“Bajen de tono la
crispación política para evitar que escale la violencia”, es el llamado de
Araceli Ocampo Manzanares, diputada federal por el Movimiento Regeneración
Nacional, al gobierno estatal, legisladores y organizaciones políticas de
Guerrero.
Pero, la diputada por el
Distrito 02 del estado de Guerrero sabe que la escalada a la que alude comenzó
desde hace años en esa entidad y en otros territorios del país en los que la
pugna por el poder político está prohijada por el poder fáctico.
Presidentes municipales,
candidatos, candidatos electos, políticos en activo, han sido víctimas de esa
pugna, integrantes de esa macabra lista de ejecutados, secuestrados, baleados,
desaparecidos en una entidad que tiene la nada honrosa fama de violento, cuyo
brazo alcanzó a Acapulco, la principal fuente de ingresos del estado que hoy
gobierna el priista Héctor Astudillo Flores.
Huelga decir que hubo olor
a miedo en la denuncia que Ocampo Manzanares hizo en conferencia de prensa
ofrecida en la Cámara de Diputados, acompañada por el coordinador de la bancada
de Morena, Mario Delgado.
¡Y cómo no! Hoy, en
cualquier parte del estado de Guerrero el miedo es parte de la vida cotidiana
de los guerrerenses e incluso de los turistas que transitan con precaución por
la Costera Miguel Alemán como en las calles de Taxco y de Chilpancingo.
No, no se trata de atizar
temores ni abonar en contra de la sociedad guerrerense que merece vivir en paz,
de presumir su hospitalidad, es fama de gente alegre y generosa, trabajadora y,
si usted quiere siempre rebelde, pero amable y buena anfitriona en cualquiera
de sus poblaciones, lo mismo en la Costa Grande que en la Chica, en La Montaña
y en Tierra Caliente.
¿Cuándo el estado de
Guerrero fue asaltado y hecho prisionero por las bandas criminales? Diríase que
en el momento en que los grupos políticos se perdieron el respeto y la lucha
por el poder trascendió a los tiempos heroicos de la guerrilla que, encabezada
por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, pugnó vía las armas por una sociedad
justa.
Porque, dígase lo que se
diga, la arena política fue más territorio de pugna por el control de la ruta
de la droga que aquel campo en el que la lucha por el poder se dirimía a
plomazos entre los caciques para ser asumida entre capos que controlaron a los
políticos arrinconados y faltos de credibilidad y acusados de medrar con la
necesidad de la gente.
Ejemplo de ello fue ese
mensaje que al menos un jefe del crimen organizado envió con el obispo de
Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza en plena campaña electoral, el
año pasado, de que no molestarían a los candidatos a cargos de elección popular
si éstos no incurrían en engaño y manipulación de la necesidad de la gente.
Y, bueno, no hay que
olvidar que incluso el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador, en abril del año pasado, en la etapa de campaña en Monclova, Coahuila,
avaló esa reunión y se pronunció por el diálogo con miembros de la delincuencia
organizada para garantizar seguridad a los candidatos.
La nota de esos días
refiere que López Obrador “celebró que ministros religiosos, evangélicos o
católicos, entren en contacto con criminales para buscar la paz”.
No ha corrido ni un año
desde esos días cuando el obispo Rangel Mendoza se ofreció para pactar la paz
con bandas criminales, y la diputada Araceli Ocampo Manzanares, denunció actos
de intimidación en su contra, como resultado del ambiente político que se vive
en el estado de Guerrero.
La legisladora interpuso
denuncia ante las autoridades correspondientes, pero la terca realidad ha
demostrado, por desgracia, que las denuncias sirven para maldita la cosa, no
son blindaje ni garantizan seguridad alguna para el requirente ni para su familia.
Y como en Guerrero, en
Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México y... en
todo el país prácticamente se respira miedo. El clima es abonado por esa pugna
política en la que hoy los adalides de Morena aparecen como nuevos dueños,
dueños no integrantes, del nuevo gobierno federal.
Por supuesto no se trata
de señalarlos como cómplices del crimen organizado, porque amén de ser un
despropósito sin pruebas de sustento implica un delito, el de difamación, la
calumnia que suele ser el pasaporte de algunos políticos, estos sí, que
prohíjan la descalificación del contrincante en busca de posicionamiento rumbo
al ascenso.
De ello, en Guerrero, se
observó el viernes de la semana con ese affaire en el que Andrés Manuel López
Obrador debió ofrecer disculpas al gobernador Héctor Astudillo, luego de que en
un acto en Tlapa, en plena Montaña de Guerrero, las huestes de Morena
abuchearon al mandatario estatal, quien acusó de haber operado en su contra al
delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
Por supuesto, Amílcar se
indignó y negó ser el operador de esa situación de suyo grave porque implica el
paso previo al linchamiento físico. Cuidado, esas prácticas polarizan aún más y
se han visto en otros estados en actos en los que los gobernadores acompañan a
López Obrador.
Es la evidencia de la
sobrada soberbia, insisto, de quienes más que integrantes de un nuevo gobierno
cuya divisa debiera ser, en nombre de la democracia, tolerante e incluyente,
evidencia la práctica del te quito para ponerme, de la lucha del poder por el
poder mismo.
Con esta polarización y
como si continuaran en campaña --aunque en los hechos y con la mirada puesta en
las elecciones intermedias de 2021 así es—soslayan tareas de gobierno,
responsabilidades con el elector que les dio el triunfo en las urnas, y abonan
a favor de ese poder fáctico que en el huahicol tiene un ejemplo del tamaño de
su poder criminal y financiero.
¿Entenderán los súper
delegados el alto grado de responsabilidad que tienen y que deben dejar de lado
sus aspiraciones políticas? La evidencia temprana demuestra lo contrario. Y si
el presidente López Obrador no pone orden y procede en congruencia con lo dicho
de que no son enviados para posicionarse rumbo a la candidatura al gobierno
estatal correspondiente, entonces ese miedo que sienten políticos como la
diputada federal Araceli Ocampo Manzanares será el sello para frenar carreras
políticas o someterlas a ese poder fáctico que secuestra, ejecuta y tiene
secuestrada a la tranquilidad social, con o sin Guardia Nacional. Digo.
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