Luego de días de incertidumbre en que la capacidad de acción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue puesta en entre dicho, finalmente el órgano especializado, hizo pública la sentencia sobre paridad de género y se obliga de esta manera a los partidos políticos a que postulen a mujeres en 7 de las 15 candidaturas a las gubernaturas del próximo año.
La decisión es de aplaudirse, pero me parece que el daño ya está hecho y costará mucho, creo yo recuperar la confianza de la ciudadanía en una institución que, será de acuerdo a lo que se asoma en el horizonte, fundamental y protagónico en el proceso electoral que se encuentra en marcha.
Recordemos que el TEPJF en un primer momento dejó el tema de la paridad electoral en una suerte de “limbo” cuando informó que de acuerdo a lo establecido los partidos políticos debían respetar el principio de paridad en la medida de lo posible, atendiendo sus disposiciones internas.
La decisión que, por decir lo menos causó ámpula entre la clase política y los analistas, hizo saltar en algunos la sensación de que el Tribunal había sido incapaz de hacer valer los derechos políticos de cientos de ciudadanas. El asunto llegó a tal que la consultora internacional de ONU Mujeres, Patricia Olamendi, en su participación en una conferencia virtual del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva integrado por diputadas federales de todas las fracciones parlamentarias, advirtió que si TEPJF rechazaba la paridad en gubernaturas mujeres acudirían a instancias internacionales.
Finalmente el Tribunal rectificó y los partidos políticos deberán informar al INE, a más tardar el miércoles 30 de diciembre, las entidades donde presentarán a 7 mujeres a candidatas y las ocho en las que presentarán a varones; sin embargo queda en el aire la cuestión de si las instituciones encargadas de dar certidumbre a los ciudadanos sobre la legalidad de las elecciones más grandes de la historia estarán a la altura del reto, el tiempo avanza y el margen de error se va reduciendo.
Se aplaude que los ministros se hayan puesto de acuerdo, pero ¿acaso era tan difícil y debía tomar tanto tiempo respetar los derechos políticos de un sector de la sociedad?
