domingo, 1 de noviembre de 2015

EPÍSTOLAS SURIANAS (Carta a Don Héctor) De Julio Ayala Carlos

SI EL DELITO POR EL CUAL fue detenido el presidente municipal de Cocula, Erick Ulises Ramírez Crespo,  al igual que un ex asesor del PRD en la Cámara de Diputados federal, es por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, ¿cómo es que fue recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora?

Cierto es que ambos fueron detenidos cuando se encontraban con  Adán Zenén Casarrubias Salgado, a quien la PGR señala como dirigente del grupo criminal Guerreros Unidos, pero, ¿eso los hace ser miembros de la delincuencia organizada?

Y es que, si la PGR no investiga, como bien dice, ¿cómo es que ahora señala al edil de tener vínculos con el crimen organizado? ¿O sólo porque lo encontró con Adán Zenén Casarrubias Salgado, quien sí tiene cuentas pendientes con la justicia?

Éstas y otras preguntas nos asaltan, y más cuando leemos que el “alcalde narco” no sólo es querido en Cocula, sino que también goza de buena fama, y en consecuencia, no se le conoce, en ese municipio de malos manejos o de que ande en malos pasos, de ahí que sea el pueblo el que exige que lo dejen libre.

Dice la PGR que la detención de estas tres personas, junto con otras siete, en el municipio de Emiliano Zapata, en la zona conurbada de Cuernavaca, estado de Morelos, fue resultado de un trabajo de inteligencia, pero no aclara si la investigación era contra todos los detenidos, o el objetivo era uno, a quien “también se le ejerció acción por delitos contra la salud”.

El asunto es simple. Si la investigación de la PGR incluía al alcalde Erick Ulises Ramírez Crespo, significa entonces que cuando era candidato a la presidencia municipal de Cocula ya andaba en malos pasos, y aún así no hizo ni dijo nada para que no llegara a la alcaldía, a pesar de que las autoridades estatales, los partidos políticos y la propia ciudadanía exigió en su oportunidad que se investigara a los aspirantes a un cargo de elección popular para que no ocurriera “nunca más un hecho como el de Iguala”.

Y si “la investigación” no incluía al edil, significa entonces que su detención fue circunstancial, es decir, que no era parte del objetivo, sino que ocurrió porque estaba junto al presunto dirigente de Guerreros Unidos, lo cual, creo yo, no lo hace culpable o de ser parte integrante de ese grupo delictivo.

Por supuesto, no se ha dicho todo en este caso, pero si la detención del alcalde fue por el hecho de encontrarse junto a un criminal, al que por cierto, todos los policías andaban buscando, bien puede ser, como dicen algunos en el PRD, entre ellos el diputado local Raymundo García Gutiérrez, que su presencia en ese lugar pudo haber sido por “un cuatro”, o porque fue obligado a estar ahí.

Y es que hay casos de alcaldes que son “obligados” a reunirse con miembros de la delincuencia organizada, ya para “pactar”, o para ser presionados a colaborar con ellos. El caso más sonado fue el del entonces presidente municipal de Teloloapan, Ignacio Valladares, y más recientemente el de San Miguel Totolapan, quien en su calidad de alcalde electo “se reunió” con un presunto miembro de un grupo delictivo. Ambos “encuentros” fueron grabados por los mismos narcos y posteriormente difundidos esos videos en las redes sociales.


Así que no sería nada raro que la detención del edil, y su posterior acusación de vínculos con el crimen organizado sea por estar “en el lugar no indicado”, y quizá, digo, quizá, contra su propia voluntad. La pregunta es: ¿la PGR reconocerá su error?