México • Un “error de dedo” mantiene en prisión desde hace un año siete meses a Manuel Samuel Castro Mercado, director de Pacific International Development Inc. USA Imports, quien fue acusado de homicidio por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
MILENIO tiene copia de la audiencia de pruebas celebrada el pasado 10 de septiembre en el juzgado tercero, donde el perito Félix Gabriel Cedillo admitió que se equivocó cuando elaboró el dictamen para determinar quién disparó un arma de fuego, pues de 16 de 21 exámenes que practicó, los registró a la misma hora y con la misma fecha.
No respetó los intervalos que deben existir entre una prueba pericial y otra, lo que provoca dudas sobre quién accionó el arma de fuego.
Hay pruebas que demuestran que Daniel Velazco, cuyo examen pericial fue registrado a la misma hora que el empresario, resultó positivo por disparo, pero fue dejado en libertad tras pagar una fianza de más de cien mil pesos.
Durante la audiencia le preguntaron al perito si era correcto que haya tomado muestras del empresario y de Velazco al mismo tiempo (22:35 horas) el 28 de enero de 2012. Gabriel Cedillo respondió:
“Como ya lo mencioné anteriormente fue un error de dedo, ya que las muestras se recabaron consecutivamente y ellos son testigos de esto, uno tras otro”. Reconoció que dicho error se repitió ocho veces.
El artículo 180 del Código Penal de Hidalgo señala que para elaborar un dictamen cuando menos deben estar presentes dos peritos, pero Cedillo, quien practicó 21 pruebas de radisonato, admitió que se encontraba solo ese día, porque no había personal.
Félix Gabriel solo tenía que determinar quién disparó con un mosquetón con el cual supuestamente asesinaron a Josué Matilde Cotonieto el 28 de enero de 2012.
La víctima participó en una riña presuntamente provocada por ex trabajadores de la empresa Motor Coach Industries México y Servicios Sahagún, liderados por Artemio Vázquez Peña, esposo de la presidenta del Organismo Nacional De Mujeres Priistas A.C., María Guadalupe Muñoz.
El incidente ocurrió cuando los sindicalizados, entre ellos Cotonieto, invadieron la planta que alguna vez perteneció a DINA y que hoy es propiedad de Pacific International, en el corredor industrial de Ciudad Sahagún.
Castro solicitó el apoyo de diversas corporaciones policiacas para contener a los invasores; se resguardó junto con sus hijos y algunos trabajadores en una bóveda, pero cuando llegó la policía lo detuvieron y después lo responsabilizaron del crimen.
La Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo descubrió que al empresario se le violaron sus derechos y que el proceso en su contra está plagado de irregularidades, motivo por el cual emitió una recomendación.
La recomendación R-VGJ-0030-13 se emitió contra el titular de la SSP estatal, Alfredo Ahedo, y el director de la defensoría pública, Genaro García.
El organismo detectó violaciones al derecho a la integridad personal, lesiones y ejercicio indebido de la función pública.
También descubrió que Salvador Ramos, defensor público firmó en la declaración indagatoria de los acusados y en su ficha de trabajo, pero jamás aceptó ni protestó el cargo, además de que ni siquiera hizo uso de la voz a favor de los detenidos.
