La frase atribuida a Napoleón Bonaparte "Si quieres que algo sea hecho nombra un responsable, si quieres que algo se demore eternamente nombra una comisión", en México ha sido aplicada puntualmente desde aquellos días del echeverrismo que se alzó justiciero y rompió con el diazordacismo, al que responsabilizó de todos los males que aquejaban al país, en especial la herencia de crímenes y latrocinios.
Luis Echeverría
Álvarez desplegó todo un proceso para alzarse salvador de la patria --¡Arriba y
adelante!-- que entrañó la pauta de amnistiar a quienes participaron en el
movimiento estudiantil y llevar supuestas garantías de justicia a médicos,
trabajadores ferrocarrileros, campesinos, que fueron perseguidos y reprimidos
durante la gestión de Gustavo Díaz Ordaz, aunque esa mecánica de acallar
protestas databa desde los días en que el país concluía la etapa armada e
ingresaba en escenarios de la lucha por el poder.
Y si Díaz Ordaz
desde la máxima tribuna política de la nación, es decir, el Congreso de la
Unión asumió toda la responsabilidad por los hechos del 2 de octubre de 1968,
Luis Echeverría fue un puntual justiciero que hizo propia la segunda parte de
la máxima de Napoleón Bonaparte: “(…) si quieres que algo se demore eternamente
nombra una comisión”.
En efecto, en cada
punto que tocaba en esas giras de variado color populista, Echeverría Álvarez
ordenaba crear fondos, comisiones para investigar denuncias y prometer
justicia. Así, a demandas de indígenas y campesinos la respuesta fue la
creación de, por ejemplo, Productos Forestales de la Tarahumara (Profortarah),
dizque para hacer justicia a los rarámuris cuyos bosques eran arrasados por
talamontes.
O el Fondo Nacional
de Fomento Ejidal creado en 1971 y luego convertido en Fideicomiso Fondo
Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) en junio de 1976, vísperas de que José
López Portillo relevara en la Presidencia a Luis Echeverría Álvarez, para hacer
justicia a ejidatarios y proteger la propiedad otorgada desde aquellos días de
la accidentada administración de Venustiano Carranza.
Y con López
Portillo, de cuya gestión abrevó el licenciado López Obrador, cuando buscaba ser dirigente del
PRI tabasqueño en aquellos días de enero de 1977, cuando se creó la
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR),
cuya encomienda era "articular acciones que permitieran que las zonas
rurales marginadas contaran con elementos materiales y de organización
suficiente para lograr una participación más equitativa de la riqueza
nacional”. ¿Le suena conocida la oferta?
Bueno, bueno. Vale la pena retomar la referencia de que el
primer director de la COPLAMAR fue el hoy director general de Seguridad Alimentaria
Mexicana, Ignacio Ovalle Fernández, quien fue embajador en Argentina y Cuba en
el gobierno de Miguel de la Madrid, amén de director de la Conasupo, cargo en
el que lo nombró Carlos Salinas de Gortari.
En esos organismos, un factor común fue la corrupción. Lo
mismo en Profortarah que en el Fifonafe y la Coplamar con acentuada referencia
en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) que sirvió, entre
otros factores, para acusar a Raúl Salinas de Gortari de transar compra de
leche en mal estado; el director general era Ignacio Ovalle Fernández quien
compareció como testigo de cargo contra Raúl Salinas. ¿Justicia a modo?
Sí, corrupción, sí, impunidad. Justicia selectiva para el
cobro de facturas en las administraciones que el licenciado López Obrador acusa
neoliberales, aunque pone a salvo a Luis Echeverría y nada atribuye a su amigo
y protector Ignacio Ovalle Fernández, quien recientemente estuvo a punto de
renunciar al organismo que tiene mucha similitud con el Sistema Alimentario Mexicano
(SAM) creado en la administración lópezportillista y que estuvo inmerso, amén
del fracaso para garantizar la independencia alimentaria del país, en
acusaciones de corrupción.
Y el combate a la corrupción ha sido la bandera de Andrés
Manuel López Obrador, como lo fue en otras administraciones, como en la de
Miguel de la Madrid --cuyo lema de campaña fue la “renovación moral de la
sociedad”—comprometida con el combate contra la corrupción al grado de crear la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación que devino en la
Secretaría de la Función Pública, un ente con mucho ruido y pocas nueces.
¿Qué ha ocurrido? Unos cuantos pillos han ido
a prisión, funcionarios de medio pelo y algunos políticos de nivel que fueron
chivos expiatorios en el cobro de facturas políticas, como el caso del
ingeniero Jorge Díaz Serrano que fue desaforado como senador y encarcelado en
la naciente gestión de Miguel de la Madrid.
Y, bueno, resulta que el licenciado López
Obrador ha procedido en similares términos de sus odiados antecesores de la
época neoliberal. Porque, Emilio Lozoya Austin ha resultado un chivato cuyas
declaraciones han servido más para avivar la hoguera justiciera sin delincuente
de cuello blanco alguno quemado en la Plaza Mayor.
Desde su toma de posesión ha blofeado. Acusó
que en el proyecto del aeropuerto internacional de Texcoco había corrupción e
incluso aseguró que en los terrenos que quedarían del actual Aeropuerto
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, se construiría un
gigantesco desarrollo mobiliario y comercial en el que estaban involucrados
políticos y empresarios.
¿Qué ocurrió en materia de justicia? Nada,
absolutamente nada. Se canceló el proyecto de Texcoco y se indemnizó a
empresarios que habían invertido en la obra. Y nadie fue a prisión, nadie.
Además, le echó una palada de olvido al tema del enorme mall y el desarrollo
tipo Santa Fe.
Y no es aventurado garantizar que quedará como
promesa la oferta de que se procederá contra quienes se beneficiaron de la
corrupción en los 109 fideicomisos que han pasado a mejor vida una vez que la
mayoría senatorial voto por su extinción.
En la conferencia mañanera del miércoles 21 de
octubre, el licenciado López Obrador anunció el enésimo acto justiciero. Lea
usted:
“(…) En este último caso, el de los fideicomisos, esto
es apenas el prólogo, la introducción, vamos a profundizar, porque es una
muestra de la corrupción que imperó durante mucho tiempo y esto explica el
porqué de este movimiento en contra de la decisión que tomamos de cancelar los
fideicomisos y los fondos.
“Quiero
dejar de manifiesto que no es algo sorpresivo, lo ofrecimos en campaña, bueno,
en el marco de acabar con la corrupción, que es el principal problema de
México, la peste funesta que más ha dañado a México, la corrupción.
“Bueno,
en ese marco hablamos de cancelar estos fideicomisos y estos fondos para
utilizar los recursos, el dinero, en beneficio del pueblo, porque todo esto no
llegaba a la gente, no les llegaba a campesinos ni a indígenas, ni a obreros ni
a integrantes de clases medias, todo esto se quedaba arriba, en beneficio de
unos cuantos, de verdaderas mafias.
“Por
eso, cuando tomé posesión, el día 1º de diciembre de 2018 aquí en el Zócalo di
a conocer 100 compromisos y uno de esos compromisos fue precisamente el de
eliminar estas lacras, estos fideicomisos y utilizar ese dinero en beneficio
del pueblo de México, y eso es lo que estamos haciendo (…)”.
Y adelantó
que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
iniciará una amplia auditoría financiera, administrativa y técnica de los
fondos y fideicomisos. Y ofreció: “vamos a procurar
tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar
informando a los mexicanos caso por caso (…) y de hallar evidencias de
corrupción y mal manejo de recursos se presentarán denuncias penales en la
Fiscalía General de la República”.
¡Excelente! Justicia,
justicia claman las masas. A prisión los corruptos de ayer y de antier. ¿Y qué
con los de hoy? Y qué con Pío López Obrador y David León, John Ackerman y la
doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y Manuel Bartlett Díaz y su hijo y
Zoé Robledo y…
Pero, bueno, juzgue usted: el
licenciado presidente hizo eco de la frase de Napoleón Bonaparte y creo una
comisión en la que nombró, entre otros, a José Antonio Álvarez Lima como parte
de un equipo que se presume experto en actos de corrupción. ¿Caiga quien caiga?
Andrés Manuel, impunidad es corrupción. Digo.
@msanchezlimon
