traductores.
Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal plantea también y a soluciones alternas.
La Ley Nacional de Ejecución Penal plantea la libertad
anticipada.
La Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación prevé medidas positivas para pueblos
indígenas, en beneficio de pre liberación, y plantea criterios de oportunidad
en caso de reparación del daño cuando el delito sea sin violencia.
México también cuenta con
el indulto por gracia, que aplica y que ejerce el presidente o el indulto por
necesidad que puede avenirse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No resuelve problemas de
impartición de justicia.
No reduce los vicios de
procedimientos.
No atiende los procesos
judiciales.
No garantiza el derecho de
las víctimas. Genera impunidad.
No atiende el problema de
inseguridad.
No genera registro para
quien delinque.
La Secretaría de
Gobernación violentará la soberanía de los estados exigiendo que generen una
Ley de Amnistía en lo local. Es innecesaria.
No fortalece las
instituciones de impartición de justicia. Y en el Presupuesto de Egresos 2020
se le quitaron mil 327 millones a la Fiscalía General de la República y también
al tema de seguridad pública para estados y municipios.
Hay indefensión de las
víctimas cuando el robo simple sea por menos de 42 mil 500 pesos.
Quedarán impunes
cristalazos, robo de identidad, robo cibernético, robo hormiga, robo a casa
habitación, robo de celulares, de computadoras, tarjetas de crédito
y de débito.
Y qué decirle de la
desmemoria acusada en el mensaje del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. Porque, mire usted, encaramado en la tesis del licenciado López
Obrador de combatir a la corrupción y cooperar en sacudir al Poder Judicial y
quitarle hasta el modo de andar, olvidó dónde ha estado en los últimos años,
desde aquella fecha en que su amigazo del alma, el entonces presidente Felipe
Calderón, lo propuso para ocupar una plaza, jugosa plaza llena de recursos, de
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Por qué ahora sí y antes no entrarle a la honestidad
valiente y prístino desempeño en la impartición de justicia? Rescato unos
párrafos del discurso del ministro presidente, ilustrativos de la desmemoria a
modo. Veamos
“En estos años nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y
se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que ha impedido un acceso
efectivo a la justicia. Por un lado, el sistema de carrera judicial no ha sido
eficaz para desterrar el nepotismo.
“Es por todo ello que a partir de mi elección como Presidente el
pasado 2 de enero –con el voto de mis pares– en el Poder Judicial hemos
emprendido un proceso de autorreforma que busca renovar de fondo nuestra
identidad y ética institucional.
“Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos,
a los corruptos –por supuesto– pero también a los mediocres, a los que no están
a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa
investidura como privilegio y no como servicio.
“Queremos desarticular las estructuras y la cultura del
patrimonialismo judicial; queremos repetir hasta que se haga costumbre, que no
es posible juzgar desde una perspectiva del privilegio; que debemos evolucionar
con la sociedad de la que somos parte y a la que servimos; y que debemos
rendirle cuentas de nuestro actuar”. ¿Por qué hasta hoy? Digo.
@msanchezlimon
