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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
¿En qué nos quedamos? Sin
duda, las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia arrastran
crisis de credibilidad atadas a administraciones federales, estatales y
municipales de todos colores y siglas. Justicia retrasada es injusticia;
justicia negada implica confabulación y prohíja impunidad.
Por eso, carentes de
credibilidad plena, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros han
sido obligados --tiempos de globalidad y por intereses políticos—a abrir
puertas a representantes de organismos internacionales para hurgar en
expedientes bajo su tutela, en busca de lo que, en lo doméstico, se niegan a
aceptar y juzgar.
La praxis política ha
dictado el proceder de las procuradurías de justicia del país y de manera
relevante de la Procuraduría General de la República, igual de los juzgados y
hasta en la Suprema Corte de Justicia, donde ministros de aparente
imparcialidad y despojados de simpatías políticas, han sido pillados en
ejercicio de acuerdos y compadrazgos que influyeron en sus fallos.
En ese tenor, respecto del
tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa, buena parte de la opinión pública se
ha inclinado por las versiones marginales de, por ejemplo, estos miembros del
llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con
remuneraciones onerosas han puesto en un predicamento al Estado mexicano.
Lo cierto es que los
gobiernos del México contemporáneo, a partir de la administración de Carlos
Salinas de Gortari, se han obligado a atender resolutivos de organismos
internacionales para juzgar asuntos y personajes nacionales. Desde las
organizaciones que vinieron a apoyar al EZLN y disfrazarse de luchadores
sociales que dieron pauta al “turismo guerrillero”.
Tenga o no razón la PGR
acerca del informe cuestionado por miembros del GIEI, la intervención de estos
expertos –quiero creer que lo son--, desmadró una investigación, la manoseó de
forma tal que ninguna de las partes tendrá el respaldo social; ambas
transitarán por linderos de la sospecha.
Y, bueno, ¿en qué otro
tema el Estado Mexicano tendrá que importar justicia? Porque, de continuar en
ese rumbo, sin asideros legales para defender por ejemplo al Presidente de la
República, qué caso tiene seguir con la PGR si ha llegado al nivel de oficialía
de partes porque, ya sea que atienda recomendaciones o sentencias de instancias
internacionales o línea para el cobro de facturas políticas. ¿Será fiscalía?
Porque los problemas de
carácter federal se acumulan y no hay evidencia que indique una decisión
política para detener a delincuentes de cuello blanco ni amigotes o bravucones
como Ángel Heladio Aguirre Rivero y Javier Duarte de Ochoa, Guillermo Padrés
Elías y Rodrigo Medina de la Cruz. Los chivos expiatorios tienen la virtud de
evidenciar sociedades perversas en el poder público y privado.
Ahí tiene usted el
creciente número de feminicidios. Porque la condición machista en sociedades de
raigambre conservadora como la mexicana, arraigo insolente que indigna, ha sido
factor generador de impunidad desde las esferas de previsión e impartición de
justicia. Decíamos.
Sólo hasta años recientes
la legislación avanzó a pasos apresurados bajo presión de organizaciones de mujeres
como ha ocurrido en las representativas de la comunidad lésbico-gay y
transgénero.
Sin embargo, pese a los
esfuerzos que desde el Estado Mexicano se han hecho para establecer un marco
jurídico sólido, con instituciones que cuentan con atribuciones expresas para
hacer políticas públicas y con fiscalías especializadas orientadas a la
investigación y sanción de la violencia de género, la realidad es que ésta
violencia se mantiene como un fenómeno social que cada día se recrudece más,
dejándose mostrar en acciones cada vez más brutales y patológicas.
Casos como los de las
jóvenes periodistas violentadas, en espacios públicos y a plena luz del día, en
la Ciudad de México y el Estado de México, así como el de una joven estudiante
que sufrió las atrocidades de una banda de juniors conocidos como los Porkys de
Costa de Oro en el estado de Veracruz, de ninguna forma representan casos
excepcionales.
Lamentablemente son
situaciones de violencia de género que cotidianamente viven las mujeres,
particularmente las niñas y jóvenes, en muchas partes del país cualquiera que
sea su condición.
La situación es
complicada, ya que más allá del castigo que legalmente deben merecer los
presuntos responsables de los delitos, las víctimas se han encontrado con un
entramado institucional que da muestras de una resistencia cómplice y pasiva
para procurar justicia frente a los hechos denunciados.
Donde también parece haber
un silencio extraño es con las titulares de los Institutos Estatales de las
Mujeres, incluido el de la Ciudad de México, y no se diga de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (la
CONAVIM), ausentes en pronunciamientos de condena o posicionamientos sobre
tales casos.
En este escenario, sólo el
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) planteó “urgente llamado” al
gobierno de Veracruz para que garantice los derechos humanos de la menor de
edad que fue violada hace más de un año por aquellos juniors apodados Los
Porkys.
La postura de Inmujeres
ocurrió más de una semana después de que el caso trascendiera públicamente en
redes sociales. Y lo hizo mediante un comunicado en el que, ¡aleluya!,
reconoció que en México la violencia sexual contra las mujeres “es una de las
expresiones más normalizada” del machismo, y muchas veces no les creen o
retrasan injustificadamente las investigaciones, lo cual debe ser sancionado.
Por ello, regístrelo, dijo
que es fundamental que el estado de Veracruz cumpla las obligaciones de
diligencia debida y adopte las medidas necesarias para que no sea
revictimizada, como ya lo ha sido. Y, vaya, sostuvo que si hay responsables por
esos hechos “deben ser llevados ante la justicia, para que rindan cuentas sobre
sus actos”. O sea. Pero, no aludió a otro caso de una menor de edad que fue
alcoholizada y ultrajada por un joven, hijo del director general de Pesca y
Acuacultura del gobierno Veracruz, Rafael Cruz Hernández.
¿Acaso no es el derecho de
las mujeres a un vida libre de violencia una de las tantas causas que promueven
y defienden desde sus instituciones?
Esto no debe ser sorpresa
para nadie. Las titulares de los Institutos y de la CONAVIM no pueden exponer
con un escándalo mayor a sus mecenas de partido, menos ahora que se tienen
elecciones en puerta. Para que luego no digan que el sistema está podrido.
Es un hecho que la
violencia de género es un asunto sumamente politizado. Las autoridades
participan, dentro y fuera del país, con sus pomposos pero estériles discursos,
y en la realidad responden con la complicidad de sus inacciones y omisiones que
sólo han servido para seguir manteniendo a la impunidad y la injusticia como
grandes amenazas en contra de las mujeres mexicanas y el debido ejercicio de
sus derechos humanos.
¿Permitirá el Estado
Mexicano que, como ha ocurrido con otros eventos similares, estos casos escalen
hasta los órganos jurisdiccionales de nivel internacional? ¿Llegarán a formar
parte de los informes periódicos ante el Comité de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la CEDAW) y
ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do Pará (el
MESECVI)? Justicia importada. Conste.
LUNES. ¿Quién es ese
personaje que parece tener el monopolio del manejo de prensa de los candidatos
priistas, vendiéndoles ideas ajenas? Dicen autorizó el discurso de Omar Fayad,
que fue una pieza impresentable. Hay que regalarle una llenadera. Digo.
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