Porque Aurelio Nuño Mayer, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, no es el vocero presidencial ni su cargo le pauta entrevistas a medios de comunicación, lo dicho el pasado fin de semana al diario El País, es lo que piensa Enrique Peña Nieto. ¡Ah!, materia prima para un corte de caja de su gobierno y que servirá a quienes –Nuño dixit—piden sangre y espectáculo.
Sí, sin claroscuros la voz de Nuño Mayer es la del presidente Enrique Peña Nieto.
Así, en la entrevista concedida al diario español El País, deja la impresión de un acto de contrición o la autocrítica que amplios sectores querían escuchar en lugar del decálogo de buenos deseos reformistas para atender la crisis de seguridad y credibilidad que enfrenta el gobierno federal y de la que los gobernadores han hecho mutis en los hechos.
Incluso, esa entrevista trae el anuncio requerido y ansiado por quienes piensan que, valga la analogía, muerto el perro se acabó la rabia, con el ajuste en el equipo. Sin embargo, como se ha visto, correr a uno o unos o unas del equipo no implica en forma alguna la solución a esta crisis que enfrentan las instituciones, sometida a una agenda cuyo financiamiento está en las cañerías del sistema.
¿Por qué la entrevista a un diario extranjero? Bueno, el objetivo de este mensaje no podía quedar replicándose en la aldea, aunque justamente en esa autocrítica que hace el jefe de la oficina presidencial, de que la “estrategia de comunicación no está funcionando” y que al gobierno federal le falta aplicar una agenda más contundente en materia de seguridad y Estado de Derecho, está buena parte de la causa por la que la administración de Peña Nieto enfrenta una situación no prevista porque los asesores no han funcionado y, por ende, sus jefes han quedado en el cortoplacismo que Nuño critica y cuestiona.
Veamos, de acuerdo con Nuño, puede entenderse que el asunto Ayotzinapa-Iguala rebasó a los asesores y estrategas del presidente Peña Nieto, pese a que siempre tuvieron enfrente a un gobernador asociado con una pareja que controlaba a su antojo un municipio desde el cual un cártel hacía y deshacía en la zona centro del estado de Guerrero y le peleaba plazas a otros cárteles en las zonas de La Montaña y Tierra Caliente, en Michoacán, incluso.
¿No lo vieron o no quisieron verlo porque era amigo de la casa? ¿Por qué no ha querido el gabinete de seguridad aplicar la medicina michoacana en territorio guerrerense?
Quizá ello obedece al pronunciamiento de un puñado de senadores cuya pretensión es que Peña Nieto abrogue el decreto de enero de 2014 que dio vida a la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. ¿En qué les afecta a estos senadores que Michoacán se haya pacificado?
Porque la idea de crear la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, con todo y la controversia que ha causado, no puede perderse de vista que, en diez meses, sus diferentes acciones permitieron cambiado la situación que vivían los michoacanos.
Por qué, entonces, no se aplicó la misma solución al estado de Guerrero y sólo hasta que ocurrió la insultante tragedia de Iguala, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas, se decidió buscar soluciones.
La responsabilidad de que estallara la crisis en Guerrero y salpicara a todo el mundo político con el involucramiento, como responsable absoluto, del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque la tendencia centralista ubica a su administración responsable de lo que ocurra en la república y deja a los gobernadores como meros administradores de la hacienda personal, es de los asesores o simple y llanamente de los integrantes del gabinete que endulzaron el oído al Presidente o se plegaron a las decisiones de éste, disciplinados y faltos de iniciativa y capacidad de decisión.
Será tal vez que los asesores presidenciales temieron una reacción que ubicara a Enrique Peña Nieto en ese papel de dictador que le han aplicado en la oposición partidista, organizaciones civiles y no gubernamentales, amantes del escándalo mediático que no ofrece sustento, y por eso evitaron replicar el medicamento de Michoacán en Guerrero.
Y es que, precisamente tres días antes de que se destapara este cofre de perversas y criminales complicidades en Iguala, el pasado 23 de septiembre los senadores panistas Javier Corral Jurado y Ernesto Ruffo Appel; los perredistas Alejandro Encinas Rodríguez, César Augusto López y Sofío Ramírez Hernández, junto con los petistas Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores, Ana Gabriela Guevara, David Monreal Ávila y Martha Palafox, suscribieron un punto de acuerdo en el que demandan al presidente Peña Nieto abrogar el decreto mediante el cual se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
Incluso, en eco de lo que sectores políticos, caciques y criminales afectados por dicha Comisión dicen del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, calificándolo de virrey y otros etcéteras, los senadores, casualmente integrantes de los partidos que llevaron a Ángel Heladio Aguirre Rivero al gobierno de Guerrero, se sumaron a esas descalificaciones.
Además, esa interesante pléyade de legisladores demanda el Ejecutivo federal iniciar procedimientos de responsabilidad contra los servidores públicos que han violado la Constitución al atentar contra la soberanía de Michoacán, con la aprobación y expedición del decreto que creó a la comisión referida.
¿Se apanicaron los asesores del Presidente de la República porque unos senadores, que indudablemente nunca estuvieron en Michoacán en esos años de crisis de inseguridad, se pronunciaron contra un mecanismo que, con todo y sus bemoles, ha dado resultado en tierras purépechas?
Bueno, Nuño Mayer –mejor dicho, Enrique Peña Nieto--asume el acto de contrición y admite: “Nos faltó (al gobierno federal) una agenda más contundente en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Nos quedamos cortos. No vimos la dimensión del problema y la prioridad que debería haber tenido”.
Sí, sí, es cierto que la inseguridad que se vive en México no es responsabilidad de un gobierno en particular y, como acotó, “la responsabilidad de la herencia recibida es enorme, pero es una herencia de muchas décadas. Pensar que es problema de un gobierno es no entender nada. Iguala es un problema estructural”.
Pero no se trata de mirar hacia atrás. La medicina michoacana demostró ser efectiva, procede aplicarla en Guerrero. Pero, ¿dónde andan los asesores? La voz de Nuño es la de Peña. No se manda solo. Digo.
LUNES. Por cierto, este domingo en Zitácuaro, en su informe de labores legislativas, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e inocultable aspirante reincidente al gobierno michoacano, Silvano Aureoles Conejo, insistió en que estas situaciones que vive el país “nos llaman a todas las fuerzas políticas, legislativas e instituciones educativas, de la sociedad civil –sin distingo alguno- a ser responsables, construir antes que destruir, a sumar voluntades para enfrentar de manera conjunta dichos retos”. Conste.
@msanchezlimon
