Quizá incurra en algún equívoco, por cuanto
concierne a estos tiempos procedimentales, pero no es raro que los jueces sean
acusados de corruptos cuando dictan la libertad por falta de méritos en casos
de esencia política.
Por supuesto, los impartidores de justicia
acusan a los yerros en el pliego de consignación, si usted quiere un dedazo
supuestamente involuntario que cambia un adjetivo y da una vertiente contraria
al caso por juzgar.
Pero que el Presidente de la República se
involucre personalmente y pretenda hacer justicia desde un tribunal popular
como singular Torquemada, para llevar a la hoguera a involucrados en un
escándalo de corrupción en las ligas mayores tiene sus bemoles. Y uno de ellos,
a la vista de los conocedores, se sustenta en el engaño, en las medias verdades
pero al final tendente a engatusar al “pueblo bueno” y al no tanto.
Sin duda la sola idea de llevar a prisión a
los ex presidentes que hicieron del país una hacienda personal y con parientes
y amigotes amasaron fortunas de escándalo, tiene el apoyo de la sociedad
ofendida y empobrecida con programas clientelares que posibilitaron mantener al
grueso de la población en la pobreza y a una franja en la miseria.
Pero, cada candidato a la Presidencia de la
República y luego en el ejercicio del poder ha incurrido en lo mismo que
cuestionaba, criticaba y censuraba con la amenaza de meter a chirona a todos
esos bandidos de cuello blanco, integrantes de las camadas sexenales de nuevos
millonarios, rico puede ser cualquiera.
¿Usted le cree al licenciado López Obrador
que no tiene dinero ni para comprarse los zapatos de marca que lleva mas no
luce como debe ser ni el traje bien cortado que en la mala percha que es
pareciera uno de esos que ofrecen en los tianguis de la periferia citadina?
Cuentan que el Rancho La Chingada, sito en
el municipio de Palenque, Chiapas, lo pagó con 20 millones cash. Y resulta que
precisamente 20 millones de pesos le fueron pagados en el entonces Departamento
del Distrito Federal, cuando Manuel Camacho Solís ya se había ido a cubrir la
cartera de canciller, pero dejó la deuda pendiente del pago a la caravana que
López Obrador encabezó para demostrar que le habían robado la gubernatura en
Tabasco.
Bueno. Estábamos con aquello de la aplicación
de la justicia y de cómo puede manosearse un caso de forma tal que, cuando
llega al juez de la causa éste atiende a la demanda de la defensa de que se
violentó el debido proceso.
¿Recuerda usted qué ocurrió el 3 de marzo
de 2004 cuando en el programa de Brozo --El Mañanero--, el entonces diputado
local del PAN Federico Döring presentó un video que desnudó en toda su
extensión corrupta al profe René Bejarano, entonces coordinador del PRD en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), cuando recibía fajos de
dinero de manos del empresario Carlos Ahumada?
Fue el escándalo escenificado por quien era
hombre de todas las confianzas del entonces jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Andrés Manuel López Obrador. René Bejarano fue a prisión pero sólo
estuvo unos meses –del 10 de noviembre de 2004 al 6 de julio de 2005—y luego
hasta la Procuraduría General de la República fue obligada a ofrecerle
disculpas. Pillado con las manos en los dólares, Bejarano fue absuelto y volvió
al terreno político.
¿Es diferente el licenciado López Obrador
a, digamos, Ernesto Zedillo que metió a prisión a Raúl Salinas de Gortari?
¿Es diferente el licenciado López Obrador
al licenciado José López Portillo que metió a prisión al ingeniero Eugenio
Méndez Docurro por actos presuntamente ilegales como secretario de
Comunicaciones y Transportes en la administración de Luis Echeverría Álvarez?
¿Es diferente el licenciado López Obrador a
Enrique Peña Nieto que cobró una factura política y metió a prisión a la
maestra Elba Esther Gordillo Morales mediante un montaje preparado por el
subprocurador General de la República, Alfredo Castillo, el mismo que operó el
caso de la niña Paulette?
¡Patrañas!
Cuando al inicio de semana en la mañanera
le preguntaron acerca del caso del Niño Cantor de Pemex, es decir, el licenciado
Emilio Lozoya Austin, el señorpresidente se curó en salud:
“No quiero que se vaya a pensar que es una
venganza, no es mi fuerte la venganza; por eso, consulta a los ciudadanos. Y ya
conocen mi postura, si se llegara a la consulta, yo votaría en contra de que se
les juzgue, pero al mismo tiempo respetaría la decisión mayoritaria de la
gente”.
Y es que, casualmente, a la referencia que
hizo desde el púlpito de Palacio, respecto de esa necesidad, él así la
considera, de que se conociera todo, pero absolutamente todo lo dicho, revelado
por Lozoya Austin, apareció una cuenta de YouTube que fue creada el domingo
último, supuestamente por Juan Jesús Lozoya Austin –quien negó ser el autor—en
la que aparecieron personajes de vinculación panista, otra casualidad,
recibiendo paquetes de billetes de 500 y 200 pesos, hágame usted el favor, ni
siquiera dólares como lo delató el joven Emilio.
Ahí aparecen, no en oficinas del Senado
como se pretendió dar por sentado, Guillermo Gutiérrez Badillo Opengo y Rafael
Jesús Caraveo, ex secretario técnico del Senado, encargado de contar y meter el
dinero en una maleta negra.
¿No es venganza? Bueno, pero parece
venganza porque el raspón fue para el Partido Acción Nacional, tanto que el
gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se sintió aludido y despidió a
Gutiérrez Badillo Opengo, quien se desempeñaba como su secretario particular.
Dicen que el que con leche se quema hasta al jocoque le sopla y Pancho
Domínguez fue, como dijo el inquilino de Los Pinos, el mejor ejemplo soplador.
El punto es que, cuando tiene plumas de
pato, pico de pato y patas de pato ¡es un pato! Y precisamente el licenciado
López Obrador ha cometido un error --¿a modo?—que dará al traste a su
importantísimo y fundamental ejemplo del combate a la corrupción y la
aplicación de la ley a personajes del pasado mediato. Aunque no tocará a los ex
presidentes. Veamos.
“Y también en este caso es importante ya
que se conozca cuál es mi opinión o dejarla más clara sobre el asunto del señor
Lozoya. Yo sostengo tres cosas, con todo respeto a la fiscalía y al Poder
Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar.
“Le tengo confianza al fiscal general, le
tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero quiero, sin
entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la
división de poderes, creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la
verdad.
“Sí, hay que guardar los requisitos del
debido proceso, pero considero que se trata de un asunto de interés público
nacional, entonces se debe de conocer toda la denuncia del señor Lozoya, todos
los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya.
“No sé cuál sería el procedimiento a seguir
para que la fiscalía o la instancia correspondiente del Poder Judicial
informara sobre esta denuncia, desde luego con todos los implicados, con todo
el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos, que se pueda ver en redes
sociales, en la televisión convencional el video que se asegura entregó el
señor Lozoya a la fiscalía. Conocer todo, primero, porque esto es sano, esto
ayuda a purificar la vida pública. Nada de ocultar la verdad, transparencia
completa, que es una regla de oro (…).
“Y también, para que no queden dudas, que
no haya ambigüedades, en el caso de que la gente decida que se les juzgue, ellos
tienen el derecho a la defensa en lo legal, no es juicio sumario”.
Bien por la homilía. Pero cuando arranque
el proceso, si es que ello ocurre, y se pretende llevar a juicio a los ex
presidentes y machuchones –Andrés Manuel dixit--, cualquier estudiante de
primer semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM le gana el juicio a los
expertos de la 4T.
¿Por qué? Porque el licenciado López
Obrador violentó precisamente el debido proceso. ¿Alguien le creerá que fue
casualidad la aparición del video de marras, supuestamente aportado por Lozoya
Austin?
Y, por la otra vertiente, sólo hay que
darle una repasada a la Ley Federal de Consulta Popular, cuyo decreto fue
emitido el 13 de marzo de 2014 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Es un engaño, demagogia pura del emepé de
Palacio Nacional que, o no conoce el texto de dicha Ley o procede con dolo y
pretende endosar al ciudadano la decisión de llevar a juicio a los ex
presidentes. ¡Vaya pueril proceder del inquilino de Palacio! Lo tarjetean
pésimamente. Que haga diez planas de “El autor de los Sentimientos de la Nación
es don José María Morelos y Pavón”. Digo.
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