ESTE MIÉRCOLES, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN Instructora del Congreso local, el diputado priísta Jorge Salgado Parra, se pronunció en contra de la agresión, ocurrida en Chiapas, en agravio de un grupo de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Chiapas, como todos sabemos, es gobernado por el partido del Presidente de la República, es decir, el Movimiento de Regeneración Nacional.
Hay que decir que la agresión, con un saldo de dos madres heridas, cuatro estudiantes normalistas, dos de ellos de gravedad, y una menor de edad, ha sido condenada por organismos internacionales de derechos humanos, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el gobernador Héctor Astudillo Flores, e incluso, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes además se han pronunciado por castigar a los responsables de los hechos.
Hay que decirlo. Puede no gustarnos de lucha de los ayotzinapos, y de quienes asesoran a los padres de los 43, que en su lucha por justicia y por encontrar a sus hijos, recorren el país, además de tomar edificios, bloquean calles y carreteras. Y es que, en esta lucha, que por supuesto es justa, afectan a terceros, es decir, al ciudadano común y corriente que no tiene culpa ni cómo ayudarle a los familiares.
Sin embargo, cuando sus acciones son pacíficas, como ocurrió en Chiapas, no solo no se justifica el uso de la fuerza pública, sino que debe denunciarse la violencia oficial y exigirse que se aplique la ley y se castigue a los responsables. La violencia, ciertamente, es condenable venga de donde venga.
Tiene pues razón el diputado Salgado Parra en su condena a la agresión contra los padres de los 43, el pasado 16 de febrero, cuando como parte de las visitas que tienen programadas a las escuelas rurales del país, fueron recibidos de manera agresiva, como si constituyesen un peligro o fuesen delincuentes, por más de 200 policías estatales de Chiapas con tanquetas y bombas de gas lacrimógeno, “los cuales sin protocolo de seguridad alguno, empezaron a lanzar los proyectiles de gas hacia esos padres y madres de los 43”.
La cobarde agresión, denunció el diputado en tribuna, duró por espacio de una hora, con saldo de dos madres heridas, cuatro estudiantes normalistas, dos de ellos de gravedad, y una menor de edad. Los estudiantes lesionados fueron impactados con un proyectil en la cabeza, uno de ellos de Ayotzinapa.
Por ello, el diputado local priísta exigió al gobierno de Chiapas atención médica al ciento por ciento para los lesionados, pero además, que el caso no quede impune, exigiendo deslindar responsabilidades, “pero sobre todo, que se aplique todo el rigor de la ley”, además de garantizar la libertad de manifestación, tras reconocer al gobernador Héctor Astudillo Flores, “quien ante esta lamentable tragedia, actuó de manera inmediata y oportuna, enviando al propio secretario de salud de la entidad al estado de Chiapas, con el fin de brindar el apoyo necesario, así como para estar al tanto del estado de salud de los normalistas que resultaron heridos”.
Cosa rara. Los que antes protestaban por las agresiones de las autoridades, hoy permanecen callados.
OTRO AUNTO. LO DICE Y LO REITERA EL OBISPO Salvador Rangel Mendoza, de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, durante una misa que ofició en la comunidad de Alcozaucán, de donde eran los 10 músicos que fueron encontrados asesinados, algunos de ellos calcinados, el 17 de enero pasado. Los Ardillos no fueron responsables de esos hechos.
Y fue más allá. El prelado de la Iglesia Católica calificó como una imprudencia la aseveración del Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, en el sentido de que los responsables de ese hecho criminal habían sido miembros de ese grupo criminal. El conflicto, que derivó en esos 10 muertos, agregó, es un asunto por tierras entre dos grupos de policías comunitarios.
La información es del periodista Rogelio Agustín Esteban, corresponsal de Milenio: “En Alcozacán, municipio de Chilapa, el obispo Rangel Mendoza ofició una misa en la iglesia de la localidad, en donde se pronunció a favor de que haya una investigación a fondo de los crímenes.
“Dijo que unos días después del asesinato de los trabajadores del grupo Sensación Musical, dialogó con los líderes de Los Ardillos, quienes, dijo, rechazaron haber cometido el crimen.
“En consecuencia, consideró que fue una imprudencia de parte de la Fiscalía del Estado el haber dado a conocer un avance de la investigación, en el que dijo que los responsables del hecho eran seis integrantes del grupo delictivo.
“Reconoció que hasta el momento no ha dialogado con los representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PF), pero sugirió la posibilidad de que el pasado 17 de enero en realidad se haya cometido un "auto gol".
"Investiguen bien, unos días después el propio gobernador se quejó porque algunos traían armas de muy grueso calibre, vean muy bien quien las traía", sugirió”.
Y Salvador Rangel, el Obispo que se ha reunido una y otra vez con grupos de la delincuencia organizada, según él mismo lo ha reconocido, con la intención de pacificarlos en su cruenta lucha por las plazas, trasiego, y tráfico de drogas, sostuvo que la causa del crimen fue un antiguo pleito de tierras que prevalece en la zona.
Sin duda el Obispo sabe más de lo que dice. Y más allá de que guste o no lo que hace, es un hecho que no lo dice nada más porque sí. Más aún, parece tener el respaldo del más alto nivel de la Iglesia Católica para decir lo que dice y hace, pero además, para reunirse con algunos grupos del crimen organizado, en su intento, según señala, de lograr una tregua a la violencia existente en el estado.
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