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| Martínez Garnelo |
PREGUNTA
AL MAESTRO GARNELO ¿LEY QUE TIPIFICA FUGA INFORMACIÓN COMO DELITO INCLUIRÁ A PERIODISTAS?
Pregunta con todo respeto
El gobernador Angel Aguirre Rivero, envió al Congreso del Estado, una
iniciativa de ley para tipificar como delito “La Fuga de Información” con
aparente dedicatoria a los civiles, funcionarios y policías que la hacen de
Halcones. El gobernador adelantó que, “La
fuga de información nulifica la labor del gobierno” Cierto…La iniciativa
parte de una realidad, sin embargo, el que la delincuencia infiltre a los
órganos de gobierno, no es responsabilidad de los ciudadanos, SOLO DEL GOBIERNO,
por tanto, se debe de cuidar que esta ley no atropelle derechos fundamentales, como
la libertad de expresión y el derecho a la información. De entrada, me parece,
y en espera de que el Maestro Martínez Garnelo me corrija, el poseer bienes no
es delito y eso de castigar la posesión de una cantidad determinada de
celulares, a quien sea, sea funcionario, policías o civiles por la sola
presunción de ser Halcones, se me hace inconstitucional, -a no ser que la Ley
de amparo me lo rebata- … de entrada, la iniciativa procura un buen fin, sin
embargo, al llegar a las interpretaciones será en donde la marrana tuerza el
rabo. Aquí le comento amable Lector alguna información para que sepa de qué se
trata. ¿Cuántos celulares tiene? Yo tengo dos: “Se
busca tipificar como delito la fuga de información de las estrategias de
seguridad y sancionar a los llamados “halcones” o informantes de la
delincuencia organizada, tanto particulares como servidores públicos,
incluyendo la misma policía, con sanciones de hasta 15 años de prisión”. En la razón de
motivos dice: “En los últimos años se han
diversificado y sofisticado las estrategias, métodos y técnicas de los
delincuentes para cometer delitos; y es característica común de la delincuencia
organizada contratar a gente que le proporcione información sobre las acciones
y movimientos de los funcionarios a los cuales pretenden afectar en su
integridad física o evitar acciones que combatan la delincuencia”. Los
informadores o halcones, pueden ser desde particulares hasta servidores
públicos que se desempeñan -no exclusivamente- en el sector de seguridad
pública o privada, creando una red de complicidad que permite conocer
oportunamente los operativos que realizará la autoridad e incluso llegan a
saber itinerarios de las actividades que hacen diariamente. Se detalla que a
los halcones, por la misma actividad que desempeñan, la delincuencia organizada
les proporciona además de dinero, teléfonos celulares, radiocomunicación y
sistemas de comunicación modernos y sofisticados para estar localizables y
enviar la información de manera rápida y eficaz. “Estas personas están ubicadas
generalmente en esquinas o semáforos de las vías de circulación o bien frente a
domicilios u oficinas, simulando cualquier actividad” y que dichos equipos de
radiocomunicación les permiten organizar o planear un delito o evitar acciones
u operativos de seguridad contra el crimen. Ante este panorama, se propone
adicionar un capítulo al artículo 268 Bis, sobre el uso indebido de información
sobre actividades de las instituciones de seguridad pública, procuración e
impartición de justicia y del sistema penitenciario y que señala que “al que
con objeto de planear o ejecutar un delito u obstruir la función de seguridad
pública, realice actos tendientes a obtener o transmitir mediante cualquier
medio información sobre las actividades propias de las instituciones de
seguridad pública o de procuración e impartición de justicia y de ejecución de
las penas de cualquier ámbito, o sobre cualquier servidor público, se le
impondrá una sanción de dos a 15 años de prisión y de 50 a mil días de multa. Pero
cuando el sujeto (informante) sea miembro de cualquiera de las instituciones de
seguridad pública del municipio, estado o federación, de procuración de
justicia y de ejecución de penas o haya pertenecido a cualquiera de éstas, o
haya sido agente de seguridad privada se le impondrá una pena de cinco hasta 15
años de cárcel y de 200 mil días de multa. Además, se sancionará con pena de
dos a ocho años de cárcel y de 50 a 600 días de multa a los elementos que
formen parte de las instituciones de seguridad pública que con la intención de
cometer este tipo de delitos, porten tres o más teléfonos celulares, cualquier
aparato o sistema de comunicación electrónica o de radiocomunicación o bien no
justifique su propiedad o legítima posesión. Seré suspicaz, pero, el que
está quemado con leche hasta el jocoque le sopla… ¿Estaremos incluidos en esta
iniciativa los comunicadores?... Pregunto y Digo.
