Los
gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51
millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera.
Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación.
Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época
de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las
empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La
minería está viviendo una época de florecimiento”, considera diputado de Acción
Nacional
Sonora,
Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde
más proyectos se han concedido a la industria minera. Son ya más de 26 mil los
permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales
preciosos y minerales desde que el panismo ascendió al poder.
Los
padrones de Expedición de títulos de concesión minera –durante el periodo
2000-2009, año hasta el cual están actualizados los documentos de la Secretaría
de Economía– revelan que a esa fecha habían sido concedidas en el país 51
millones 994 mil 312.7 hectáreas, a través de 24 mil 531 concesiones. Los
títulos se incrementaron a 26 mil 43 los últimos dos años de la administración
de Felipe Calderón Hinojosa, según indican dos informes más, elaborados por la
misma dependencia federal.
El
informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010,
realizado por la Secretaría que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, revela
que las empresas más beneficiadas ese año fueron: la australiana Azure
Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden
Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration, Inc, con 16; Pediment Gold Corp,
14; y Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/
La
Secretaría encargada de llevar a cabo las políticas económicas del país
informa, a través de su documento Estadísticas sobre exploración minera, octubre
de 2011, que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México”.
Francisco
López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera
en México– considera que las concesiones
entregadas a las trasnacionales son “una pérdida de soberanía, porque el
otorgamiento de concesiones implica que el Estado ya no puede entrar a esos
lugares”.
Además,
el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional
Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana, respectivamente, critica el
tiempo que duran las concesiones, de hasta 50 años se puede renovar y llegar
hasta los 100. “Sospecho que esto se hace, también, para especular en el
mercado, donde los que salen ganando son los inversionistas extranjeros. El
negocio no sólo es explotar la mina, sino tener la concesión para controlar el
precio del mineral a nivel mundial”.
Las
cifras
Los
padrones de la Dirección General de Minas indican que durante la administración
de Vicente Fox Quesada fueron concedidas 30 millones 57 mil 417 hectáreas, a
través de 17 mil 629 títulos. Los kárdex del foxismo revelan que 2005 fue el
año más beneficioso para la industria. En ese periodo fiscal fueron palomeados
2 mil 896 títulos que implicaron la concesión de 6 millones 632 mil 537.18 hectáreas.
Antes
de concluir el quinto año de la administración calderonista, los permisos
concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el otorgamiento de 21 millones 936
mil 895.7 hectáreas, que representan el 72 por ciento de lo otorgado un sexenio
anterior. Los informes correspondientes a los ciclos 2010 y 2011 no detallan el
número de hectáreas autorizadas en esos años.
Las
cifras oficiales indican que 2006 fue el año en que más concesiones se han
otorgado –en 11 años de panismo–, al sumar 8 millones 377 mil 896.77 hectáreas.
En este periodo se concedieron 2 mil 423 títulos. Al iniciar la actual
administración, Sonora fue la entidad que más licencias registró con 2 millones
226 mil 784.62 de hectáreas y 592 títulos.
Luis
Enrique Mercado Sánchez –integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de
Diputados por el Partido Acción Nacional– niega que haya tal beneficio a las
trasnacionales: “Son extranjeros pero el recurso del suelo, salarios y lo que
pagan ellos por la concesión minera es de los mexicanos. La minería está
viviendo una época de florecimiento por los nuevos descubrimientos y, porque
los precios de los metales han subido
extraordinariamente. Vemos un proyecto mexicano muy boyante”.
Trasnacionales
en México
Los
dos últimos informes elaborados por la Dirección General de Minas de la
Secretaría de Economía revelan que las empresas de origen canadiense son las
que acaparan las concesiones para la exploración, explotación y producción en
las minas mexicanas.
El
25 de abril de 2010, Contralínea documentó que tan sólo en ese año se
encontraban en México 187 compañías de origen canadiense en la búsqueda de oro
y plata (este último metal precioso ha colocado al país en el segundo lugar de
la producción mundial). Secundaban las firmas estadunidenses en la búsqueda de
la riqueza minera; seguidos por Australia, Reino Unido, India, Japón, Corea,
Luxemburgo, Perú y Chile.
En
2011, la Secretaría de Economía indicó que “existen 293 empresas con capital
extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 808
proyectos en total” (esto, durante el periodo fiscal 2011).
Del
total de empresas con capital extranjero que operan en el país, 213 tienen sus
oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados Unidos; ocho, en la República
Popular China; cinco, en Australia; cuatro, en Inglaterra; al igual que en
Japón y Corea del Sur; y dos, en India y Perú. Y una en Luxemburgo, Chile,
Italia, Bélgica, España y Holanda, respectivamente, indican las Estadísticas
sobre exploración minera, octubre de 2011.
El mismo informe descubre que aproximadamente
506 proyectos están asociados con oro y plata, es decir, el 63 por ciento; 141
son polimetálicos, 17 por ciento; el cobre con 98 proyectos, 12 por ciento; el
hierro alcanza 39 planes, con el 5 por ciento; y los 24 restantes con otros
metales y materiales, como el germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto,
estaño, platino, galio, litio-potasio, paladio, antimonio, níquel, vanadio,
wolframio (tungsteno), mercurio, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos,
wollastonita y roca fosfórica, lo que representa el 3 por ciento; sin embargo,
en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o
asociados con los minerales metálicos.
Mario
Di Costanzo Armenta –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
por el Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados– opina que el
“acaparamiento de las concesiones mineras en manos de trasnacionales es una
absoluta pérdida de soberanía. Además, de que no cumplen con las condiciones
mínimas para que sus mineros desempeñen sus trabajos”.
En
contraste, el diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante de la
Comisión de Economía, dice que no hay que “satanizar” a las trasnacionales que
han obtenido concesiones.
“No
hay que decir que son un demonio las empresas extranjeras; lo que debemos tener
es un esquema de regulación que permita que empresas extranjeras o mexicanas
cumplan con todos los requisitos.
“Tenemos
que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se puedan manejar las
empresas, no se trata de hacernos víctimas porque son extranjeros. Lo que
debemos hacer como diputados es modificar la ley que permite esto. Si cualquier
empresa, mexicana o extranjera, se aprovecha de los empleados, no paga los
suficientes impuestos, hace un uso mayor del que puede hacer de la mina a la
que tiene derecho, el gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello,
pero no por su nacionalidad sino porque cumplan o no las leyes mexicanas.”
La
Auditoría Superior y la Constitución
En
el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública
2008, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones en el
otorgamiento de las concesiones; 24 de 48 solicitudes hechas por las empresas
para obtener los permisos (de 108 expedientes muestra) “carecen de las actas
constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y
[que] tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
El
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica
que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades
mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus
accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El
Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan
ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de
dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo
que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de
perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud
del mismo.”
López Bárcenas, coautor del libro El mineral o
la vida. La legislación minera en México, expone que la minería es la cuarta
fuente de entrada de divisas al país, superada por el petróleo, la industria
automotriz y el sector turístico.
La
industria se ha vuelto importante por los recursos que genera, pero los
campesinos son los que están rentando sus tierras muy baratas; son mano de obra
barata y padecen un fuerte impacto ambiental en sus comunidades. “Es un saqueo
total de los recursos no renovables. Los estamos, prácticamente, entregando. No
le va a quedar nada al país”.
El
maestro en derecho y desarrollo rural agrega que “el abandono de este sector
por parte del Estado mexicano tiene que ver con la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, así como con los intereses de una burguesía
trasnacional. Se debe recuperar el espíritu del artículo 27 de la Constitución
que dice, en síntesis, que los bienes y su explotación son de la nación y su
desarrollo, que se debe dar el reparto equitativo de los recursos entre los
mexicanos y cuidar que no se agote”.
Violaciones a los DH
Coahuila,
la segunda entidad con más concesiones autorizadas en todo el país, al llegar a
6 millones 213 mil 305.67 hectáreas, a través de 2 mil 183 títulos, también es
donde más violaciones a los derechos humanos se registran en la industria
minera.
El
Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona
carbonífera del estado de Coahuila, elaborado por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, evidencia que “las condiciones en las que se realizan los
trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para
asegurar un trabajo digno”.
Documenta
que “conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos
instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que
no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para
efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado
no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que
contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, personal e
incluso, a la vida”
Destaca
que Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo
parcial permanente en todo el país. En 2008, obtuvo el primer lugar en
incapacidades permanentes por accidente de trabajo, que dañaron a 797
trabajadores; también ocupó el primer lugar por incapacidades permanentes por
enfermedades de trabajo, que afectaron a 705; y el primer lugar en enfermedades
de trabajo, que perjudicó a 723 mineros, de los 3 mil 681 del registro nacional.
Para
la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la coordinadora
general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Al
cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Coahuila: mineros en
calidad de servidumbre
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma la información contenida en el
V Informe Pasta de Conchos. Dime desde allá abajo, elaborado por la
organización Familia Pasta de Conchos, sobre la situación de la minería de
carbón en Coahuila. Destaca las condiciones laborales en estos centros de
trabajo: la mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e
higiene; los pozos no cuentan con una salida de emergencia; no se han
constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los
trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad
mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera; tienen que
utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los
proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo
los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; en lugar de poner
cuatro ademes (soportes), se ponen dos y no se emparrillan los techos de los
túneles; y el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y
altamente peligroso
