Como no queriendo, a pregunta sembrada por uno
de esos asistentes a la mañanera en Palacio Nacional --nadie garantiza sean
periodistas quienes ocupan la fila mercenaria-- el licenciado presidente se
despachó la falacia del día:
“(…) Y nosotros no vamos a meternos a
perseguir a nuestros adversarios, que en otros tiempos y en otras
circunstancias aportaron dinero para esta guerra sucia en contra de nosotros.
“Ayer hablábamos del reportaje de Álvaro
Delgado (Gómez, reportero de la revista Proceso), de cómo un grupo de
empresarios está financiando a los que organizan toda la estrategia para
reagrupar, hacer un bloque político en contra nuestra. Pues eso es lo que
siempre ha sucedido, siempre se han unido”.
Falaz declaración que, en pretendida
explicación, llevó la admisión del engaño encubierto; incluso, en la víspera,
se entendió como orden a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia
Financiera, la referencia de Andrés Manuel López Obrador de que se debiera
investigar a las empresas que donan recursos a la organización Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Y es que, en ámbitos del escuadrón justiciero de
la 4T --la UIF, el SAT y la Secretaría de la Función Pública--, la palabra del
inquilino de Palacio Nacional es entendida como una orden que implica congelar
cuentas bancarias, terrorismo fiscal y abiertas amenazas de requerir el apoyo
de la Fiscalía General de la República, cuando el opositor, incluso el incómodo
integrante del partido oficial, son considerados amenaza para la causa del
Corporativo Morena.
Por supuesto, empresarios que fondean apoyo
económico a MCCI e incluso integrantes de esta organización ciudadana, están
severamente preocupados porque ha sido recurrente que Santiago Nieto ordene más
que solicitar al sistema bancario nacional, congele cuentas de los incómodos y
críticos opositores.
Y qué de las cuentas de personajes como Pío
López Obrador y David León, Manuel Bartlett Díaz, John Ackerman, Irma Eréndira
Sandoval Ballesteros, Ricardo Rodríguez Vargas (ex director del Instituto Para
Devolver al Pueblo lo Robado), Jorge Gage Francois, destituido de la
coordinación del Programa Nacional de Fertilizantes, un año después de haberse
denunciado un fraude con la compra de semillas mejoradas mediante tráfico de
influencias, por citar unos cuantos casos de corrupción en la 4T.
Bien, esa es parte demostrativa de la
impunidad que galopa en los tres niveles del gobierno de la 4T.
Pero, ¿no se meterá López Obrador a perseguir
a sus adversarios?
Mire usted. La noche del pasado martes, en la
discusión del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en el
pleno de la Cámara de Diputados, el legislador priista e integrante de la
dirigencia nacional del Movimiento Antorchista, Brasil Acosta Peña, denunció en
tribuna que su cuenta bancaria había sido congelada por órdenes de la UIF.
La causa, citó el diputado federal, su postura
contraria al dictamen del PEF 2021 y, sobre todo, para intimidarlo y evitar que
movilizara a integrantes de Antorcha. Incluso refirió que no se había
movilizado a miles de antorchistas por respeto a las reglas sanitarias por la
pandemia del coronavirus.
¿Sabe usted qué cuenta le congelaron al diputado?
En la que le deposita su dieta el administrativo de la Cámara de Diputados. Bueno,
de lo que se trata es de intimidar al incómodo opositor y enviar el mensaje a
todos aquellos que disienten del gobierno del licenciado presidente.
El año pasado se aplicó esa medida contra
diputados de Morena del estado de Hidalgo, maestros metidos a legisladores que
se negaban a aprobar el paquete económico sin chistar, en apego a la línea
marcada desde Palacio Nacional.
Incluso Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez,
presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria, el año pasado se enteró que sus cuentas bancarias
estaban bloqueadas, justo cuando encabezaba, junto con maestros, la
movilización que cercó al Palacio Legislativo de San Lázaro; entonces
pertenecía a la bancada de Morena, hoy está en la del Partido del Trabajo.
“Y nosotros no vamos a meternos a perseguir a
nuestros adversarios”, puntualizó falaz el señorpresidente cuando la doctora
Sandoval Ballesteros ya había aplicado sanciones a María Cristina García
Cepeda, secretaria de Cultura y quienes fueron, en su gestión, Oficial
Mayor y Directora General de Administración, en el gobierno de Enrique Peña
Nieto.
García Cepeda asumió el cargo a la muerte de
Rafael Tovar y de Teresa, y junto sus ex colaboradores fueron inhabilitados por
10 años y multados con 19 millones 771 mil 154 pesos, cada uno.
Similar inhabilitación por una década se
aplicó esta semana a Guillermo García Alcocer, quien fuera, hasta junio pasado,
titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La causa, refiere la
Secretaría de la Función Pública, es por haber incurrido en conflictos de
interés mediante la adjudicación de permisos, para comercializar combustibles,
a una empresa vinculada con un familiar.
¿Cobro de facturas? Bueno, bueno. Sólo hay que
recordar que García Alcocer discrepó pública y personalmente con Andrés Manuel
López Obrador, quien lo persiguió hasta que decidió renunciar al cargo.
“Estamos acabando con la
impunidad en el indolente manejo de los recursos públicos durante el régimen
neoliberal”, dijo vehemente, respecto del caso de García Cepeda, la doctora
Irma Eréndira, quien junto con su consorte John Ackerman fue acusada de haber
comprado inmuebles, de contado, cuyo costo no corresponde a sus ingresos en
conjunto. Ambos fueron exonerados y su caso se fue el archivo muerto.
La doctora Sandoval
Ballesteros ha presumido que se aplica la ley pero, salvo los casos de Rosario
Robles y Emilio Lozoya Austin, con la sumatoria del que podría ser nuevo
chivato, Emilio Zebadúa, para declarar y dar nombres de implicados en la
llamada “Estafa Maestra”, el tema de Genaro García Luna y el singular del
general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional que es
competencia de la autoridad estadunidense, el resto es estridencia justiciera.
Vaya, incluso el tema del
fallido Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construiría en
terrenos del ex vaso de Texcoco, no tuvo observaciones de corrupción o derroche
de recursos públicos en el arqueo levantado por la Auditoría Superior de la
Federación, resultado que casualmente el licenciado López Obrador y sus
amanuenses, amén de los mercenarios de las mañaneras, no han abordado.
Sin duda no se aboga por la
impunidad contra quienes en pasadas administraciones hicieron de la gestión
pública práctica del deporte de la corrupción y el enriquecimiento impune. Que
vayan a prisión los responsables, que se aplique la ley es una demanda recurrente
y bandera del licenciado en sus tiempos de opositor, adalid de la industria de
la protesta que lo hizo millonario, porque eso del dólar y los 200 pesos es una
broma de mal gusto.
Lo cierto es que dígase lo que
se diga, pese a protestas y denuncias documentadas, la voluntad del inquilino
de Palacio se ciñe a la máxima atribuida a Benito Juárez García: “A amigos
justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas”.
Y en ese ánimo se encuentra el
hermano cómodo, Pío López Obrador, junto con el joven maravilla David León, a
quienes Santiago Nieto puso a salvo e informó que no se les encontró
irregularidad alguna en el manejo de sus cuentas bancarias. ¡Vaya! Los puso
como ejemplo de pulcritud en manejo de sus recursos, prístino y honesto.
Pero. A Santiago Nieto debe
ganarle la risa porque, no cabe duda, se burla del sentido común de los
mexicanos.
Hay una máxima aplicable a los
políticos mexicanos: son pillos pero no pendejos. Y esa es la figura que aplica
el jefe de la UIF en su reporte. Por supuesto, Pío y David no iban a fondear en
cuentas bancarias los millones de pesos entregados a la causa del entonces
candidato Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que los dineros eran
para pagar requerimientos de su campaña. Se entregó y recibió y gastó en
efectivo.
Por eso, la coordinadora de
la diputación federal del PRD, Verónica Juárez Piña, acusó que la exoneración
de Pío López Obrador y de David León Romero, ex coordinador Nacional de
Protección Civil, “confirma que la lucha anticorrupción del presidente Andrés
Manuel López Obrador, es una simulación”.
La legisladora jalisciense recordó que Pío
López Obrador fue grabado en dos ocasiones recibiendo dinero de parte de David
León, recurso que se presume utilizaría en actividades políticas de Andrés
Manuel rumbo a las elecciones de 2018.
“Igual que en los tiempos de Peña Nieto,
Andrés Manuel utiliza las instituciones para exonerar de presuntos actos de
corrupción a familiares y amigos”, reprochó Juárez Piña. Lamentablemente la
diputada es una voz en el desierto de la impunidad tejida por el adalid de la
lucha contra la corrupción sujeto al proverbio: ¡Hágase justicia… en los bueyes
de mi compadre! Conste.
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