*Violencia doméstica en
cuarentena
*Incrementar a 65 años de
castigo a feminicidas, propuesta de la diputada Leticia Mosso
Una de las consecuencias
del encierro por la cuarentena es el riesgo al que están expuestas miles de
mujeres a sufrir violencia por parte de su pareja, aunque no solo ella, también
los niños.
Eso lo ha denunciado el
mismo secretario general de las Naciones Unidas de la ONU, quien ha señalado de
un “terrible aumento de la violencia doméstica a nivel mundial debido a la
pandemia del coronavirus.”
El funcionario ha lanzado
un SOS para proteger a las mujeres y a los niños y niñas en el hogar, ante los
numerosos casos de violencia machista por las medidas de confinamiento.
Para la ONU es lamentable
que las mujeres y niñas se encuentren en riesgo precisamente donde deberían
estar protegidas.
Por eso su llamado a todos
los gobiernos para que adopten acciones preventivas que protejan a la mujer y
para que proporcionar recursos a las víctimas como parte de sus medidas de
contención al Covid-19.
México sigue siendo un
país profundamente machista, con alto porcentaje de violencia en contra de las
mujeres, de las niñas y los niños.
El caso más brutal de
estos días de cuarentena es la violación y asesinato de Paloma, de 14 años, en
la Laguna del Rey, municipio de Ocampo, Coahuila.
Otro caso fue el asesinato
de una mujer y su hija de 14 años de edad, apuñaladas en la Colonia Progreso
del puerto de Acapulco.
A esto se suma la
desaparición y asesinato de una joven taxqueña, que estaba reportada como
desaparecida, localizada desnuda y asesinada a golpes dentro de una cueva en el
Llano, del mismo municipio.
La Red Nacional de
Refugios (RNR señala que en México diez mujeres son asesinadas diariamente, de
los cuales el 40 por ciento ocurren en los hogares de las víctimas; el 88 por
ciento de las mujeres que llegan a refugios lo hacen por las agresiones que
sufren en sus hogares y el 64 por ciento padecen violencia diariamente a manos
de sus parejas.
En Chilpancingo la
dirección de Atención a la Mujer, a cargo de Sol Cuevas, tiene reportes de
violencia económica, ya que durante esta cuarentena 5 mujeres han presentado su
queja porque sus exparejas han dejado de darles la pensión a que están
obligados, y las cinco mujeres dependen exclusivamente de ese recurso, por lo
que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Las propuestas para
castigar la violencia machista han sido presentadas por distintas agrupaciones
y partidos políticos, y de estas, vale rescatar la que el 13 de marzo
presentara la diputada petista en el Congreso local de Guerrero, con la
intención de atacar esa violencia machista que termina en asesinatos en contra
de las mujeres en el estado de Guerrero.
El proyecto de Leticia Mosso Hernández,
pretende reformar el Código Penal del Estado de Guerrero y aumentar las penas
por el delito de feminicidio de 45 años la mínima y hasta 65 años la máxima.
Un propósito que debería
ser discutido ampliamente y aprobar por la legislatura local, ya que es
necesario implementar penas más severas a quienes asesinan mujeres por la
condición de serlo.
Actualmente la pena para
quien cometa feminicidio es de cuarenta a sesenta años de prisión.
La diputada fue clara en
sus argumentos, por eso lo interesante de su propuesta. Destacó que el artículo
135 del Código Penal local señala que comete el delito de feminicidio quien,
por razones de género, prive de la vida a una mujer, y que se consideran razones
de género cuando la víctima presente señales de violencia sexual, presente
lesiones o mutilaciones infamantes, denigrantes o degradantes, previas o
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
Mencionó aquellos casos
donde existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, en el ámbito
familiar, laboral o escolar, cometido por el sujeto activo, así como cuando se
establezca que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
También cuando exista o
haya existido una relación de familia, sentimental, afectiva o de confianza;
cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado o exhibido en un lugar
público; cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo
previo a la privación de la vida.
“Esta violencia –dice la
diputada petista– tiene graves repercusiones en la salud, la libertad, la
seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, por lo
que constituyen serias violaciones a sus derechos humanos que, además, merman
el avance del desarrollo del Estado”,
Señaló que deben existir
políticas públicas de los tres poderes públicos para contrarrestar tan
“deleznable conducta”, y que la función del Legislativo es brindar a la
sociedad normas justas, para que los feminicidas sean sancionados con rigor.
Para reforzar su
argumento, mencionó el alto porcentaje de casos que no se castigan, al señalar
que “los casos de feminicidios.
