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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
El tema de la exclusión del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana del Consejo de Administración de Pemex, fue como un requisito indispensable para que prosperara la negociación de la Reforma Energética.
Y no es para menos, toda vez que su estructura feudal funciona como un holding en la paraestatal que, consecuencia de la enmienda constitucional, dizque se convertirá en una auténtica empresa dinámica y despojada de tantas y tantas ataduras políticas, fiscales y de intereses dentro y fuera de su estructura.
Ayer, en Radio Fórmula, Joaquín López Dóriga planteó al senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada senatorial priista si lo que provocó la diferencia entre el PAN y el PRI, de cara a la Reforma Energética, fue la exigencia albiazul de que el sindicato petrolero no esté representado en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.
“Lo que pasó en la madrugada –respondió Gamboa--fue que en el concepto de la nueva reforma energética, viene el concepto de empresas productivas del Estado, y ahí se menciona que serán cinco consejeros del gobierno y cinco profesionales, que van a ser de la ciudadanía, que vamos a ver en el Senado a quiénes vamos a proponer, a gente profesional que tenga el tema.
“Al sindicato se le ofreció que se le asignaban sus cinco lugares sin voto, y ellos dijeron que no”.
--¿Entonces ya aceptó el PRI que el sindicato tenga los lugares en el Consejo sin voto?, inquirió López Dóriga.
--No quiso el sindicato. Muy honestamente, el secretario general del sindicato (el senador priista Carlos Romero Deschamps) dijo: “yo voy a seguir jalando por México, voy a seguir trabajando por la empresa, no necesito estar en el Consejo sin voto; haré mi trabajo, defenderé los derechos de los trabajadores, que creo es una riqueza fundamental en la industria energética del país”. No lo aceptaron ellos, vamos a ver, todavía no se vota; ahorita empezamos a fijar posicionamientos—explicó Gamboa.
--¿Entonces el sindicato va a quedar fuera del Consejo de Pemex?—insistió Joaquín.
--Sí, así está. Todavía no se ha votado, hasta que se vote podemos afirmar las cosas—zanjó Emilio.
En este escenario de reformas constitucionales, que finalmente acabarán con el control sindical, el feudo petrolero que cuenta con un contrato colectivo que cuida hasta los tornillos, pero no crea usted que por ánimo productivo, no, hay cláusulas que ofenden al sentido común y que aterrarían a cualquier empresario que se atreviera a observar cómo sangran a su empresa.
Esto de que la representación sindical participe en las decisiones de una empresa, es asunto sano y hasta recomendable. Siempre y cuando la participación, la voz y el voto corran en rieles de productividad y responsabilidades compartidas, en las que la empresa como dueña de los medios de producción tenga su parte para reinvertir, dotar de servicios y prestaciones constitucionales a sus trabajadores y vivir del negocio.
Del lado de los trabajadores, por supuesto la primera aportación se llama productividad, seguida del compromiso con la empresa en ámbitos de responsabilidad en el cuidado de los medios de producción, pero esencialmente en la permanente capacitación para posibilitar que su empresa esté en condiciones de competir en el mercado.
En fin, en pocas palabras se trata de acuerdos que suelen plasmarse en los contratos colectivos de trabajo, con sus condiciones y reglas de operación, firmadas de común acuerdo entre empresa y trabajadores. Y ocurre en México, pero cuando se trata de una empresa paraestatal, de dependencias públicas, como ocurre con el sindicato petrolero y en su momento con el SME, o en aquellos de instituciones del nivel e importancia como la SEP, la SCyT, el ISSSTE, el IMSS o la Secretaría de Salud, la situación es bien diferente, la realidad de una burocracia privilegiada se convierte en el lastre que frena cualquier pretensión renovadora, de servicio y productividad.
En los medios de comunicación, margen aparte, la participación de los trabajadores sindicalizados en los cuerpos directivos de los diarios, las revistas, estaciones de radio y/o televisión, de siempre ha sido una aspiración con pretensiones de modernidad, competencia y productividad.
Así operaron, en su momento en Excélsior una cooperativa integrada por trabajadores comprometidos y orgullosos de una empresa a la que sólo la maledicencia de intereses sectoriales le dio al traste, como ocurrió en El Universal, donde Juan Francisco Ealy Ortiz apoyado por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, le partió el espinazo al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con la creación de un dizque Sindicato Progresista de Bienes y Servicios “Justo Sierra”, que nada tenía de vinculante con los reporteros.
Otros medios como La Jornada, cuentan con un sindicato de reconocida combatividad y compromiso con la empresa; y están los que se quedan en la negociación de intereses bastardos que en nada ayudan al gremio periodístico.
¿Sirve de algo que los sindicatos tengan participación en los consejos de administración de las empresas? La experiencia indica que esos líderes o representantes gremiales suelen sumarse a la componenda y convertirse en un símil de empresarios de pacotilla que terminan como señores de horca y cuchillo que gobiernan a su gremio desde una camarilla.
¿Podemos hablar de productividad en la SEP, en el IMSS, en la ventanilla de una oficina de la Tesorería del Distrito Federal o en la jefatura de una estación del Metro? Quejarse del mal servicio de un burócrata es predicar en el desierto. Aquí no pasa nada, porque el empleado, la empleada de primer o quinto nivel tiene la protección sindical. Así cómo demandar productividad. ¿Por qué aludir a los sindicatos de periodistas con estos sindicatos de burócratas? ¡Ah! Porque en la medida que dejemos de comer carne de perro, estaremos en condiciones de ser justamente la conciencia y no cómplices de esos gremios que hacen del ciudadano común parte de su botín y corruptelas. Digo.
Después de haberse agandallado un auto del gobierno de San Jerónimo -que aún no entrega-; de birlarse dinero de personas de escasos recursos con la promesa de darles un proyecto productivo -muy al estilo de Armando Ríos Piter, con los costeños- el tramposo y timador Antonio Torres Abarca, mejor conocido como "Tony Abarca", fue fulminantemente despedido del cargo que le confirió Jesús Orbe, como delegado del Servicio Estatal del Empelo en la Costa Grande, por habersele comprobado sustracción y desvío de dinero y proyectos, para los que debieron ser canalizados.
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