 |
| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
Explicar las causas
por las que se liberaron los precios de combustibles y energía eléctrica, es un
tarea que se soslayó, quizá en la apuesta de que el anuncio ocurriría en
periodo vacacional y, sobre todo, cuando la mayoría de los mexicanos tiene
dinero en la bolsa y se dispone al festejo y el gasto sin freno. Total.
El riesgo, empero, es
la reacción social y la aparición de los pescadores a río revuelto, los oportunistas
que desde el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de
2012, pretendieron la represión para calificar al gobierno entrante como
represor e incluso asesino.
Casualmente, esos epítetos
los repiten aquellos que, extrañamente y en contraste con su condición socio
económica, cuentan con recursos suficientes para viajar a Europa e incluso
Oriente y manifestarse en pequeños grupos contestatarios para descalificar al
Presidente y gritarle “¡asesino!”
Qué intereses hay atrás
de esos personajes que se autodenominan anarcos o simpatizantes de luchas
sociales que, encapuchados, vandalizan, queman y saquean lo mismo inmuebles públicos
que de propiedad privada sin que la autoridad se decida a detenerlos y, cuando
lo hace, éstos no duran mucho en prisión. Son liberados y vuelven a la calle
con la misma instrucción de generar miedo entre la población.
Son vándalos que se
montan en la cresta de una situación de crisis para empujar al Estado rumbo al
desprestigio internacional, retándolo a que reprima e incluso mate y estos sedicentes
inconformes sociales tengan el pretexto de la víctima para tomar las calles y
delinquir impunemente. Pero, ¿quién está atrás de ellos?
Por supuesto el
aumento de precios e impuestos no es una medida popular. A nadie le gusta pagar
más impuestos. El punto es cómo y dónde se demuestra esa inconformidad. ¿Con
movilizaciones en las que se infiltran delincuentes que logran descalificar,
ante la opinión pública, a protestas fundamentadas y pacíficas?
El de la liberación
de precios para dejarlos al libre mercado de la oferta y la demanda, por mucho
que un órgano oficial se encargue de fijarlos diariamente, no es un tema que
agrade a la mayoría de los mexicanos que, por cierto, no han protestado contra
el aumento de bienes y servicios del gobierno de la Ciudad de México.
El caso es que, al
lado de la justa inconformidad social que cierra vialidades y accesos a las
gasolinerías, aparecen provocadores dispuestos a generar violencia y represión.
Ejemplo de ello, es
la detención de un grupo de provocadores infiltrados en una protesta, ayer
martes, frente a una estación expendedora de gasolina, que iban armados con
petardos dispuestos a estallarlos en ese sitio de alto riesgo.
Será interesante que
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, o alguno de
sus subalternos informe qué ha pasado con estos provocadores y se les aplique
la ley sin medianías, pero en especial que digan quién los contrató y cuánto
les pagó para generar violencia en una protesta social pacífica.
Porque, mire usted,
mientras la bancada del PRD en la Cámara de Diputados anuncia que, ante la Comisión
Permanente, presentará una iniciativa para detener el incremento en los precios
de las gasolinas y el diésel en el país, hay barruntos de violencia porque no
es lo mismo protestar con pancartas que cerrar accesos a gasolinerías y el paso
en autopistas. O robarse el combustible.
Dice el coordinador
de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, que se propondrá modificar
la Ley de Ingresos vigente, para dar marcha atrás a la liberalización de los
precios de los combustibles.
Y el vicecoordinador
de la bancada perredista, Jesús Zambrano Grijalva, anuncia la presentación de
un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que detenga de
inmediato, mediante un decreto presidencial, la puesta en marcha de incremento
de precios de las gasolinas, que ha provocado la creciente protesta social.
Mas no hay una línea
que condene las expresiones violentas en los plantones y marchas contra la
liberalización de los combustibles. Y, dígame usted, de qué servirá que los
secretarios de Hacienda y de Energía, además del responsable de la Comisión
Reguladora de Energía y del director de Pemex, comparezcan en la Cámara baja,
dizque para explicar el incremento de los combustibles, así como el desabasto
de gasolinas en distintas regiones del país.
Los funcionarios
repetirán que es una medida necesaria, pero se olvidarán de aquellos que
protestan y seguramente irán al Palacio Legislativo de San Lázaro, a protestar
contra ellos.
Bien por esa pérdida
de tiempo, porque la decisión está tomada y no hay marcha atrás. El riesgo,
reitero, es que las protestas se desborden e infiltrados como los detenidos en
la colonia Federal que estaban dispuestos a provocar represión, logren su
objetivo.
El país, como se ha
visto, es pasto seco que puede incendiarse con la mínima chispa. Seamos serios.
Que las instancias relacionadas con el tema, asuman su responsabilidad y dejen
de ver hacia el 2018 y atiendan estos que paulatinamente pasan de ser barruntos
de ingobernabilidad para convertirse en un verdadero campo de batalla que no
dejará perdedores ni victoriosos, simplemente víctimas de una crisis. Conste.
@msanchezlimon
@Entresemanamx
