La Universidad Autónoma de Guerrero
(UAG) no es la institución más transparente y confiable de Guerrero como
anunció el rector Javier Saldaña Almazán. Es una falacia decirlo. Una rápida
mirada a sus mecanismos de difusión delatarían fácilmente una condición tan
opaca como la de la mayoría de las dependencias públicas del estado.
Quizás sus asesores aconsejaron mal
al rector, porque ser transparente no es lo mismo que ser una entidad sujeta a
la fiscalización; o sea, por mucho que la universidad o cualquier entidad sea
auditada y fiscalizada, no la hace automáticamente transparente.
Las auditorías específicas y la
fiscalización superior son prácticas cotidianas de todos los organismos y
entidades que reciben recursos públicos. Evidentemente, la Auditoría General
del Estado, que se encarga de la fiscalización, debe revisar a la UAG, y si es
necesario, aplicar las auditorías que se requieran, como lo establece la
normatividad. Eso se hace todos los años con todas las entidades públicas.
Entregar en tiempo y forma la cuenta
pública a la Auditoría General del Estado (AGE), para su correspondiente
revisión, es apenas una pequeña parte de lo que se define como rendición de
cuentas. Digamos que este requisito con la Auditoría es una rendición de
cuentas institucional, pero no ciudadana ni democrática. Para ello se requiere
abrirse verdaderamente al escrutinio de los universitarios, de la sociedad en
general, que quiere saber cómo se ejercen los recursos en esa institución.
La rendición de cuentas ciudadana no
es la lectura de informes persuasivos para lucimiento personal en fastuosos
espacios, y que en realidad no informan nada. Tampoco es tener un extenso
equipo de comunicación social para alimentar a medios y redes sociales, pero
que no informa lo sustancial, lo estratégico de lo que sucede en la
Universidad. Mucho menos es la contratación de espectaculares por toda la
ciudad.
Y aquí es donde viene la
transparencia. Transparencia es colocar en una caja de cristal, para que todos
observen y juzguen, información sobre el ejercicio de los recursos, las
actividades que se realizan con ese dinero, los indicadores de gestión y
desempeño para observar los resultados, la eficiencia y los impactos de esas
actividades, el presupuesto con sus avances físicos y financieros trimestrales,
y otros muchos temas que establece la Ley de Transparencia. ¿Con cuántos de
ellos cumple la Universidad?
Se hizo el ejercicio de medir el
nivel de cumplimiento de la Universidad respecto de sus obligaciones de
transparencia que establece la ley. Éste se basó en la revisión de los
contenidos que propone el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en donde se
describe un catálogo de 22 temas relacionados con el quehacer gubernamental que
obligatoriamente las dependencias deben difundir a través de páginas
electrónicas, periódicos murales, gacetas y cualquier otro medio del que
disponga. También se revisaron los temas adicionales que la UAG debe dar a
conocer, según el artículo 23 de la misma ley.
Se le asignaron puntuaciones
específicas según los siguientes criterios: 3 puntos a la información
presentada de manera completa, actualizada y que corresponde con lo que exige
la ley. 2 puntos si la información está completa, corresponde, pero
desactualizada. 1.5 a la información incompleta, actualizada y corresponde. 1
punto si el tema no aplica al sujeto obligado y éste avisa al público. 0 puntos
si no corresponde o no publica nada.
Adicionalmente, se aplicó un factor
de ponderación (mayor puntuación) según se tratara de información muy
importante para los ciudadanos o de datos ordinarios, pues esta metodología
considera que no tiene el mismo valor publicar información sobre presupuestos,
desglosada por programas y proyectos y con indicadores de gestión y desempeño,
que publicar el domicilio de una dependencia o su organigrama.
El resultado arroja que la UAG
apenas cumple con el 45 por ciento de sus obligaciones de transparencia. Menos
de la mitad de lo que le exige la ley. Luego entonces, no es transparente. La información
que no se publica es coincidentemente la más importante y la que permitiría a
cualquier ciudadano aproximarse a lo que realiza la Universidad y al ejercicio
de los recursos; la que da a conocer en su portal electrónico, lamentablemente
es la menos valiosa. Para descarga de la actual administración, la universidad
tradicionalmente ha sido opaca, no es condición sólo de este periodo.
La UAG también tiene la mancha de
obstaculizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. De hecho,
se encuentra entre las 10 instituciones que han recibido más recursos de
revisión o quejas en su contra durante ocho años, de 2006 a 2014.
La UAG sólo es superada en este
rubro por las Secretarías de Salud (con 27 recursos de revisión), de Finanzas y
Administración (18), los ayuntamientos de Tixtla y Chilpancingo (18), la
Secretaría de Educación (17) y la Procuraduría General de Justicia del Estado
(16). La Universidad comparte con el ayuntamiento de Tecoanapa el poco honroso
sexto lugar en este terreno, con 15 recursos de revisión presentados por
ciudadanos inconformes.
Hace bien el rector en querer
convertir a la Universidad en una institución transparente y confiable, pero
hay que tener mucha disposición y voluntad para lograrlo. Falta mucho para que
así sea, y esto no se logra sólo con discursos.
