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| Rodrigo Huerta Pegueros |
Lo que está
sucediendo ahora en el vecino estado de Michoacán, no es para nada diferente a
lo que ocurrió hace varios meses atrás en el estado de Guerrero, cuando las
fuerzas federales, atendiendo el llamado del gobernador Ángel Heladio Aguirre
Rivero, acudieron a enfrentar a los grupos criminales que envolvieron en forma
violenta y drástica la mayoría de los municipios y provocaron el surgimiento de
los llamados grupos de autodefensa que ocuparon territorios rurales y urbanos
que estaban en una situación de indefensión frente a quienes se dedicaban a la
extorsión, el secuestro, el cobro de piso, la violación de mujeres y la venta
de estupefacientes en forma impune.
La aparición de
los grupos de autodefensa o comunitarios en el estado de Michoacán fue
provocado por cuestiones similares a las de Guerrero, donde los carteles de las
drogas, obligaban a los productores y a los explotadores de minas o
comerciantes de cualquier tipo y nivel e incluso a funcionarios públicos de los
ayuntamientos y el gobierno estatal, a entregarles ciertas cantidades de dinero
en forma mensual o de lo contrario sufrirían de actos violentos.
En Guerrero está sobradamente
documentado que los empresarios de los principales municipios se quejaban de
ser igualmente tratados por los criminales y extorsionados, con la complacencia
y muchas de las veces, con la participación de las propias autoridades
policiacas que permitían, coadyuvaban y operaban a favor del crimen organizado.
La respuesta del
gobierno estatal fue siempre el que no estaban preparados para enfrentarlos y
que solo con la participación de la federación podrían hacerle frente a este
flagelo que no solo consistiría en
erradicar la producción y comercialización de drogas, sino frenar y desterrar
los delitos del secuestro, extorsión, pago de piso y violación a mujeres que
cometían y siguen cometiendo las bandas de criminales.
Lo que había
entonces en la entidad era a luces, un gobierno fallido, un gobernante que no
tenía posibilidad de cumplir con su responsabilidad primigenia de otorgar seguridad
pública y protección a los ciudadanos, acompañado de gobiernos municipales
igualmente débiles e indefensos, pero sobre todo cooptados por los cárteles de
las drogas.
El gobierno
federal llegó a Guerrero en auxilio a la población y realizó una serie de
acciones para descontaminar primero a las fuerzas policiales del estado y los
ayuntamientos, los cuales por cierto, salieron mal calificados y por ende
imposibilitados a ser parte de las nuevas corporaciones de seguridad pública.
La violencia
desatada en las regiones de la tierra caliente, de la capital del estado, en la
región de la costa chica y la montaña y en el municipio de Iguala y Acapulco,
tuvieron sus etapas de contención y lograron disuadir a los cárteles de las
drogas y evitar los enfrentamientos violentos, los cuales ahora se dan en
diferente contexto y en lugares alejados de los centros urbanos.
La situación de
Guerrero en el caso de su incapacidad para atender la demanda social, no solo disminuyó sino que se agravó con la
presencia de los fenómenos naturales que azotaron la región durante el pasado
mes de Septiembre y que afectó seriamente a varias regiones y particularmente a
municipios como Acapulco, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo, Coyuca de Benítez y
Tixtla.
Los daños causados
no han sido reparados y las familias damnificadas han sido poco menos que
atendidas por los gobiernos federal y estatal, no digamos por las autoridades
locales que fueron desde un principio hechas a un lado por la federación.
Durante los
eventos realizados por los gobiernos federal y estatal para atender a los
habitantes damnificados, una vez mas el gobernador Aguirre Rivero fue seriamente
cuestionado por la ciudadanía que solicitó al mismísimo presidente de la
República, Enrique Peña Nieto que la ayuda se canalizara a través de
funcionarios federales pues no se tenía confianza en el gobierno estatal.
Una vez más, el
gobierno local quedó expuesto ante la federación como una institución
desacreditada, lo cual vino a agravarse con el pronunciamiento del secretario
de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong al prometer a los ciudadanos de
Acapulco una amplia investigación sobre los acontecimientos de la tormenta
tropical Manuel que devastó varias comunidades aledañas a la zona de
playas conocida como Acapulco Diamante y que fueron víctimas de las ambiciones
desmedidas de funcionarios locales, estatales y federales que unidos otorgaron
permisos y licencias de construcción y funcionamiento de casas habitación,
establecimientos comerciales, decisiones que fueron los causantes de la grave destrucción de la flora y fauna
impactando negativamente la ecología y el medio ambiente del área.
Frente a este
cuestionamiento, tanto el gobernador Aguirre como el alcalde de Acapulco, Luis
Walton Aburto, oficiosamente ofrecieron su concurso para integrar los
expedientes y dar así con los culpables del desastre en la zona devastada por
el fenómeno Manuel.
Sin embargo, la
investigación quedó truncada al no entregar ni en tiempo ni en forma los
documentos ofertados por ambos gobernantes a la federación y la promesa de
entregar resultados por parte del gobierno federal y particularmente por el
secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quedó en el limbo.
Las
organizaciones civiles involucradas en esta demanda de esclarecimiento de los
hechos, tampoco han realizado el trabajo que les corresponde como sociedad
civil para presionar a las autoridades y demandar que se haga justicia y se
corrijan las anomalías que existan todavía en el plan director urbano de
Acapulco y particularmente para aquella zona afectada.
Tras el impasse
de la tormenta, la inseguridad pública volvió a retomar su importancia en la
entidad y cada día mas grupos de autodefensas aparecían a lo largo y ancho de
la entidad, lo cual provocó que el propio gobierno tratara de unificarlos y al
fracasar en el intento, promovió ante el Congreso del estado una iniciativa de
ley para constituir en el estado la figura de la policía rural, a fin de que
esta nueva figura fuese atendida por grupos comunitarios o autodefensas, las
cuales, una vez promulgada la ley mencionada, rechazaron tajantemente
integrarse como policías rurales.
Ha sido no
tradición sino una consecuencia, que las leyes que se emiten por parte del
legislativo son siempre consecuencia de una demanda social y en esta ocasión no
resultó así sino que fue consecuencia de una clara intención del gobierno
estatal para cooptar a quienes se alzaron en armas contra la inseguridad
pública y la presencia de criminales comunes u organizados en sus regiones que
no eran ni son hasta ahora, combatidos por las autoridades locales ni estatal y
en forma circunstancial son enfrentados por las autoridades federales.
En Guerrero, tras
todos estos acontecimientos, el gobierno federal y particularmente el
presidente Peña Nieto, llegó hasta la mismísima capital del estado para dar a
conocer que en este año del 2014 se invertirán dentro del llamado Plan
Nuevo Guerrero poco más de 30 mil millones de pesos en diferentes
obras, las más, en infraestructura carretera y menos en obras sociales y para
la reconstrucción de los municipios dañados por los pasados fenómenos naturales
se entregarían poco más de 7 mmil millones de pesos.
Sin embargo,
quedó claramente especificado que los recursos que serán invertidos en Guerrero
van a ser manejados por la federación y no por el gobierno estatal, menos por
los ayuntamientos, ya que existe ahora, una amplia desconfianza de la
federación en la forma como en Guerrero los recursos públicos son utilizados y
donde no existe la más mínima praxis de transparencia y rendición de cuentas y si
en cambio está clasificada la entidad como una de las tres con el más alto
grado de corrupción.
Con tal motivo,
la federación desplegó en Guerrero a dos personajes para atender los asuntos de
la seguridad pública y el desarrollo social que son nada menos que el
comisionado nacional de seguridad pública federal, dependiente de la secretaría
de Gobernación, Manuel Mondragón y Kalb y la secretaria de desarrollo social,
Rosario Robles Berlanga.
Luego entonces,
la entidad quedó intervenida y el gobernador Aguirre maniatado u debilitado
para operar a sus anchas y para hacerse de recursos frescos para operar este
año pre electoral.
Lo ocurrido en
los últimos días en el estado con las autodefensas y la inseguridad pública—que
será materia de otra reflexión—es reflejo de la ausencia de gobierno y de que
la procuración de justicia no es más que una entelequia ya que no tiene ni los equipos
necesarios para investigar mucho menos los agentes preparados para llevar a
cabo tales labores.
Esta es una
realidad que duele y cala frente a una situación caótica que se vive en materia
de la prevalencia del estado de derecho tal y como hace unas semanas calificó
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al realizar en terreno una
investigación a fondo sobre la operatividad de los grupos comunitarios y de
autodefensa en Guerrero.
Lo que pasa en el
vecino estado de Michoacán es cuantitativamente similar a lo de Guerrero, salvo
la forma como el gobierno federal implementó su estrategia para combatir al
crimen organizado y para regularizar a los grupos de autodefensa que estaban
implementando ya, como grupos paramilitares, acciones efectivas contra el
enemigo común que son los carteles de las drogas y los grupos que los estaban
extorsionando.
Allá en Michoacán
existe un comisionado plenipotenciario para decidir sobre seguridad y
desarrollo. Su actuación ha resultado en poco tiempo efectiva y efectista, sin
embargo, en Guerrero, los comisionados para la seguridad no han operado en la
misma forma y no han frenado ni al crimen organizado quienes no han disminuido
su accionar para la extorsión, la violación, el secuestro y la venta de drogas
y por otro lado, la comisionada para el desarrollo social no ha logrado
implementar con éxito ni siquiera la cruzada nacional contra el hambre, mucho
menos la atención a los grupos de damnificados por las pasadas lluvias quienes
todavía claman la presencia de la federación.
En Michoacán el
gobierno también está intervenido. El gobernador Fausto Vallejo es solo un
acompañante de la federación y nada puede opear con libertad, lo cual al igual
que en Guerrero, para cada paso que deba de dar, debe solicitar permiso primero
al gobierno federal.
Por eso causa
hilaridad que el gobernador Aguirre diga que para frenar la violencia y la
reproducción de grupos de autodefensa, no solicitará la intervención de la
federación, cuando esta está ahí, en forma permanente, interviniendo y un
ejemplo fehaciente y reciente es la presencia del comisionado nacional para la
seguridad pública federal, Manuel Mondragón y Kalb quien el pasado viernes 31
de Enero estuvo presidiendo una reunión sobre el tema de Chilpancingo u quier
fue no solo un mentís y un tapaboca para un gobrnante Aguirre quien no solo es
un dependiente de la federación sino que vive una creciente debilidad política e
institucional como su homólogo Vallejo, lo que se puede visualizar desde ahora,
precisamente a año y medio de las elecciones locales y la entrega del poder.
Periodista/Analista
Político*
En distintos momentos, el Ministerio Público radicó las averiguaciones previas respectivas por los delitos de homicidio, lesiones, contra la administración de la justicia y los que resultasen, concluyendo que existió responsabilidad por parte de varios servidores públicos que tenían a su cargo tareas propias de seguridad y custodia, por lo que se ejerció acción penal en su contra.
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