No fue burla, ni imposición
o necesidad, simplemente fue una petición expresa de las propias autoridades
estatal y municipal para que la federación se hiciera cargo de la seguridad
pública en la franja turística de Acapulco y particularmente el tramo conocido
como la avenida Costera. En esta arteria solo vigilarán el tránsito de
vehículos y personas los elementos de la policía federal, mientras que a los
elementos de la policía preventiva y de la policía vial los expulsaron, literalmente, sin dar
explicación alguna a la ciudadanía sobre dicha decisión.
Lo mas curioso de este hecho,
que nos debería de preocupar y ocupar, es que el propio presidente municipal de
Acapulco, Manuel Añorve Baños, no solo decidió dejar de ejercer su función como
autoridad local y desatenderse de una responsabilidad constitucional sino que también
aplaudió dicha medida.
No ocurrió lo mismo con el
gobernador Ángel Aguirre Rivero en cuanto a festejar que la policía federal
cuidara de una parte de la ciudad de Acapulco, aunque también declinó—quién
sabe porqué—ejercer su autoridad para proveer de tranquilidad a los que
habitan—y visitan temporalmente—el estado de Guerrero.
Ni los propios juristas de
esta entidad ni los defensores de la soberanía estatal ni quienes están en
contra de la injerencia del gobierno federal en asuntos que compete resolver a
los propios guerrerenses han alzado la voz para denunciar tal atropello, pues
si de algo no nos podemos olvidar, son de los abusos que en otros tiempos
cometieron (policía judicial federal, elementos del ejército mexicano) contra
la población con el prurito de combatir la siembra y el tráfico de
estupefacientes y después para realizar actividades de contrainsurgencia, dando
como resultado la llamada guerra sucia.
Quizá algunos digan que esos
eran otros tiempos, cuando el autoritarismo gobernaba a lo largo y ancho del
país y no había otra voz ni otra representación a la que atender que no fuese
al presidente de la República. Pero el caso es que ahora, tras casi medio siglo
de distancia, las cosas han cambiado y se ha reformado el ejercicio del poder y
se han impulsado prácticas democráticas que debieran atenderse puntualmente y
no solo cuando a ciertos grupos o gobernantes les conviene, como es el caso que
comentamos.
Habrá que recordar que en la
Constitución del estado libre y soberano de Guerrero, en el artículo 74,
capítulo V, que habla de las atribuciones
del gobernador dice: …proveer por todos los medios que disponga la
tranquilidad seguridad y salubridad pública en igualdad de circunstancias para
todos los habitantes del estado.
Luego entonces, el
gobernador Aguirre debió de asumir, ante la incompetencia del gobierno
municipal de Acapulco, la salvaguarda de los intereses de los habitantes de
este municipio y por ningún motivo dejar que otra instancia de gobierno lo
hiciere.
También tendríamos que
señalar que al alcalde de Acapulco, doctor Manuel Añorve Baños se le olvidó que
el artículo 115 constitucional que habla de lo que es el Municipio Libre, en el
inciso III dice que Los municipios
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguiente: h)SEGURIDAD
PUBLICA en los términos del artículo 21 de esta Constitución , policía
preventiva municipal y tránsito.
Como se puede ver, las
autoridades locales—estado y municipio—tienen la obligación de proveer de estos
servicios a la comunidad y no dejar en manos de otra instancia esta
responsabilidad, so pena de que volvamos a sufrir otra vez los abusos de un
poder ajeno a nuestro territorio. No olvidemos que somos una República federada
y por lo mismo lo que se prevé para casos de excepción son la coordinación, mas
nunca la subordinación, como es este penoso caso que vivimos hoy en el puerto
de Acapulco.
Recordemos que desde hace
varios meses el gobernador del estado firmó en la ciudad de México un convenio
con la federación para poner en marcha el operativo Guerrero Seguro a fin de
que la federación combatiera en franca coordinación a la delincuencia
organizada y particularmente lo que tiene que ver con el narcotráfico y por
ende, bajar los niveles de violencia que estos grupos habían incrementado a
niveles alarmantes y que constituían una amenaza para la principal fuente de
ingresos de esta entidad que es el turismo nacional y lo que queda del
extranjero.
Sin embargo, durante estos
operativos, la federación se dio cuenta y así lo ha externado, de que las
policías en esta entidad estaban infiltradas por los capos de las drogas y por
lo tanto los niveles de confianza hacia estas corporaciones eran ínfimos.
Si bien es cierto que a
partir del operativo Guerrero Seguro los niveles de ejecuciones y violencia en
este municipio bajaron sensiblemente, no han logrado mantener la tranquilidad
deseada para que el turismo repunte y se haga gala que esta ciudad—otrora
centro de diversión—está fuera de peligro y de actos violentos.
Unos días antes de que la
federación se hiciera cargo de la vigilancia de la avenida costera por 12 horas
consecutivas—a partir de las 8 de la noche y hasta las 8 de la mañana—se
registró un acto de extrema violencia en la playa de Caleta, donde hombres
vestidos de civil entraron a la playa y frente a cientos de turistas le
dispararon a un hombre a quemarropa y lo dejaron muerto ante el pánico de los
que ahí se encontraban.
Lo peor del caso es que a
unos metros de donde se ejecutó a dicha persona hay un módulo de seguridad
pública, pero sin ningún policía. Esto facilitó la huida del agresor y solo se
detuvo a uno de los acompañantes. Esto quizá fue la gota que derramó el vaso.
Unos días antes, en este
mismo lugar, a unos pasos del crimen, tanto el gobernador como el alcalde y el
hombre mas rico del mundo, Carlos Slim, se reunieron para lanzar a los cuatro
vientos el acuerdo para reactivar esta zona deprimida y que fue la que dio
brillo y prestigio al Acapulco que hoy se conoce a nivel mundial.
Por lo tanto, algo se debía
hacer y lo que se les ocurrió a las autoridades locales fue desatenderse de
esta responsabilidad de otorgar seguridad pública a los ciudadanos, pasándole
la estafeta a la federación, la cual puso como requisito el que la franja de la
costera estuviese limpia de policías preventivos y de vialidad, pues no se les
tiene la mas mínima confianza y se teme que sean halcones disfrazados al servicio de la delincuencia organizada.
Sea o no exacta la hiopótesis,
el hecho mismos de que las autoridades hayan decidido no ejercer su
responsabilidad constitucional nos envía el mensaje de que no tenemos autoridad
municipal ni estatal la mitad de cada día y los ciudadanos no sabemos a qué
autoridad ocurrir en caso de excesos de autoridad de los policías federales a
cargo de la avenida Costera en Acapulco.
Los guerrerenses y los
acapulqueños votaron por el gobernador y el alcalde de Acapulco para que sean
sus representantes y por lo tanto quienes velen por la tranquilidad y el
progreso de la entidad y la ciudad y no pueden reconocer que una autoridad
ajena a nosotros ejerzan las funciones que deben desplegar los auténticos
representantes populares.
Y parafraseando al
empresario Alejandro Martí les decimos: ‘’si
no pueden, ¡renuncien!’’
Periodista
y Analista Político*
