* Permitirán un uso racional de la prisión preventiva
Chilpancingo, Gro., 2 de marzo de 2017.- A partir de junio de 2016 el sistema de justicia penal opera en todo el país, lo que permite proteger a las víctimas, respetar los derechos de los imputados, y evitar el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar.
En conferencia de prensa, los encargados del proceso de consolidación del Sistema de Justicia Penal en Guerrero, expusieron que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un catálogo de medidas cautelares que pueden ser impuestas por los juzgadores, con pleno respeto de los derechos humanos y procesales de víctimas e imputados.
Asistieron el secretario Ejecutivo de la Comisión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Guerrero, Luis Camacho Mancilla y los representantes del Tribunal Superior de Justicia, Adrián Vega Cornejo; de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Laura Romero Fernández y de la Fiscalía General del Estado. Vladimir Mojica Peña y el Vocero del SJP, Pablo Martín Obregón.
Las medidas cautelares son, entre otras, la exhibición de una garantía económica, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, prohibición para salir del país o de su localidad.
Las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS), cuentan con especialistas encargados de realizar un perfil de la persona imputada, atendiendo a la información de su entorno socioeconómico, antecedentes procesales y comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el proceso.
Esta información se proporciona al Ministerio Público y la Defensa, quienes expondrán ante el Juez de Control, la necesidad o no de imponer una medida cautelar.
Una vez que el Juez ha escuchado los argumentos de cada parte, decidirá si impone o no una medida y, en caso de que decida hacerlo, la UMECA dará seguimiento y supervisará su debido cumplimiento.
En la medida en que las UMECAS generen información y den seguimiento sobre el riesgo de un imputado, será posible que, quien legítimamente merezca prisión preventiva, sea privado de su libertad, mientras continua el procedimiento penal, o bien, que quede en libertad, siempre sujeto a medidas cautelares eficientes y vigiladas.
La correcta aplicación de las medidas cautelares brinda certeza jurídica, privilegia la presunción de inocencia y la seguridad ciudadana, reduce el uso de la prisión preventiva y en consecuencia, la disminución de costos procesales.
Evita la criminalización de las personas sujetas a un proceso penal, otorgándoles el derecho de gozar de su libertad mientras se determina su culpabilidad o inocencia mediante un mecanismo que facultan a la autoridad a determinar que dicha persona no representa un riesgo para la víctima y la sociedad.
