IGUAL QUE LOS QUE INTEGRAN
LA CETEG, que en base a la presión, al chantaje, el saqueo y el robo, además de
bloquear y tomar edificio públicos, pretenden canonjías y saciar sus intereses
personales y de grupo, igual que ellos, el grupo de inconformes que mantiene
tomado el Palacio municipal de Apango, en exigencia del desafuero de la
alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez, por el hecho de no integrarlos al gobierno que
encabeza, actúa de la misma manera. Es decir, presiona, chantajea, toma la sede
del Ayuntamiento, y roba y saquea como aquellos.
Ciertamente no es nuevo lo
que hacen con el fin de conseguir sus fines. Desde hace más de una década, el
grupo encabezado por Crisóforo Nava, quien como alcalde dejó cuentas pendientes
por comprobar, al igual que Pedro Ángel cuando fungió tesorero municipal, y
eterno aspirante a la alcaldía, entre otros, han chantajeado a uno y otro
alcalde con el fin de obtener beneficios del Ayuntamiento en turno.
Lo de la opacidad que
dicen existe en el gobierno municipal es lo de menos. Lo de la exigencia de una
auditoría, también, pues el fondo del asunto es que, como en el 2009-2012,
Muñiz Gómez se niega a cumplir sus exigencias, entre ellos meterlos a la nómina
y seguir viviendo del presupuesto como siempre lo han hecho. Es decir, se niega
a mantener a parásitos y vividores.
Así lo hicieron,
ciertamente, en los gobiernos que encabezaron Viliulfo Morales Iglesias,
Gerardo Celino Flores, Felícitas Muñiz Gómez (en su primer periodo) y José
Guadalupe Rivera Ocampo, a quienes a través del chantaje y la presión
pretendieron doblegar, y en algunos casos lo consiguieron, bajo la amenaza de
“si no me das, atente a las consecuencias”.
En consecuencia, el
chantaje, la presión, la toma del Palacio municipal de Apango no es nuevo, como
tampoco el saqueo y el robo de bienes públicos, en razón de que lo han venido
haciendo desde hace mucho. Lo que sí sorprende es por qué las autoridades, pese
a las denuncias que se han interpuesto en contra de éstos, no actúan al
respecto.
Ciertamente lo del miércoles,
cuando este grupo de vividores, encabezados por Crisóforo Nava y Pedro Ángel,
que liderean al síndico municipal y a dos regidores, uno de los cuales vive en
Tixtla, invadieron el domicilio de la alcaldesa, causando destrozos, además de
saquear un almacén propiedad del Ayuntamiento y otros inmuebles particulares,
se inscribe dentro del modo de operación. Así lo han hecho siempre, y así lo
harán, sea quien sea el presidente en turno.
Pero además, el vandalismo
con el que actuaron, propio de los que integran la Ceteg, que se oponen a la
reforma educativa porque lesiona sus intereses personales, muestra que el grupo
de Apango está desesperado porque no consigue a través de la presión y el
chantaje desaforar a la presidenta municipal, a pesar de que, como les dijeron
algunos diputados en el Congreso, allí tienen amigos.
Y es que, hay que decirlo,
el desafuero de un alcalde no es de ocurrencias, y mucho menos obedece a
personales venganzas como es el caso de Apango, en donde la edil, Felícitas
Muñiz, les ganó a sus detractores “dos a uno”, lo cual no pueden todavía
asimilar, de tal forma que si no pudieron ganar la alcaldía en las urnas, lo
quieren lograr a través del chantaje y la presión, y ahora, a través del
vandalismo, de la violencia, el saqueo y el robo. Jijos!!!
Y EN OTRO ASUNTO, María
Sugey Alcocer Perulero, Visitadora Adjunta de la Comisión de Derechos Humanos
(Codehum), que preside Ramón Navarrete Magdaleno, participó en la reunión
convocada por la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales, con la
finalidad de analizar la propuesta de esa dependencia sobre la instalación de
Módulos de Atención Integral al Tránsito Migratorio 2016.
El objetivo del programa
intersecretarial que propuso la Secretaría de los Migrantes y Asuntos
Internacionales, en la que participará la Codehum, es proporcionar atención
apropiada a los jornaleros agrícolas durante su proceso migratorio desde sus
comunidades de origen, centros de reclutamiento y salida a campos agrícolas. Y
es que de acuerdo con las estadísticas presentadas por la Secretaría, un
aproximado de 40 mil jornaleros agrícolas salen del estado para trabajar en
otras entidades, principalmente en la denominada Ruta del Pacífico, mientras
que de la región Centro salen de 20 a 50 mil jornaleros agrícolas migrantes,
principalmente del municipio de Chilapa.
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