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| EFRAIN FLORES IGLESIAS |
Ningún Instituto político
se salva de tener entre sus filas a personajes ligados con el crimen
organizado. Todos están infiltrados.
Lo peor de todo es que la Procuraduría General de la República (PGR)
y los aparatos de inteligencia del Estado mexicano permiten que ocupen cargos
de elección popular.
Ahí están los ejemplos de José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde
de Iguala (PRD); Eleuterio Aranda Salgado
(a) El Solitario del Sur, ex alcalde
de General Canuto A. Neri y militante de Movimiento Ciudadano; Elizabeth Gutiérrez Paz (a) La Potranca, ex alcaldesa de Juan R.
Escudero (PAN), Saúl Beltrán Orozco,
ex alcalde de San Miguel Totolapan y actual diputado local (PRI), etc.
No
todos están bajo las rejas, pese a los señalamientos de formar parte o dar
protección a equis o ye grupo criminal.
Supuestamente las
autoridades federales investigan a personajes públicos que son señalados de
tener nexos con miembros del crimen organizado. Lo cierto es que no siempre
proceden contra ellos. Dejan crecer el monstruo y que ocurra una tragedia.
Iguala, es el más claro ejemplo. Permitieron que José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa hicieran su santa voluntad.
Y con tal de ganar votos y
espacios de poder, los dirigentes de los partidos políticos aceptan a cualquier
persona en sus filas. Los hacen candidatos y ganan, pero después resulta que
sus compromisos no son con el pueblo sino con un grupo criminal.
Insisto, todos los partidos están infiltrados.
Ninguno está exento.
Durante el 2012 y 2013 se
dio a conocer que Los Caballeros
Templarios tenían sometidos a presidentes municipales y legisladores en el
estado de Michoacán.
El grupo criminal les
patrocinaba sus campañas e intimidaba a sus opositores. Y cuando asumían el
poder, los alcaldes ya iban bien “amarrados”, pues les imponían al Tesorero, a
los directores de Catastro, Obras Públicas y al jefe de la Policía Municipal.
El tejido social en el
vecino estado se descompuso. Llegó un momento en que la ciudadanía se cansó de
los atropellos de Los Caballeros
Templarios y del desdén de las autoridades municipales, por lo que
decidieron tomar las armas para defenderse.
Poco a poco los ciudadanos
lograron debilitar a los criminales y encontraron pruebas que comprometían a
alcaldes y legisladores con la delincuencia. Circularon videos de encuentros
entre Servando Gómez Martínez, “La
Tuta”, y la clase política michoacana haciendo compromisos. Incluso, un hijo
del entonces gobernador (Fausto Vallejo) fue evidenciado por esa situación.
La
Tuta
y su grupo criminal no solamente tenían control de Michoacán, sino también de
algunos municipios de la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero y el
Estado de México, en donde tenían (o siguen teniendo) a los alcaldes bajo sus
órdenes.
Combatir
al crimen organizado, no es una tarea sencilla. Si la Federación no puede
acabarla, menos los gobiernos estatales y municipales. Es un monstruo de mil
cabezas que dejaron crecer con el paso del tiempo.
La sociedad está harta de
tanta delincuencia y de que algunos miembros de la clase política estén
coludidos con el crimen sin que nadie los toque.
Se entiende que las leyes
son más estrictas que antes, pero mientras no se cumplan, no tienen razón de
ser. Son letra muerta, pues. Y así no se puede.
Urge que los partidos
políticos sean más cuidadosos a la hora de revisar los perfiles de las personas
que se suman a sus filas y que después buscan un cargo de elección popular.
Además, es necesario que
ningún personaje que tenga vínculos sanguíneos con criminales dirija las
riendas de un instituto político.
ENTRE
OTRAS COSAS… La coordinadora de los diputados locales
del PRI y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, señaló que el Congreso local “no será cómplice”
del legislador Saúl Beltrán Orozco,
quien enfrentará un proceso de desafuero, ya que la Fiscalía General del Estado
lo señala como presunto autor intelectual de un homicidio cometido en el
municipio de San Miguel Totolapan.
Veremos si en los próximos
días la bancada priista en el Congreso local cumple en no solapar al compadre
de Raybel Jacobo de Almonte, jefe
del grupo criminal “Los Tequileros, que opera en algunos municipios de la
región calentana.
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