¿Quiénes son esas “autoridades judiciales locales” a las que la FGR está exigiendo rendir cuentas respecto a los videos desaparecidos del caso Iguala? ¿Por qué se han negado? ¿Por qué es necesario que se les haga cumplir y no lo hacen voluntariamente?
“Se los estamos exigiendo y
haremos que lo cumplan”, sentenció el sábado el titular de la Fiscalía General
de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero respecto a que “autoridades
judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el
palacio de justicia estatal en Iguala” y que “deben rendir cuentas”.
Esto luego de que se
informaron los avances de la nueva investigación del caso por parte de la
Unidad creada para hallar la verdad auténtica de lo sucedido el 26 y 27 de
septiembre de 2014, de que se anunciaron órdenes de aprehensión contra miembros
del Ejército, y que se evidenció el ocultamiento de información a los padres de
los desaparecidos y a todos los mexicanos.
Parte de la información
ocultada son los videos de las cámaras ubicadas en el palacio de justicia de
Iguala, frente al cual habría sido interceptado un autobús con estudiantes.
Y es que como coloquialmente
se dice, no se sabe dónde quedó la bolita.
La ex presidente del
Tribunal Superior de Justicia Lambertina Galeana Marín dijo en su momento que
los videos ¡se borraron cuando se les intentó sacar un respaldo”.
Su sucesor Robespierre
Robles Hurtado dijo en su momento que los videos le fueron entregados a la
entonces Procuraduría General de la República.
Como lo adelanté la semana
pasada en esta columna circulaba la versión de que la FGR ya tenía un
planteamiento serio de llamar a cuentas a ambos ex titulares del Poder
Judicial.
Lo expresado por el fiscal
Gertz Manero nada menos que en un acto encabezado por el presidente de la
república, frente a todos los mexicanos pero sobre todo, en un informe de
frente a los padres de los 43 confirma que efectivamente, se les está llamado.
Pero no solo eso, el tono en
que expresó: “Se los estamos exigiendo y haremos que lo cumplan”, deja ver que
no quieren cumplir con la exigencia pero tendrían que cumplirla, muy
probablemente con órdenes de presentación que podrían ser ejecutadas por
agentes federales.
La importancia de que se
conozca la verdad sobre los trágicos hechos de Iguala y se castigue a todos los
responsables es que algo así no vuelva a repetirse.
Justo como lo dijo este
domingo el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo. ““Nunca más hechos
violentos como los que marcaron la historia reciente de Guerrero”.
