El diputado Efraín Ramos Ramírez, presentó un paquete de iniciativas en materia de derechos humanos que permitirán fortalecer la defensa y promoción de éstos.
En tribuna el legislador propuso reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para establecer y salvaguardar el derecho al secreto profesional de los periodistas y otros profesionales como los abogados, consultores técnicos, los notarios y de cualquier servidor público que la Ley les reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional.
En la segunda iniciativa de reformas al código de Procedimiento Penales se propone que el delito de tortura se incorpore en el código Penal para que los agentes del Ministerio Público y los jueces lo investiguen y sancionen como tal y no como abuso de autoridad lo que prácticamente hace que este delito quede impune.
En las reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre, el legislador propone que se instituyan en los Ayuntamientos las regidurías de Derechos Humanos, Educación Cívica y participación Social de la Mujer.
En relación a las reformas que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y establece el procedimiento en materia de desaparición involuntaria propone que la representación jurídica natural de la Consejo Técnico la ejerza el presidente.
Con este paquete de reformas y adiciones el también presidente de la Mesa Directiva considera que contribuirán a fortalecer la vida democrática y a desterrar la arbitrariedad y la injusticia en cuanto al ejercicio del derecho al secreto profesional.
Las iniciativas se turnaron a las Comisiones de Asuntos Políticos y Gobernación y de Derechos Humanos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
Dictámenes
Los legisladores aprobaron un Acuerdo donde se integra al diputado Ramón Roberto Ramírez de Pinillos Cabrera, como vocal de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en sustitución de Víctor Manuel Jorrín Lozano.
También, a propuesta del diputado Carlos Álvarez Reyes, se presentó un acuerdo para que se designe una Comisión especial de legisladores para investigar los presuntos hechos de corrupción cometidos por altos ejecutivos de la empresa “Wal-Mart” que vinculan a autoridades locales en México, particularmente las que involucren a las de la entidad.
