El Instituto Mexicano para
la Competitividad otorgó la deshonrosa calificación de cero por ciento en
transparencia al Congreso del Estado que preside la priista Flor Añorve Ocampo,
y lo pone como ejemplo nacional en malas prácticas.
Y es que el Congreso de
Guerrero ejerce a sus anchas más de 428.9 millones de pesos sin rendir cuentas
a los ciudadanos que se supone son representados por los diputados, que les
cuestan 9.3 millones cada uno al año, mientras en otros estados como Puebla,
por ejemplo, cada legislador cuesta apenas una tercera parte de esa cantidad.
De acuerdo al Informe
Legislativo del IMCO, tan sólo en unos meses, desde que inició la actual
Legislatura guerrerense hasta diciembre del año pasado, se gastó un 25 por
ciento más del presupuesto autorizado.
Pero además, en su página
de Internet no publica su información financiera contable, ni administrativa,
ni presupuestaria, y si lo hace pone cifras generales, sin ninguna
especificación, como es el caso de los gastos en subsidios y subvenciones, por
los cuales es puesto por el IMCO como el primer ejemplo nacional en malas
prácticas.
Pero lejos de preocuparse
porque el Poder Legislativo cumpla con esa mínima obligación de transparentar
su gasto ante sus jefes, los ciudadanos, la presidenta de la Comisión de
Gobierno, Flor Añorve, está más entretenida en el show legislativo, como ese
que con sus compañeras de bancada protagonizó al salirse de una sesión nada más
porque no les gustó que la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros,
criticara al presidente de la República.
Ese acto fue una clara
muestra de poca seriedad y mucha intolerancia. Abandonar el recinto legislativo
en lugar de debatir las ideas en la tribuna como corresponde a representantes
populares que entienden la política como el debate público permanente, y el
pleno legislativo como el órgano deliberativo por excelencia, exhibe sin lugar
a dudas una total falta de oficio político.
Una sola diputada sacó del
recinto a una mayoría priísta, con sólo una intervención. Para reír o llorar.
Esa es la calidad de la fracción que tiene mayoría legislativa en Guerrero.
Con esa actitud, ¿cómo
esperamos que se tome en serio el asunto de la transparencia y la redición de
cuentas en el que el Congreso debe ser ejemplo para la administración pública a
la que fiscaliza, y en el cual es exhibido públicamente a nivel nacional por el
IMCO como el menos transparente del país?
Entre las facultades que
enumera su Ley Orgánica está la de supervisar las cuentas públicas del gobierno
estatal y los 81 ayuntamientos, e incluso la de llamar a comparecer a los
alcaldes y a los funcionarios de gobierno para que informen la situación de sus
administraciones.
¿Con qué calidad moral el
Congreso del Estado de Guerrero llama a cuentas a los alcaldes o al propio
gobernador si es una institución calificada con cero en transparencia? ¿Cómo le
creemos cuando nos dice que las cuentas públicas están bien o están mal, si la
falta de seriedad de la presidenta de la Comisión de Gobierno y el manejo
discrecional de los recursos públicos que ejerce, han quedado en evidencia?
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