DESDE LUEGO QUE NO ES EL
ÚNICO. Sin embargo, el caso de Ángel Aguirre es muy particular, pues después de
ser gobernador del estado (aunque por la vía del interinato), se convirtió en
senador de la República y luego nuevamente gobernador de Guerrero. Hoy, Ángel
Aguirre, “Papa-Layo”, quiere ser diputado federal. Claro. La ley lo permite,
pero ¿es ético? ¿Es moral?
No es el único, pero sí el
más notorio, pues también René Juárez Cisneros, después de ser gobernador del
estado fue elegido como senador de la República por Guerrero, desde donde saltó
para ser subsecretario de Gobernación federal, sin que, hay que decirlo, se
haya visto un trabajo a favor del estado.
En efecto, tanto Ángel
Aguirre, primero, y René Juárez, después, no solo rompieron la regla no escrita
de permanecer alejados de la política estatal tras su paso por la gubernatura,
sino de no meterse en los asuntos del estado, en razón de que tuvieron su
oportunidad y no lo hicieron en su momento.
Sin embargo, el caso de
Aguirre Rivero es patético, aunque Juárez Cisneros tampoco se queda atrás, en
virtud de que también quiere ser diputado federal. Y es que tanto uno como otro
parece que no tienen llenadero en cuanto a estar en el poder y manejar el
presupuesto.
¿Qué impulsa a Ángel Aguirre
Rivero a ser diputado federal cuando ha sido dos veces gobernador del estado,
senador de la República y diputado federal? ¿Servirle a Guerrero, o continuar
sirviéndose del estado? ¿Es que acaso aún no tiene suficiente, y por lo tanto
quiere seguir pegado al presupuesto?
¿De verdad quiere servirle
al estado, y en particular a los habitantes de la Costa Chica, desde la Cámara
de Diputados? Y si es así, ¿por qué diablos no lo hizo cuando gobernador en dos
ocasiones, y más en la segunda, cuando dejó el gobierno del estado en manos de
sus familiares?
¿Acaso como diputado
federal, va a hacer más que como gobernador de la entidad? ¿Habrá quién le crea
que ahora sí va a trabajar, ya no por todo el estado, sino por sus paisanos de
la Costa Chica? Yo al menos no. Y lo que sí queda de manifiesto es que
“Papa-Layo” simplemente no tiene llenadero, o lo que es igual, está enfermo de
poder, y como tal quiere seguir pegado a la ubre presupuestal.
EN OTRO ASUNTO, FINALMENTE
EL Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, aunque
con reservas hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determine la
constitucionalidad de la legislación, en razón de las voces que se han
pronunciado al respecto.
El mandatario federal dijo
que de esta forma "el máximo tribunal será el árbitro legitimado para
tomar una resolución definitiva", durante la XLIII Sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública. No obstante, aclaró que no emitirá declaratoria
de protección hasta que la Corte decida su constitucionalidad.
Al anunciar la promulgación
de la Ley de Seguridad Interior, Peña Nieto dio “la bienvenida al análisis que,
en su momento, lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre
esta Ley”, tras puntualizar que durante la discusión y aprobación de esta Ley por
parte del Congreso de la Unión, distintas organizaciones de la sociedad civil,
colectivos de derechos humanos y académicos expresaron que, a su criterio, el
contenido de la Ley es inconstitucional.
“Como sabemos, corresponde
únicamente a nuestro máximo Tribunal decidir cuándo una norma se apega a la
Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.
De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte sólo puede pronunciarse
sobre una Ley una vez que ésta ha sido promulgada”, precisó.
Dijo que “ello no significa
que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad
pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”, y enfatizó: “soy
consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida
pública del país. Por eso, no emitiré declaratoria de Protección de Seguridad
Interior en los términos de esta Ley, hasta que el máximo Tribunal decida sobre
su constitucionalidad”.
En tanto, gobernadores
emanados de partidos políticos distintos, manifestaron su respaldo a la Ley de
Seguridad Interior – la cual fija los alcances de las fuerzas armadas en tareas
de esta materia- y confiaron en su pronta promulgación por el Ejecutivo, para
su entrada en vigor.
Entre los gobernadores que
se pronunciaron a favor de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior,
se encuentra el de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, así como el de Chiapas,
Campeche, Durango, Baja California Sur, entre otros, quienes asistieron a la 43
sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se aprobarán puntos
relacionados con el combate al tráfico de armas y a la actuación de la fuerza
policial.
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