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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
¿Manda el pueblo? ¿Se acabó el predominio de una minoría? ¿No hay razones para preocuparse por esta mascarada de la consulta relacionada con el NAIM?
Son preguntas elementales a este discurso de Andrés Manuel López Obrador en lo que más que una conferencia de prensa, tuvo el elemento del triunfo, la actitud de quien se salió con la suya mediante una triquiñuela, elemento de la praxis política de engañar con la verdad.
Porque, más allá de esta polarización social, de haber vuelto a confrontar a buenos y malos, de ofender en su terreno a empresarios, académicos y llamarlos conservadores e incluso golpistas, de reiterar ese desprecio que tiene por los reporteros, los periodistas más que a los medios de comunicación, llamándolos cómplices de esas corrientes contrarrevolucionarias de principios del siglo pasado, Andrés Manuel concretó esa venganza política en la que desmanteló a la considerada obra insignia del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Dejémonos de discusiones huecas. Las huestes lopezobradoristas que se asumen dueñas de la verdad, en el preámbulo del asalto al poder descalifican y linchan a quienes no se suman a su causa, ésta que sustentan como un certificado de impunidad a partir del triunfo electoral de su candidato el 1 de julio pasado, festinan este dizque ejemplo de la democracia.
Porque, a reserva de su mejor opinión, lo ocurrido la noche del domingo último cuando Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Rosenblueth, acompañado del virtual vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, informaron del resultado de esa consulta acerca del sitio en el que deberá construirse el Nuevo Aeropuerto Internacional, el voluntarismo de López Obrador apisonó el arranque de una administración que antes de asumir tareas ha generado inquietud social, por decir lo menos.
¿En serio el licenciado López Obrador pulsó todos los elementos de peso, lo mismo ambientales que técnicos y financieros para anunciar en campaña que detendría la obra del NAIM en la zona de Texcoco?
No, es evidente que privó más el deseo de la revancha, la venganza política, el ajuste de cuentas para demostrar a Enrique Peña Nieto quién manda, en una despedida en la que el calificativo de corrupto ha sido puntal de sus discursos y referencias al pasado reciente.
¿Por qué no esperar a asumir la Presidencia y encarcelar a esos corruptos? Total, meterlos a prisión no implica venganza, simplemente es el procedimiento elemental; pero Andrés Manuel optó por la vía del voluntarismo y de desmantelar al negocio que, junto con sus asesores, considera un negocio multimillonario con precios inflados y materiales caros, por citar lo menos.
Prefirió echar a la basura más de cien mil millones de pesos, porque ése será el costo de la venganza, el ajuste de cuentas. Y dice que no hay de qué preocuparse. ¿La ley?, bien gracias, porque ha pasado por encima de cualquier ordenamiento, en primer lugar el constitucional que no avala esa dizque consulta popular de evidente control y resultado elemental.
¡Al diablo con el aeropuerto! Me canso ganso. Y punto.
Por supuesto, la administración de Enrique Peña Nieto no tiene ni ha tenido mecanismos de defensa, elementos de sustento que nieguen el calificativo de corruptos. Porque, incluso, los mismos priistas reconocen que una de las causas por la que perdieron la Presidencia de la República fue por esa ausencia de honestidad y compromiso social del equipo gobernante con la sociedad a la que debieron servir, mas se sirvieron de ella.
Ni cómo defender a, digamos, Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin, o Eduardo Sánchez Hernández y ese equipo que gastó miles de millones de pesos en una desarticulada cuanto inexistente política de comunicación.
Sí, información es poder pero éste se diluye cuando no se comunica. Y, por eso, el presidente Peña Nieto fue el objetivo de todas las descalificaciones, el personaje que, en calidad de villano favorito, fue incluso hasta responsabilizado de mandar matar a los estudiantes de Ayotzinapa.
Por eso, cuando el vecino de enfrente enderezó en campaña ofertas de corte populista como acabar con el gasolinazo y detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, nadie le creyó porque se consideró inviable. Y sí, en el caso del gasolinazo, López Obrador ya no lo alude y sus alfiles en el Congreso de la Unión han salido a explicar que no, no se puede desaparecer al IEPS porque se le haría un boquete al paquete económico de 2019.
¡Ah!, pero descarrilar al NAICM es asunto de voluntarismo para cobrar la factura al gobierno saliente. Mentir y traicionar principios, treparse en mecanismos insolentes, explicaciones que por ñoñas ofenden al sentido común.
No, no hay fundamentos de carácter ambiental y mucho menos técnicos ni siquiera demográficos, porque simple y sencillamente se trataba de dar lo que hoy se denomina “aeropuertazo”, en la analogía del “quinazo”, para decirle a Peña Nieto y a la denominada Mafia del Poder, de que material está construido este equipo que irrumpió en la vida nacional antes de la fecha legal.
Dice el licenciado López Obrador que la orden, derivada del resultado de la encuesta, es obedecer; además, presume, es buena noticia que se haya optado por la construcción de dos pistas en Santa Lucia, y “antes que nada estamos contentos porque se aplicó un proceso democrático y debemos ir creando el hábito democrático. Soy optimista no tenemos nada que impida que se resuelva el problema (de saturación aeroportuaria) para 30 o 40 años”.
Dice también, que el rediseño costará 70 mil millones de pesos y no se necesitará de gasto adicional. ¿De veras?
¿Y de qué acusó a la administración de Peña Nieto? Veamos:
“Ya va a pasar a la historia la época del contratismo voraz. Lo que diría a esos empresarios y funcionarios corruptos que se vayan acostumbrando a hacer un ejercicio mental, todo un proceso de readaptación social. Se acabó la corrupción, se acabó el influyentismo (…) Se acabó el predominio de una minoría”. Y la respuesta del Presidente fue que su sucesor tendrá que pagar el costo del resultado de la consulta popular. ¡Caray! Conste.
@msanchezlimon
Al abundar sobre el tema de la transparencia, el Ejecutivo estatal puntualizó que "no hay ninguna institución en el país que no esté obligada a rendir cuentas y a transparentar el uso de los recursos públicos". Por ello, me parece muy importante que en este foro al que acuden universidades del país, acudan funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En su turno, Esperanza Morales Pérez, presidenta del Consejo Directivo de AMEREIAF, manifestó que este organismo busca ser referente a nivel nacional con proyección internacional e indicó: "Promovemos en AMEREIAF un nuevo enfoque que trascienda en la calidad educativa y que sigamos avanzando en el fortalecimiento de nuestras universidades".
