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| GABY CARMONA ASTUDILLO |
Al hacer una reflexión sobre el caso del periodista asesinado Jorge Torres Palacios, es un hecho lamentable porque es el reflejo fiel de la corrupción que impera en todo el sistema de procuración y administración de justicia en el estado de Guerrero, en donde los “sabios de elite” foráneos que trajeron reventados y reprobados en el examen de evaluación que aplicó la Procuraduría General de la República - de donde fuera corridos - nada hicieron para investigar y localizar el paradero del periodista, a quien le negaron esa estatus.
Esos investigadores de elite y el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, deben estar presentando su renuncia al cargo que actualmente ostentan por la simulación que han mostrado en éste y otros casos más.
La corrupción desmedida que se vive en todo el sistema Judicial del Estado de Guerrero, debe terminar ya, toda vez que en el Tribunal Superior de Justicia no exista dinero en el llamado Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.
Como tampoco existe la carrera judicial porque para obtener el nombramiento de Juez hasta Conserjes de la Adjudicatura, deben ser familiares de los Magistrados en turno los que ocupen esos cargos, dejando fuera de la jugada a abogados verdaderamente honorables e inteligentes.
Y que podemos decir de los juzgados que no tienen vigilancia alguna y en donde la corrupción es verdaderamente escandalosa en la aplicación de la Justicia y está a la venta del mejor postor.
Para nadie es un secreto, los grandes negocios que están realizando los Magistrados del Poder Judicial del Estado a través del llamado “Programa para la Revisión de Casos de Indígenas” que formaron exprofeso los actuales Magistrados, cobrando por ello una comisión económica importante aparte del enorme sueldo que ya tienen como Magistrados.
Es un secreto a voces en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia que Lambertina Galeana Marín es solo una titular de “membrete” en ese organismo que se jacta de ser autónomo, toda vez que el Secretario General de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, sigue siendo el poder tras el trono.
Es tiempo de que el jefe del ejecutivo- o quien venga a gobernar los próximos años, -haga un despido masivo de los Magistrados porque han corrompido la administración de la Justicia.
La situación se vuelva más grave cuando al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, no se ha otorgado la capacitación y preparación a los agentes del Ministerio Público que habrán de intervenir en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que representaría entonces que existe un desvío de recursos federales. La pregunta es ¿Quiénes son los beneficiarios?
Habrá quien afirme y sostenga que la dependencia está enviando a ciertas personas a que reciban un curso o muchos cursos de capacitación, pero lo que no se sabe, es a qué nivel lo están haciendo y sí quienes lo están cursando son las personas adecuadas.
Por qué los “sabios” de la Procuraduría que encabeza el reprobado Iñaki Blanco Cabrera, simularon que investigaban el Caso del periodista Jorge Torres Palacios, a quien le negaron otorgarle el estatus de periodista? ¿A quien protegían o protegen?, Quién le dijo que Jorge Torres no era periodista, su trayectoria habla por si sola.
Iñaki Blanco Cabrera y su equipo deben irse de la Procuraduría de Justicia de Guerrero y con sus renuncias al cargo, el jefe del ejecutivo estatal estaría enviando una buena señal al gremio periodístico de Guerrero, en el sentido de que la investigación de este caso habrá de llevarse hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y trátese de quien se trate.
De seguir Iñaki Blanco y su equipo en el cargo de Procurador de Justicia, entonces estaremos condenados todos a ir a parar a una fosa clandestina. Así de sencillo.
