De avalar ese cuerpo de
seguridad, el actual gobierno será corresponsable de militarización: investigador
del CIDE
Al continuar el análisis
de la iniciativa que crea la Guardia Nacional, ante la Comisión de Puntos
Constitucionales, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez,
especialistas pidieron a los legisladores reflexionar la propuesta, pues
consideraron que se militarizará la seguridad pública.
Sin embargo, la diputada
María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) sostuvo que esta corporación tiene
el propósito de proteger a la ciudadanía, a través de una fuerza civil. “Es un
intento de que ciudadanos con disciplina y educación militar puedan conformar
una nueva fuerza”.
Afirmó que la permanencia
de los soldados será mientras se arreglan los problemas. “Es necesario, porque
se requiere combatir la brutal violencia. Esta Cuarta Transformación implica
cambios y tenemos que resolver un problema de inseguridad que nos dejaron
después de 12 años”.
De Morena, la secretaria
de la Comisión de Defensa Nacional, diputada Guillermina Alvarado Moreno
consideró que no debe señalarse a los militares como asesinos, pues ellos dan
la vida por los mexicanos. “La delincuencia no se acabará sólo con la Guardia Nacional.
Lo importante es que se acompañará de programas sociales respaldados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación”.
La Guardia Nacional,
explicó, no usaría equipamiento militar, sino armas oficiales. Además, la reforma para crearla es constitucional; es
decir, requiere mayoría calificada en las cámaras del Congreso, y ningún grupo
o coalición la tiene; por tanto, no habrá ninguna imposición.
Del PRI, la diputada María
Alemán Muñoz Castillo señaló que no queda clara la relación planteada entre la
Guardia Nacional y la regulación de los cuerpos de seguridad privada; tampoco
su actuación y temporalidad. Añadió que la propuesta elimina todo lo referente
a la Secretaría de Seguridad Pública.
Afirmó que “llevar la
iniciativa hasta cambios constitucionales, indican que ese cuerpo no tendrá
carácter transitorio; se modifican aspectos esenciales de las garantías
individuales; se simula como algo temporal y no contempla la profesionalización
de las policías”.
Claudia Pastor Badilla,
diputada del PRI, refirió que la Ley de Seguridad Interior planteaba la
temporalidad para atender una coyuntura en la que las policías estaban
rebasadas. Esa norma regulaba la permanencia de las fuerzas armadas, hasta en
tanto los gobiernos locales preparaban a sus corporaciones.
“Hoy el nuevo gobierno
plantea colocar a la Guardia, no en una ley, sino en la Constitución. Es
consecuencia de no haber estudiado la Ley de Seguridad Interior y haberla visto
sólo en blanco o negro”, apuntó.
El diputado Silvano Garay
Ulloa, del PT, dijo que ningún ciudadano quiere ser policía, porque la
delincuencia organizada tiene mejores armas que los cuerpos municipales,
estatales y hasta federales.
“La realidad es otra, nos
exige a los militares. Son los únicos que han entrado al tema de la seguridad
en los municipios. Aunque están entrenados para matar, también lo están para
defender”, comentó.
La diputada Martha Tagle
Martínez (MC) sostuvo que la propuesta, como está redactada, dice que la
Guardia funcionará mientras persista la inseguridad en el país; sin embargo,
está demostrado que la violencia se ha incrementado a partir de que las fuerzas
castrenses están en las calles.
Resaltó que todos los
especialistas han manifestado preocupación en torno a esa intención. “Eso debe
destacarse en el dictamen, por si en algún momento hay que ir a instancias como
la Suprema Corte”. Agregó que si bien está prohibido el abuso de los militares,
es algo que no se resolverá por decreto.
Por el PRD, el diputado
Javier Salinas Narváez manifestó que “la coyuntura no puede hacer que tomemos
una decisión tan trascendental y poner la Guardia Nacional en la Constitución”.
Indicó que los militares
no están formados para ser policías, y hay que tomar la situación con seriedad,
ya que probablemente se trata de la reforma más importante de la Legislatura.
El investigador del
Programa de Política de Drogas, del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, consideró que no hay un
diagnóstico serio sobre la creación de la Guardia Nacional. “No se plantea la
profesionalización de las policías y aunque refieren que se respetarán las
garantías individuales, es sólo un dicho; en la realidad, se violan los
derechos de las personas”.
De avalar ese cuerpo de
seguridad, el actual gobierno será corresponsable de la continuidad de la
militarización del país; además, continuó, “va en contra de lo que la Suprema
Corte ya impidió”. Exhortó a los legisladores de la mayoría “reflexionar y
pensar como oposición y ser congruentes con lo que hace algunos meses señalaban
de la Ley de Seguridad Interior”.
Lo mejor, subrayó, es
invertir en instituciones para conformar corporaciones civiles bien capacitadas
y donde sus elementos tengan la oportunidad de hacer una carrera policial
digna.
María Elena Morera Mitre,
presidenta de Causa en Común A.C, estimó que los cambios constitucionales, en
la magnitud como se plantean, cambiará el equilibrio en donde el poder civil
está por encima del militar; por eso, cuestionó la manera como se integró ese
proyecto de dictamen de tal relevancia.
Afirmó que crear la
Guardia Nacional criminalizará la pobreza y se colocarán en la Constitución los
errores de los dos gobiernos anteriores. “No es el pensamiento de una sola
organización, sino de muchas, y sobre todo de colectivos de víctimas”.
Agregó que las fuerzas
militares no tienen el mismo entrenamiento que las policías, ya que hacen
muchas acciones de inteligencia y de proximidad. “La Guardia Civil iría en
contra de lo dicho en campaña por el Presidente, pues se desprotegerá a los más
vulnerables”.
Texto y Foto: Cámara de
Diputados
