viernes, 30 de agosto de 2013

Entresemana Justicia a secas Moisés Sánchez Limón

A punto de rendir su primer informe de gobierno, Enrique Peña Nieto enfrenta la mejor embestida de desprestigio y provocación orquestada contra su administración, que el 1 de diciembre del año pasado irrumpió con violenta bienvenida al retorno del PRI al máximo cargo de elección popular en el país: la Presidencia de la República.

Decíamos que Peña Nieto en forma alguna estaba en obligación de legitimar su gobierno. Sin embargo, se operó fina y sigilosamente el golpe contra el cacicazgo magisterial que el PRI prohijó en 1989 en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con Elba Esther Gordillo Morales como pieza central en ese ajedrez que mantiene en crisis permanente al sistema educativo nacional.

Fue la aprehensión y encarcelamiento de la maestra Gordillo una especie de manotazo de Peña Nieto para demostrar que hay mando, poder y decisión. Empero, la forma en que se ha conducido el proceso contra la ex lideresa del magisterio oficial, su reclusión en un área de la torre médica del penal de Tepepan, por los rumbos de Xochimilco, llama a sospecha de una obra bien montada.

Y es que, tal vez usted estará de acuerdo en que todo el mundo pensamos que después de la maestra habría otros caciques y delincuentes de cuello blanco en un singular carrusel de aprehensiones y consignaciones ante juzgados penales. Pero no. Los Deschamps, Flores y etcéteras lo mismo del dizque sindicalismo independiente que del oficial, andan por ahí en la pasarela de la impunidad.
¿Así se ataca a la impunidad y atiende a la demanda de justicia y legalidad de millones de mexicanos? Con peleas arregladas sólo se resuelve la inmediatez mediática y se vuelve a más de lo mismo con el consecuente descrédito.
No, no se trata de emprender campañas de linchamiento y meter a prisión a tanto delincuente que transitó por el sector público en los últimos doce años y que engruesan a ese interesante sector de los nuevos ricos. Se trata, simple y llanamente de aplicar la ley, atender denuncias, desempolvar expedientes que jueces y funcionarios públicos corruptos convinieron en mandar al archivo muerto y declarar, en el ámbito jurisdiccional, la no acción penal contra quienes se documentó la comisión de delitos.

Veamos un buen arranque. Cuando Jesús Murillo Karam asumió el cargo de procurador General de la República, sus primeras decisiones generaron un buen ambiente en esos escenarios donde, de siempre, ha campeado la impunidad y el uso de la procuración de justicia para el cobro de facturas políticas y personalísimas.

Me cuentan, por ejemplo, cómo en su momento desde Los Pinos ordenaron al entonces fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla emprenderla, a como diera lugar, contra Raúl Salinas de Gortari. Pero al paso de los años, los delitos cometidos contra la administración de justicia por Chapa Bezanilla y su entonces jefe y cómplice Fernando Antonio Lozano Gracia, siguen impunes.

Tal vez llegó el momento de aplicar la justicia a secas. Es necesario, fundamental no para legitimar al gobierno de Peña Nieto, que se meta en cintura a quienes solventan, financian, pagan esas movilizaciones del magisterio disidente que ya no sólo demanda derogar la reformas a leyes secundarias en materia de educación, sino a la Reforma Educativa completa, y advierte quedarse en la capital del país para frenar otras reformas como la energética.

Tal vez, reitero, ha llegado el momento de aplicar la ley. Al gobierno de Peña Nieto se le quiere calificar de represivo, de asesino de luchadores sociales. Por eso la virulenta provocación, por eso los destrozos como desahogo de frustraciones de estos personajes callejeros que me resisto a llamar maestros.

Tal vez el país, los mexicanos, estamos en el preámbulo de un camino rumbo a la normalidad, a la seguridad. Pero, junto con los provocadores debe aplicarse la ley a los funcionarios públicos heredados de administraciones recientes, que siguen pegados al erario y con el sello de la impunidad.

Por ejemplo, el fallo del juez Primero de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Hermosillo, que declara insubsistente la resolución del 20 de junio de 2009, mediante la cual se desechó el ejercicio de acción penal contra servidores públicos involucrados en el incendio de la Guardería ABC, en la capital sonorense, es una buena noticia contra la impunidad.

En julio pasado, la PGR informó que se habían realizado más de medio centenar de diligencias como parte de una nueva línea de investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el Grupo Manos Unidas por Nuestros Niños.

Recordará usted que se procedió contra 29 personas, pero sólo está en prisión Delia Irene Botello Amante, ex coordinadora zonal de Guarderías del IMSS. Los entonces, gobernador, Eduardo Bours Castelo y director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, se consideraron libres de culpa. Pero esta resolución del juez los pone en el dintel de la acción penal.

Justicia a secas, ayuna de componendas, despojada de esos asegunes que tanto irritan a la sociedad, es la que debe aplicarse una vez que el presidente Peña Nieto rinda el informe del estado que guarda la república, porque evidentemente se encuentra inmersa en un estado de insultante impunidad y violenta provocación. Conste.