Chilpancingo,
Gro., 8 de septiembre.- Para el
gobierno de Ángel Aguirre Rivero es importante equilibrar esfuerzos en los
retos que enfrenta la sociedad, por lo que los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la entidad deben de atender con valentía y sensibilidad el estudio
de la Ley 701 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, para que se convierta en un sistema alternativo de justicia en
beneficio de los pueblos originarios.
El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jesús
Martínez Garnelo, manifestó que es necesario que los integrantes de la LX
Legislatura de Guerrero analicen con detenimiento los alcances de una ley
secundaria que debe de estar sujeto los principios y lineamientos que establece
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Articulo II, y
en el marco fundamental del derecho que establecen los protocolos de Estambul,
los tratados internacionales y los reglamentos y estamentos del Organización
Internacional del Trabajo.
Precisó que ante la problemática que enfrenta la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) fundada desde 1995 bajo un reglamento interno, que no pasó a análisis del Poder Legislativo, es urgente que se formalice su estudio a fin de mantener una gobernabilidad democrática moderna en el estado, sin que trasgreda los usos y costumbre que la propia Constitución Política les brinda en los Artículos 14, 16, 19 y 21.
Martínez Garnelo puntualizó que los tres poderes del estado tienen que matizar con pauta, su seguimiento de orientación y coordinación a los grupos de personas que estén agrupadas para un bien común, dentro del marco legal en cuanto a seguridad y justicia.
Dijo que “no existe una contradicción en las leyes; existen malas interpretaciones que quieren hacer valer una ley a la que le falta ser analizada y si se quiere modificada, pues la Ley 701 se aprobó 10 días después del arribo al gobierno del estado de Ángel Aguirre Rivero, en la cual se hacía valer el respeto de los usos y costumbres como un derecho moral, más no da garantías para no respetar la propia Constitución en términos de la Ley Suprema y de la Ley Federal y Local del sistema de seguridad pública, pues la policía comunitaria siempre ha estado presente en la vida de los pueblos originarios, denominados de muchas formas como policías serenos, montada, rural, entre otros, pero su resurgimiento nace ante la fenomenología social que se da por la irrupción de la delincuencia y es por ello, donde toma su importancia para que a través de un análisis y estudio a la Constitución se fundamente su sistema alternativo”.
El encargado de la política interna del estado considera que muchas causas sociales motivan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que entren al análisis de la eficiencia y de la operatividad de la policía comunitaria, y en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien muestra su interés social y sensibilidad de hacer valer el estado de derecho, ha tomado como reto en examinar y modificar los alcances de la Ley 701 y el derecho constitudinario para lograr adecuar y modificar los alcances de la Ley.
Declaró “Esta ley no tiene por qué vulnerar ningún artículo de la Constitución de la República; se tiene que establecer un equilibrio de poderes para que juntos propongan una alternativa para las comunidades y logren una realidad mucho más cercano a lo que en verdad requieren”.
Martínez Garnelo precisó que si la 60 Legislatura local, el Ejecutivo y Judicial logran este nuevo reto, será la punta de lanza para hacer valer la soberanía de las demás etnias del país, ya que se estará logrando una transformación en este sistema de alternativa común tanto en materia penal, civil, mercantil y familiar con visión contemporáneo para México y el mundo.
