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| Moisés Sánchez Limón |
Convertida en trending
topic, la exoneración de Raúl Salinas de Gortari por una autoridad
jurisdiccional, respecto de la presunta comisión del delito de enriquecimiento
ilícito, reduce el tema a términos de buenos y malos, policías y ladrones.
Elemental. La Procuraduría
General de la República apeló a la sentencia absolutoria dictada en beneficio
de Salinas de Gortari. El caso, por ende, se ventila ahora en un Tribunal
Unitario. La historia sin fin.
Una postura similar habría
ocurrido si en abril de 1996, más que asegurarle bienes y congelarle cuentas
bancarias, el juez de la causa hubiese resuelto inocencia de Raúl Salinas.
Aunque, sin duda, en esa administración de la PGR, encabezada por el entonces
diputado federal panista con licencia Fernando Antonio Lozano Gracia, la
reacción habría sido furibunda.
El fallo del juez 13 de
Procesos Penales Federales del Distrito Federal, Carlos López Cruz, ha
contrariado a un importante segmento de la opinión pública, a políticos de
oposición por delante y a quienes en las redes sociales y mediante artículos
periodísticos aún consideran a Raúl Salinas como el hermano incómodo del ex
presidente Carlos Salinas de Gortari.
Cada quien tiene sus
razones, cada cual carga sus fardos de penas propias y ajenas, afrentas y todos
esos asegunes que la familia real en turno suele generar en su entorno social,
político y económico. Por eso, lo mismo hay quien considera que se ha resuelto
favorablemente en este juicio merced al retorno del PRI a la Presidencia de la
República, o porque de plano hubo intermediación del aún influyente Carlos
Salinas de Gortari.
Un punto es cierto en esta
sentencia absolutoria dictada el pasado 19 de julio y apelada tres días después
por la administración de Jesús Murillo Karam en la PGR: Raúl Salinas se enriqueció
a su paso por cargos públicos, o mejor dicho: amplió subrayadamente su fortuna,
mas la fiscalía, es decir, la PGR no pudo demostrar documentalmente que ello
ocurrió porque aprovechó los puestos que ocupó desde 1985 y hasta 1992.
Pero, bueno, esto no es
culpa del procurador Murillo Karam, ni siquiera de sus antecesores en el cargo
en las administraciones panistas, es decir, Maricela Morales Ibáñez, Eduardo
Medina Mora Icaza, Arturo Chávez Chávez, Daniel Francisco Cabeza de Vaca o el
general Rafael Macedo de la Concha. Tal vez sí de Jorge Madrazo Cuéllar, quien
heredó los despropósitos y pillerías de Lozano Gracia y socios durante su
gestión al frente de la PGR con carácter de policías justicieros, o lo que es
lo mismo: el brazo vengativo-justiciero de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Precisamente ésa es la
vertiente que el trending topic #RaúlSalinas no deja ver más allá del tema
coyuntural y, por tanto, mantiene ese manto de impunidad sobre aquellos que, a
pesar de la gravedad de sus delitos como funcionarios públicos, fueron
exonerados por autoridades jurisdiccionales. Impunes, sí, Fernando Antonio
Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla al frente de una pléyade de entonces
funcionarios del Ministerio Público de la Federación, aunque hubo chivos
expiatorios del calibre de Francisca La Paca Zetina Chávez que se pasó doce
años en prisión.
Contubernios con venta de
protección oficial, a personajes como Fernando Rodríguez González, el amigo del
entonces diputado federal priista Manuel Muñoz Rocha, a quien Lozano Gracia y
Chapa Bezanilla dieron por desaparecido y maniobraron para que sus bienes
fueran descongelados y entregados a su “viuda”, Marcia Cano.
¿Sabrán de esto los
diputados perredistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Esthela
Damián, Daniel Ordóñez y Efraín Morales? ¿Estará enterado de esos entretelones
el diputado federal, también perredista, Carlos Augusto Morales? Y es que estos
legisladores, a toro pasado, se rasgan las vestimentas y advierten que, en caso
de que la PGR pierda la apelación en el caso Raúl Salinas ante un tribunal de
alzada, solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el
caso.
En un exceso protagonista
justiciero, estos diputados dicen que incluso llevarán el caso ante la Corte
Penal Internacional. Protagonismo justiciero, sin duda, porque seguramente
desconocen que Lozano Gracia y Chapa Bezanilla, con anuencia y postura omisa
del entonces presidente Ernesto Zedillo hicieron de la justicia mexicana un
cochinero.
“Nos vamos a divertir”, dijo
Lozano Gracia cuando le informaron que Othón Cortés Vázquez anunció que lo
demandaría, apenas excarcelado y absuelto en agosto de 1996, también a Chapa
Bezanilla quien le fabricó el papel de segundo tirador en el caso Colosio.
Policías y ladrones impunes. ¿Algún diputado se ha preocupado por hacer
justicia a quienes, como Othón Cortés, fueron víctimas de estos justicieros?
Digo.
sanchezlimon@gmail.com
