Eran la imagen perfecta del buen comportamiento, bien atildados, de buenos modales y ejemplo de prístina honestidad los muchachos albiazules.
Eran los políticos de las buenas costumbres, luchadores demócratas que en México inauguraron la resistencia civil, el cierre de carreteras y calles y toma de alcaldías contra esos terribles y deshonestos priistas, pillastres ladrones electorales, dueños del know how del “ratón loco” y las urnas embarazadas que tanto proliferaron durante la segunda mitad del siglo pasado, hasta que en 1997 la oposición le quitó el alias de invencible.
¿Cuándo perdieron los panistas esa fama de incorruptibles y demócratas? Simplemente cuando tuvieron la posibilidad de probar las mieles del poder. Diríase y diríase bien que el poder corrompe, o como reza la conseja popular de que en caja abierta hasta el más justo peca.
Adelanta el diputado federal panista Rubén Camarillo Ortega que en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara baja –febrero-abril—presentará una iniciativa de ley que, en términos llanos, evite que los legisladores puedan beneficiarse de la negociación de recursos presupuestales para estados y/o municipios, es decir, que no puedan cobrar el llamado diezmo por hacer su trabajo a favor de quienes los eligieron. Lo dicho: el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla.
El tema viene a colación y se significa como un acto de contrición de la bancada panista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, porque a su coordinador, Luis Alberto Villarreal, acusaron ediles de haberles cobrado una participación, el diezmo, por negociarles partidas presupuestales.
Y resulta que Villarreal fue defendido por el presidente nacional del PAN, Gustavo Enrique Madero Muñoz, y un puñado de alcaldes de filiación panista, quienes en conferencia de prensa en diciembre del año pasado se rasgaron las vestimentas y acusaron ser víctimas de fuego amigo, y urgieron a acusadores a dar a cara y presentar pruebas. Por supuesto, no hubo denuncia pública con pelos y señales.
Tal vez fue civilidad partidista para no dañar más al partido; tal vez fue temor a represalias. Tal vez, tal vez. Pero no pasó mucho tiempo para que desde la trinchera del fuego amigo se retomara la beligerancia, apenas elemental, en este proceso de sucesión por la presidencia nacional del PAN. Y entonces, Gustavo y Villarreal aparecieron como víctimas de los calderonistas que pretenden hacerse nuevamente del control del partido.
La conversación entre el senador Ernesto Cordero y el diputado federal Fernando Rodríguez Doval –alambreada según Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, ex primer cuñado del país, por el equipo de espionaje del ex gobernador de Morelos, Antonio Adame-, es una muestra más de que en el PAN se perdieron las buenas costumbres y evidencia el desarrollo de deshonestos y corruptos ejemplares, de uno y otro bando, de una y otra tribu que ha devenido en esta nada ejemplar corrupción azul.
Varios de los miembros de la corriente calderonista, socios, amigos, compadres y amigotes oficiosos de Ernesto Cordero, empecinado en presidir al Partido Acción Nacional, han sido señalados como beneficiarios de la docena trágica, que concluyó con una camada de nuevos ricos, millonarios panistas que antes del año 2000 eran modestos burócratas o académicos de segundo pelo.
Y resulta que éstos nuevos ricos acusan ahora a Luis Alberto Villarreal de corrupto, del brazo de Madero Muñoz.
Sin embargo, la corrupción albiazul no es nueva. No, se manifestó en la justa dimensión de la impunidad cuando Ernesto Zedillo Ponce de León designó al entonces diputado federal panista Fernando Antonio Lozano Gracia, como procurador General de la República, en el supuesto de que éste era honesto y, como miembro de un partido opositor, estaba vacunado contra la corrupción que campeaba en la PGR y, por ende, llevaría a buen término las investigaciones en torno de casos Posadas, Colosio y Ruiz Massieu.
Zedillo se equivocó y, dos años después, debió correr a Lozano Gracia por corrupto, corruptor y cómplice de personajes sobradamente deshonestos como el fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla y el entonces Oficial Mayor de la PGR, el sonorense Antonio Gándara Terrazas. Los tres fueron sometidos a una investigación por parte de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Un informe rendido el 10 de marzo de 1997, dirigido al entonces director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Álvarez Argüelles, concluyó que Lozano Gracia y Gándara Terrazas habían incurrido en daño patrimonial, en perjuicio de la PGR, amén de nepotismo. Sin embargo, no se procedió penalmente contra ambos; incluso Chapa Bezanilla, el único que estuvo en prisión, fue absuelto bajo la sospecha de haber negociado su libertad; sabía y sabe mucho. ¿Honestos, honestos? Mañana le seguimos. Digo.
