• La encuesta: pan y circo…
• ¿Negociar la ley y la justicia?
SI LA JUSTICIA Y LA LEY NO
SE NEGOCIAN, es indiscutible que tampoco se pone a consulta ni a votación, ni
mucho menos se recaban firmas para aplicarla cuando de verdad se quiere o se
tiene un compromiso con el llamado Estado de Derecho. En consecuencia, la realización
de una consulta, sugerida por el Presidente de la República para enjuiciar a
los últimos expresidentes, es indudable que persigue otros fines.
Hay que decirlo con todas
sus letras. Si el Presidente de la República quisiera aplicar la ley, y si estuviera
comprometido con la justicia, no tiene más que actuar en consecuencia, pues al
tomar protesta del cargo juró “cumplir y hacer cumplir la Constitución General,
así como las leyes que de ella emanen”.
Y es que la ley, como la
Constitución, son muy claras en cuanto a las facultades y responsabilidades que
tiene el Presidente, de tal forma que el grotesco show que se tiene tras su
sugerencia de la consulta para enjuiciar a los últimos expresidentes, no es más
que un burdo montaje.
Puntualicemos. El Presidente
López Obrador tiene todas las facultades para llevar a juicio a los
expresidentes, a quienes por cierto acusa de actos de corrupción. No obstante,
serán los jueces y magistrados los que determinen si son culpables los
acusados. La sola denuncia del Presidente, del Fiscal General, de cualquier
otro servidor público o ciudadano, sería más que suficiente, para enjuiciar a
sus antecesores.
Sin embargo, hay que
puntualizarlo, la sola denuncia, la sola acusación o el sólo señalamiento,
aunque sea del propio mandatario federal, no son suficientes, ni siquiera en
México, para sentenciar a nadie. Y es que hasta ahora, incluso con la
concentración del poder que tiene, quienes decides las sentencias aún no están
en sus manos.
Es cierto, como ocurre con
los acusados, quizá podrían ir a la cárcel, para el escarnio público, pero
faltarían las pruebas necesarias para que los acusados pagaran una condena.
Éste pues parece ser el
motivo por el cual el Presidente de la República no denuncia penalmente a sus
antecesores de manera directa, a los cuales incluso los señala por los males
que tiene su gobierno. Quizá por eso es que sugiere una consulta ciudadana para
llevar a los expresidentes a juicio, utilizando a los dirigentes de su partido
para recabar el número de firmas que establece la ley para que sea legal, y si
fracasa ésta, deslindarse sin ningún problema.
Una vez más. Si López
Obrador quisiera llevar a juicio a los expresidentes, incluso él mismo pondría
la denuncia. En consecuencia, el levantamiento de firmas para pedir la
consulta, que realizaría el INE, no es más que un burdo show con otros fines.
En efecto, el país sufre
hoy la pandemia del coronavirus que lleva más de 60 mil muertos y más de medio
millón de mexicanos infectados. Aunado a ello, a la crisis sanitaria, los
mexicanos viven una de las peores crisis económica, a la que se suma el
incremento de muertos por la inseguridad que se vive, con el pronóstico de que
el año próximo será peor.
Así las cosas, el
levantamiento de firmas para pedir la consulta con el fin de llevar a juicio a
los expresidentes de la República, por el delito de corrupción, no tiene más
que desviar la atención ante los graves problemas que tiene el gobierno de
López Obrador, pues incluso las acciones para el combate a la corrupción resultó
un fracaso, al evidenciarse que uno de sus hermanos es partícipe de ella, y con
la cual se benefició Morena en el 2015.
Hay que decirlo también. A
casi dos años del gobierno federal, el mismo que ofreció acabar con la
corrupción, con la delincuencia al convertir a los narcos en hombres de bien,
de que se tendría un sistema de salud como el de Suecia, y de que el país
crecería hasta 6 por ciento de manera anual, los problemas se han acentuado,
tanto que en vez de crecer, se calcula un decrecimiento de la economía de más
del 10 por ciento, además de que 12 millones de mexicanos en tan solo este año
entraron a la pobreza.
Así las cosas, la
obtención de firmas para solicitar una consulta con el fin de enjuiciar a los
sucesores del Presidente López Obrador, no es más que “una jalada”, con el fin
de mantener viva la llama de la venganza y el rencor contra los que antes
gobernaron, a quienes les achacan todos los males del país y ningún beneficio.
Y es que, además, el Presidente y su partido tienen la necesidad de que los
mexicanos sigan votando mayoritariamente por sus candidatos en el 2021.
Y es que al Presidente le
conviene. Y es que está en juego su llamada cuarta transformación que hasta
ahora pretende imponerla a través de decretos.
Sí. El Presidente, si
quisiera, bien podría llevar al banquillo de los acusados a los que lo
antecedieron. Pero sabe también que algún día dejará de serlo, y en su momento
también podría estar ahí. La encuesta pues, es puro show. Las circunstancias lo
requieren, y al pueblo hay que darle pan y circo.
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