Tal vez porque se aproximaba el Día de
los Santos Inocentes, quizá consecuencia de las fiestas en las que todo se
olvida y perdona, probablemente factor de la justicia selectiva, impunidad que
indigna, corrupción que envilece, pero el hecho es que nadie se acuerda o no
quiere acordarse de Ángel Heladio Aguirre Rivero.
¿Quién y por qué lo protege? Una
versión que circuló a principios de diciembre pasado en las redes, aludía a la
inminente reaparición de Aguirre Rivero en la actividad política.
Francamente fue una broma de mal gusto.
Porque si el ex gobernador de Guerrero se precia de ser inteligente,
mínimamente, lo menos que puede hacer es salir de ese bajísimo perfil que le
recomendaron mantuviera luego de comparecer ante el aún procurador General de
la República, Jesús Murillo Karam, para dar su versión respecto de los hechos
ocurridos la noche del 26 de septiembre del año pasado en el municipio de
Iguala.
Sin embargo, nadie conoce pormenor
alguno de aquella comparecencia ni texto en el que se citen los argumentos del
Ministerio Público de la Federación para no detener o arraigar a Ángel Heladio,
porque indudablemente tiene responsabilidad en aquellos hechos que se han
significado como la piedra en el zapato del presidente Enrique Peña Nieto y que
estuvo a punto de descarrilar a su administración. Aunque del grave embrollo en
el que lo metió nadie lo salvó.
¿Por qué se ha mantenido bajo reserva
la declaración ministerial de Aguirre? ¿No hay elementos para fincarle
responsabilidad, por ejemplo, de omisión frente a hechos delictivos de suyo graves?
Veamos. El 15 de noviembre de 2014, al
ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, un juez federal
le dictó auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en la comisión
de delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio. Se le señala como
autor intelectual de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de
Ayotzinapa.
Y, bueno, este lunes 5 de enero de
2015, la Procuraduría General de la República consignó a María de los Ángeles
Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, al penal federal “El RincónW, sito en
Tepic, Nayarit, muy lejos de su marido y cómplice que se encuentra recluido en
el penal de alta seguridad del Altiplano, acusada de la comisión de los delitos
de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Empero, un factor especial de la
llamada pareja imperial es su relación, estrecha y de complicidades, sino que
incluso de dirección o jefatura, con el llamado cártel de los Guerreros Unidos,
un grupo delictivo que bajo el manto protector de autoridades municipales,
estatales e incluso federales, como se ha conocido, operó en la zona norte del
estado de Guerrero y sus colindancias con Morelos y Michoacán.
¿No estaba enterado de esas actividades
el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero?
La pareja imperial fue detenida en un
poco claro operativo desplegado por la Policía Federal la madrugada del 4 de
noviembre del año pasado, en una populoso colonia de la delegación Iztapalapa,
en el Distrito Federal.
Lo que llama la atención, es la
facilidad con la que, después de una serie de baladronadas como aquella de que
si con su renuncia se solucionaba el caso Iguala-Ayotzinapa, entonces
renunciaba, finalmente Aguirre Rivero pidió licencia, atendió a la
recomendación de quien le ha tendido el manto protector de la impunidad y se
fue al Distrito Federal a vivir, a esfumarse mientras el ambiente se enfría.
Así ha ocurrido y, salvo alguna que
otra mención circunstancial, de Aguirre Rivero no se sabe nada más. Nada que no
sea la preeminencia de la impunidad. ¿Es inocente? ¿No tuvo ninguna relación
con la pareja imperial? ¿Es mentira la versión de que con traje de luces y de
la mano de doña María de los Ángeles daba faena a don Pepe Luis Abarca?
Dicen que el que calla otorga. Pero más
allá de esta conseja popular se ocultan las razones por las que Ángel Heladio
no ha sido llamado a cuentas como procede en una investigación judicial que se
digne de ser clara, objetiva e imparcial.
Tal vez y solo tal vez, Aguirre Rivero
sea la joya de la corona con la que se estrenará la Comisión Nacional
Anticorrupción, o como finalmente se vaya a llamar este ente que está en la
decisión legislativa del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario
Institucional, a discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones
febrero-abril en el Congreso de la Unión; el último de la LXII Legislatura
federal.
Porque hoy más que nunca y rumbo a un
proceso electoral que se vaticina difícil e incluso de alto riesgo para la
seguridad nacional, PAN y PRI están en condiciones de demostrar que hay
voluntad política para combatir a la impunidad y la corrupción en las ligas
mayores.
Del lado del PAN, como se ha visto con
el caso del diputado local de la ALDF, Édgar Borja Rangel, hay ganas de
demostrar que no tolerará más escándalos. Vaya, incluso el senador Javier
Lozano Alarcón, que no es simpatizante del grupo de Ricardo Anaya, estimó que
casos como el de Borja dañan al blanquiazul rumbo al proceso electoral.
Y, en el espacio del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, coordinador de la diputación federal priista y presidente de la
Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, aceptó negociar con su
contraparte panista, José Isabel Trejo Reyes, los términos de una legislación
en materia de anticorrupción.
De concretarse el acuerdo en una
reforma, incluso constitucional, bien uno de sus primeros clientes sería el ex
gobernador de Guerrero y, ¿por qué no?, algún otro de estos virreyes que
presume de cercanísima amistad con el Presidente de la República y, por ende,
transita por la vida como si tuviera la conciencia limpia.
¡Ah!, pero esa tarea anticorrupción en
el combate a la impunidad también debe alcanzar, porque son evidentes los
cargos, a quienes solapan, financian y prohíjan actividades de dizque
luchadores sociales que se han montado, en este turno, al caso de los
normalistas de Ayotzinapa que, por otro lado, no son monaguillos ni querubines.
Una investigación despojada de
complacencias y veleidades, daría frutos en lo que demanda la sociedad, la
verdadera, no aquella de jeans de marca que grita en la consideración de que es
un plus protestar: fin a la impunidad y prisión a los corruptos.
Por cierto, hábiles, Chuchos, Bejaranos
y Lópezobradoristas dejaron el paquete de Iguala y Ayotzinapa al gobierno
federal. ¿Los investigarán? Digo.
MIÉRCOLES. “Cambios en el Gabinete. En
un sistema democrático, ante las fallas en el ejercicio del servicio público,
existen responsabilidades políticas. El gobierno federal debe hacer cambios en
su gabinete en las áreas que sean necesarias para mandar mensajes claros a la
sociedad de que existe la voluntad para hacer las cosas de una manera
diferente. Mantener la actual integración del gabinete abona a la percepción de
impunidad que la sociedad tiene sobre el gobierno”, dicen senadores del PRD
encabezados por Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. ¿La varita mágica? Conste.
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